Roma Lives Matter

Hace pocos días, el expolicía norteamericano Dereck Chauvin fue sentenciado a 22 años de prisión por el crimen de George Floyd, el ciudadano negro que murió asfixiado tras permanecer varios minutos con su cuello aprisionado por la rodilla de Chauvin mientras era detenido. 

La grabación del crimen de Floyd, que pedía desesperadamente ayuda ante la impasible crueldad de su verdugo,  permitió no solo que se supiera el abominable homicidio cometido por un servidor público, sino que también puso de relieve, una vez más, la existencia de un racismo estructural en el sistema norteamericano, que permanece prácticamente inalterado a pesar de la reacción de buena parte de la sociedad estadounidense, que promovió un movimiento (el famoso “Black Lives Matter”) que ha tenido una gran influencia en el reciente devenir social y político de los Estados Unidos. 

El pasado 19 de junio, al joven romaní Stanislav Tomas le quitaron la vida tras ser detenido por la policía en la localidad de Teplice, en la República Checa. Al igual que sucediera con el caso de George Floyd, una grabación obtenida por un testigo nos muestra a la víctima siendo sometida en el suelo, mientras al menos un funcionario policial se encuentra encima de él apretándole con su rodilla. 

La reacción de las autoridades locales, de las instituciones europeas y de la sociedad en general, al contrario de lo sucedido al otro lado del Atlántico ha sido fría y distante. Resulta sumamente preocupante que este hecho, que apenas ha sido investigado por las autoridades del país, haya pasado prácticamente desapercibido para todo el mundo, y que hasta ahora solo el Consejo de Europa haya solicitado formalmente una investigación independiente de los hechos.

En todas las sociedades democráticas es indispensable que se ejerza un control exhaustivo acerca del funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Los funcionarios policiales están obligados a llevar a cabo su labor utilizando sus medios de una manera proporcionada, y siempre preservando los derechos de las personas que están destinadas a proteger. 

No es de recibo que, en nuestra Europa, la Europa de los derechos y las libertades, se acumulen los casos de “muertes en extrañas circunstancias”, o se cierren a gran velocidad las investigaciones de casos como el de Stanislav Tomas, apelando a “causas naturales” que, casualidad o no, vienen precedidas de una acción policial negligente, y totalmente desproporcionada. 

No es baladí hacer mención a la pertenencia étnica de Stanislav Tomas. Cerca de 12 millones de gitanos y gitanas vivimos en Europa, de ellos alrededor de 300.000 residen en la República Checa. En ese sentido es justo recordar que, recientemente, este país miembro de la Unión Europea, ha asumido su responsabilidad en la esterilización masiva llevada a cabo sobre miles de mujeres gitanas entre 1966 y 2012. 

Resulta espeluznante comprobar hasta dónde puede llegar el terror provocado por la fortaleza de un Estado, que llevó a cabo estas intolerables prácticas hasta bien entrado el siglo XXI por motivos étnicos. 

Por otro lado, llama poderosamente la atención que en nuestra sociedad, que aplaude cuando deportistas de élite se ponen de rodillas contra el racismo como acto simbólico, el silencio más atronador haya sido la respuesta dominante ante este gravísimo hecho. Lo que deja claro, sin lugar a dudas, que para nueva parte de nuestro entorno las vidas de los gitanos y las gitanas son menos importantes, o merecen menos atención.

No en vano, entre 2013 y 2021, diferentes organizaciones no gubernamentales denuncian que se han producido en Europa 18 incidentes violentos graves protagonizados por fuerzas de seguridad, algunos de ellos con resultados de muerte, en los que las víctimas eran romaníes. 

El Pueblo Gitano lleva siglos sufriendo la asfixia que provoca la rodilla del antigitanismo sobre nosotros. La discriminación que sufrimos se traduce en una menor esperanza de vida, una mayor tasa de desempleo, de fracaso escolar, de más dificultades para acceder a una vivienda, de estar condenados a vivir en guetos, y por supuesto en mayores posibilidades de sufrir violencia racista.

A pesar de encontrarnos en un momento histórico en el que los derechos y las libertades de las minorías pueden defenderse con mayor ahínco, nuestra voz sigue estando lejos de los grandes altavoces institucionales, y miramos con anhelo la reacción de la sociedad norteamericana al crimen de George Floyd, y tenemos la esperanza de que entre todos y todas podremos sensibilizar mejor a la ciudadanía europea para que sea exigente con sus autoridades, y fuerce a las mismas a aclarar con la mayor celeridad y transparencia estos casos evidentes en los que la discriminación ha estado presente de manera trágica. 

En el espacio geopolítico de derechos y libertades en el que vivimos, representado por la Unión Europea, nuestra obligación ciudadana es alzar alto y claro la voz para que estos hechos sean investigados, y los culpables, si los hay, sean castigados ejemplarmente. Estoy plenamente convencida de que todos y todas merecemos una explicación más amplia y exhaustiva de lo sucedido a este joven, porque estando bajo custodia policial un ciudadano sigue teniendo derechos, y es cuando más protegido debería estar.

La misma Unión Europea, que surgió como respuesta al horror de los totalitarismos del siglo XX, tiene también mucho que decir a la hora de instar a sus Estados miembros a respetar la Carta Europea de Derechos Fundamentales. La defensa de los derechos de las minorías sociales debe ser un pilar fundamental de las políticas de derechos humanos que se llevan a cabo desde Bruselas. 

Desde nuestra posición, y tal y como se defiende con uñas y dientes desde los movimientos sociales romaníes, decimos alto y claro que las vidas de los gitanos y las gitanas también importan, y que no permitiremos que la intolerancia y la discriminación, desde sus múltiples caras y modos de expresión, nos sigan asfixiando.