El día que prostitutas, migrantes y curas se unieron por una causa justa común

Carmen Paradinas nos recibe en su piso, en el norte de Madrid, con la carne en el horno, la cafetera puesta y una colección de cajas de cartón repartidas por el suelo de su salón. La vivienda, que espera dejar pronto para irse a vivir a un cohousing, se ha convertido desde hace meses en el “piso franco” de la iniciativa legislativa popular (ILP) por la regularización de migrantes en España. 

Por casa de la mujer, de 75 años, han pasado (o pasarán) las más de medio millón de firmas conseguidas, reunidas en unos 47.000 pliegos y recopiladas por más de 13.000 personas que en su momento se comprometieron a poner su granito de arena de forma voluntaria. De esa misma casa tendrán que salir también los centenares de miles de firmas el próximo 22 de diciembre hacia el Congreso de los Diputados. En formato físico, todas a la vez, con la logística que eso conlleva. 

Jorge Serrano, hijo de Carmen y otro de los ‘culpables’ de la hazaña, la acompaña esta mañana. En los dos años que dura ya el proceso, más de una vez Jorge se ha planteado tirar la toalla. Sobre todo al comienzo. Hoy, puede decir orgulloso que las movilizaciones para lograr 500.000 apoyos para la ILP –los mínimos para que el Congreso la tome en consideración– han dado sus frutos. 

Antes, Jorge Serrano tuvo que enfrentarse a los muros del Congreso, cuya Mesa se negaba a admitir el texto legislativo inicial de la ILP por considerar que tocaba materia legislativa orgánica, algo en lo que no pueden incurrir estos mecanismos. También tuvieron que consultar a “catedráticos y doctores”, y hasta a un ex miembro del Tribunal Constitucional, que fue quien finalmente les dio la clave. El ‘truco’ consistía en basarse en una disposición transitoria de la Ley de Extranjería que sacó adelante José María Aznar en el año 2000. Et voilà!

500.000 firmas para 500.000 personas

Así, el texto final de la ILP establece que “el Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021”. Regularizar significa que estas personas –unas 500.000, según los últimos cálculos– tendrán permiso de residencia y de trabajo, esto es: tendrán derechos y deberes sin estar abocadas a la clandestinidad, a la economía sumergida y, en muchos casos, a la explotación.

Fue el 22 de diciembre de 2021 cuando el Congreso, el Senado y la Junta Electoral Central dieron su visto bueno al texto. Y a partir de ahí empezaba lo ‘gordo’: conseguir en un plazo de nueve meses al menos medio millón de firmas (en formato físico) de personas mayores de 18 años con DNI español. “A puerta fría”.

La carrera por las firmas tampoco empezó bien: la variante ómicron se cruzó en su camino y no hubo manera de salir a las calles de pueblos y ciudades a pedir apoyo a la gente. Así que a los impulsores les tocó buscar otro resquicio en la normativa, que finalmente les permitió conseguir una prórroga de tres meses por fuerza mayor.

El plazo para recoger firmas acaba, por tanto, el próximo 22 de diciembre, y ya no hay quien pare la velocidad “de Sputnik” con la que se van sumando los apoyos. El punto de inflexión, señala Jorge Serrano, se dio el 8 de marzo, con las manifestaciones por el Día de la Mujer, cuando las gráficas de la aplicación Wikizens –creada para la ocasión– muestran un impulso clave en las firmas.

Entre asociaciones LGTBI, ‘Hermanitas’ y prostitutas

La aplicación Wikizens permite ver también qué organizaciones e individuos han logrado las firmas para la regularización. Y el listado produce, cuando menos, sorpresa. En él conviven asociaciones como Regularización YA –creada en 2020 para promover la regularización de migrantes– y el Partido Por Un Mundo Más Justo –al que pertenece Jorge Serrano–, pero también Cáritas, el Sindicato de Vendedores Ambulantes, SOS Racismo, Acción Católica, la Parroquia Cristo da Victoria, Ex-Menas Madrid, La Villana de Vallekas, Avante LGBT+, Feministas Prospe, Soviet Getafe, la CNT, el Colectivo de Prostitutas de Sevilla, las Hermanitas de la Asunción o La Eroteca.

