Responsabilidad penal, irresponsabilidad política
Ante la grotesca fuga de Puigdemont a Bruselas y el impacto producido por las resoluciones judiciales que -en varias jurisdicciones- investigan por delitos tipificados claramente en el Código Penal a los miembros del que ha sido el Govern en la Generalitat, este penúltimo episodio de la crisis catalana ha marcado un rebrote virulento de un debate, agotador, que obliga al discernimiento entre responsabilidad política y responsabilidad penal.
A) Entendemos por responsabilidad política la obligación de responder de las propias decisiones entre las opciones disponibles a la vista de su efecto y sus consecuencias. En estos términos, todas las decisiones deben ser valoradas y enjuiciadas social y políticamente desde los parámetros de su oportunidad y de su acierto;
B) Entendemos, diferentemente, por responsabilidad penal la obligación personal (persona física o jurídica) de responder, con todas sus consecuencias, ante la jurisdicción penal de la comisión de actos tipificados como delito o falta por el Código Penal.
Cansa tener que reiterar que, por supuesto, toda solución perdurable a la crisis catalana habrá de ser política, no meramente penal; y es verdad. Pero decir toda la verdad implica añadir de inmediato que en el Estado de Derecho -y la democracia constitucional que hemos disfrutado en España los últimos 40 años sin duda alguna lo es- la responsabilidad penal no puede hacerse depender de una decisión política, ni puede ser desactivada ni absuelta por una decisión política. Ni tan siquiera el indulto (la "prerrogativa de gracia" de la que habla el art.62 CE) extingue la responsabilidad penal: se limita a condonar parcialmente el cumplimiento de la pena impuesta por una Justicia independiente y con todas las garantías, reconociéndola justa en cuanto que ajustada a Derecho.
Pretender que una decisión política pueda "detener" los procesos penales que se han activado para investigar y depurar los aparentes delitos perpetrados de manera dolosa y sostenida en el tiempo por los miembros del Govern que ha presidido Puigdemont -desobediencia a la Justicia, prevaricación, malversación, actos preparatorios para la sedición y para la rebelión (tentativa)- implica participar de la lógica de la difamación contra el Estado Constitucional de Derecho. Comporta pretender que en España haya "procesos políticos" y, aún peor, "presos políticos" cuya situación penal pueda ser desactivada con una decisión política.
Negar esta aberración deslegitimatoria del Estado constitucional en España -negando la consistencia de los derechos fundamentales y su tutela judicial con todas las garantías- al mismo tiempo que argüir que los problemas penales deben ceder el paso a "soluciones políticas" implica, se confiese o no, sostener la naturaleza "política" o el trasfondo "político" de la procedencia jurídica de los procedimientos judiciales en la actualidad abiertos contra los principales responsables de los quebrantamientos legales causados por tensión secesionista en Cataluña.
Frente a la post-veritat, la única verdad eficiente es que los procedimientos judiciales se sustentan en la responsabilidad penal derivada de la comisión de actos tipificados por la Ley: prevaricación, malversación y, sobre todo, desobediencia dolosa y sistemática frente a resoluciones judiciales (TC y tribunales ordinarios) que debían ser acatadas, y fueron desatendidas desde los poderes públicos con desprecio clamoroso, público y contumaz, de toda la legalidad vinculante y de la propia Constitución (art.9.1 y 118 CE).
Sentado esto, es evidente que aquí, además de la responsabilidad penal, el comportamiento insensato e irresponsable de quienes han provocado esta fractura sin precedentes en la sociedad catalana, diseminando e irradiando, sin reparar en costes, tanto perjuicio moral y "reputacional" a la sociedad española en la UE y en el mundo, merece la más contundente reprobación política. Por ello produce estupor la alucinante exhibición de irresponsabilidad derrochada por quienes tenían el deber moral y político de asumir enteramente y en primerísima persona su responsabilidad por cada uno de sus actos: la fuga de Puigdemont a la capital de Bélgica y de la Unión Europea, buscando el cobijo y aplauso de la extrema derecha flamenca y sus terminales en todas las extremas derechas. Los mismos nacionalismos xenófobos, racistas y supremacistas que se regocijan deseando la voladura de Europa, su implosión no controlada en una miríada de soberanismos irredentos y populismo reaccionario.
Asombra la absoluta incapacidad mostrada por Puigdemont para asumir su intransferible responsabilidad política. Por haber dividido a la ciudadanía catalana, por haber fracturado su convivencia pacífica. Por haberse ciscado su antes cosmopolita y abierta civilidad con total falta de respeto al pluralismo en Cataluña en todas las cohortes y estratos de su sociedad, desde la familia al centro de trabajo, público o privado. Por haber causado un perjuicio económico cuantificado (descenso del PIB, aumento del paro, fuga de las empresas que se podían permitir el cambio de domicilio social, con grave perjuicio comparativo sobre las pequeñas y medianas empresas que por su reducido o escaso tamaño y personal no se pueden permitir mudarse de Cataluña), y un perjuicio moral, este sí, incuantificable. La historia les hará responsables. Pero de ellos, en cambio, nadie puede esperar ninguna asunción personal de responsabilidad.
Cuando se les ve infatuados, encantados de conocerse, rodeados de micrófonos, cámaras y medios de comunicación circundando sus sonrisas autocomplacidas, es imposible dejar de preguntarse cómo es posible que eludan, con tanta ausencia de escrúpulos y sin ninguna inhibición moral, la responsabilidad exigible frente a cualquier Gobierno y frente a cualquier gobernante por las consecuencias de sus actos y por el daño que hayan hecho.