“¿Alguna vez has visto juntas a estas organizaciones?”, pregunta Jorge Serrano. “Cuando vas leyendo el listado, dices: ¿cómo carajo se han puesto de acuerdo?”. Para su madre, Carmen Paradinas, esa diversidad es precisamente “lo bonito de este movimiento”. “Es lo que más me gusta: hay gente muy dispar, muy dispar”, recalca la mujer. Paradinas considera que “la política española está totalmente polarizada”; en cambio, en este caso se trata de gente “muy distinta” que se ha puesto de acuerdo para decir: la regularización de migrantes “está bien”, “me da igual que en otras cosas pensemos muy distinto”.  

Por “justicia social”, no por caridad

Victoria Columba es coordinadora estatal de territorios y del Comité de Cataluña de Regularización YA. Atiende a El HuffPost por teléfono en medio de un traslado de cajas de firmas. Y reconoce que en la recta final de esta maratón se encuentra “supercansada”, pero “muy contenta” también.  

Cuando le preguntamos en qué momento decidió entrar en la vorágine de la campaña por las firmas, y en el activismo, Columba bromea: “Quiero recordar el día, creo que fue cuando nací”. Dice que ella forma parte del sector “punki” del movimiento por la regularización, ese que pide “justicia social” y no caridad, ese que huye del “discurso antirracista buenista moral” y lucha por un “antirracismo político”, ese que suele trabajar desde la precariedad y, a menudo, desde la exclusión.

“En la recogida hemos participado personas migrantes, con pocos recursos, jornaleros, manteros, trabajadoras sexuales y del hogar”, enumera Columba, apodada ‘la Canalla’. Son también estos colectivos los que más se han topado con el odio, la violencia y el racismo de personas a las que pedían su firma. “Vimos el racismo estructural bajado a la calle”, afirma Columba.

Cierto es que esta argentina prefiere quedarse con las redes tejidas, con la “gente linda” que la ILP ha puesto en su camino, pero también recuerda a esas personas que les decían: “Firmaría para que todos se fueran a su casa”. U otras que replicaban: “Yo no firmo nada”. “Cuando en realidad lo firman todo: hipotecas, recibos bancarios, por la defensa de su lengua… Pero por las personas migrantes no se mojan”, lamenta Columba. 

La activista también ha echado en falta una implicación más significativa por parte de los grupos políticos a la izquierda del PSOE, que en 2020 apoyaron una proposición no de ley por la regularización de migrantes que no salió adelante por la negativa del resto de grupos. Partidos como Esquerra, Más País o Compromís han apoyado la ILP, han cedido sus espacios, sus líderes han prestado su firma y su imagen, pero Columba recalca: si hubieran involucrado realmente a sus afiliados “habríamos superado las 500.000 firmas en los tres primeros meses”. “La migración no es una prioridad para los partidos políticos”, defiende Columba.

Enfrente, el discurso de odio racista antimigrantes

El éxito ha venido entonces del “compromiso de la gente”, del “esfuerzo sobrehumano de las organizaciones para tratar de juntar las firmas”, apunta Victoria Columba. Y no siempre es fácil pedir firmas para que los extranjeros tengan derechos siendo uno mismo una persona racializada. “Hay lugares hostiles como Murcia, Huelva, Sevilla, Extremadura, donde las compañeras han tenido que poner el cuerpo ante un discurso de odio muy orquestado y con una violencia extraordinaria sobre las personas racializadas”, admite la mujer. 

Sea como fuere, los partidos sí tendrán que mojarse cuando la ILP llegue a debatirse en el Congreso. De momento, los impulsores de la ILP tienen un buen termómetro. En lo que ha durado el proceso de recogida de firmas, 13 ayuntamientos de municipios españoles han aprobado mociones a favor de la ILP, entre ellos Barcelona, Lleida y Cádiz, tres capitales de provincia.

En Barcelona, el mayor municipio donde se aprobó esta moción, el texto salió adelante con la abstención de PP y PSOE. Si esta situación se reprodujera en el Congreso de los Diputados al debatir la ILP, la iniciativa saldría adelante, incluso aunque Vox y Ciudadanos votaran en contra. 

Cabe recordar que tanto PP como PSOE han llevado a cabo regularizaciones de extranjeros cuando han estado en el Gobierno nacional, la última con José Luis Rodríguez Zapatero, que precisamente se ha fotografiado firmando la actual ILP. ¿Qué cambia ahora? ¿Qué ha ocurrido para que el Gobierno ‘más progresista de la historia’ no haya promovido tal regularización, ni siquiera en el peor momento de la pandemia, cuando países como Italia y Portugal sí lo hicieron? Según Jorge Serrano, que “los de Vox han conseguido calar el miedo al migrante en un amplio sector social”. “Y el PSOE lo sabe”. 

Por derechos de las personas y por necesidad del país

Por eso, sostiene Serrano, a pesar de que el Gobierno ha sacado adelante una reciente reforma migratoria “con aportes muy positivos”, el texto de la norma centra sus argumentos en motivos “exclusivamente economicistas”. “No se nombra la palabra derechos ni la palabra inclusión; todo es ‘lo que necesita el país’, por un tema de pensiones, por el IRPF para disminuir el déficit fiscal y para cubrir determinados puestos laborales que no se consiguen cubrir”, abunda Serrano.

En su opinión, “el Gobierno socialista sabe que la regularización es imprescindible, que la necesita el país, pero tiene miedo a todo el discurso antiinmigración que se ha generado, que hace que lo tengan que explicar todo desde el punto de vista económico”, señala. 

Las organizaciones antirracistas tratan de dejar a un lado los argumentos económicos que respaldan la regularización, “pero es imposible no tocar ese tema”, aclara Victoria Columba. Un estudio de la Universidad Carlos III señala que cada trabajador regularizado aportaría a las arcas más de 3.250 euros al año. “Y hay que pensar también en la situación de vulnerabilidad de los menores y las menores”, añade Columba. Aunque cueste creerlo, una tercera parte de las personas que se encuentran en situación irregular en España son menores de edad.

“Toda la base del PP está apoyando la ILP”

Llegado el momento de votar la ILP en el Congreso, el PSOE tendrá (al menos) dos opciones: abstenerse como hizo en Barcelona o votar en contra y arriesgarse a hacerlo sólo con Vox. Jorge Serrano explica que “toda la base del PP está apoyando la ILP”. “La iglesia, las universidades liberales como la Pontificia de Comillas y la de Deusto donde han estudiado las élites del PP, la Conferencia Episcopal, todas las compañías religiosas: los marianistas, los salesianos, los maristas…”, enumera. “La base social entera del PP está apoyando la propuesta. ¿Y el PP va a votar en contra? Lo dudo mucho”, replica Serrano, que ve “un divorcio clarísimo entre la cúpula de los partidos y lo que opinan las bases sociales” de esos mismos partidos.  

Con todo, Jorge Serrano, de profesión ingeniero de Caminos, sabe que las estadísticas no les dan la razón. De las 107 iniciativas legislativas populares que se han presentado entre 1983 y 2019 en España, sólo 13 llegaron a la fase de consideración en el Congreso. De esas 13, diez fueron rechazadas por la Cámara, dos fueron incluidas en otras iniciativas y una fue aprobada por sí sola con otras modificaciones, según los datos que recoge la plataforma Civio.

Ahora, con las casi 600.000 firmas que tiene esta ILP –según la aplicación Wikizens–, va camino de ser una de las iniciativas populares más votadas en la historia del país. “No va a haber otra igual”, recalca Victoria Columba. Esta sería la primera regularización de extranjeros que se lleva a cabo gracias a una petición popular. 

Un mecanismo “decimonónico”, “de locos”, que “desmoraliza”

Los impulsores y voluntarios de la ILP describen el funcionamiento de este mecanismo de participación ciudadana como “decimonónico” por su complejidad y sus trabas. “Está hecho así para que la gente se desanime y no lo haga, para desmoralizar, para que digan ‘ni de coña’”, sostiene Jorge Serrano. Él ha perdido la cuenta de las veces que ha tenido que acudir al Congreso para presentar los textos legislativos, del tiempo que lleva sellar (físicamente) los pliegos y distribuirlos por todo el territorio nacional… “Y luego, que la gente te los devuelva, que los firmen los fedatarios y que los entregues”, dice. “Es de locos”.

Ahora mismo, se encuentran en el proceso de “perseguir” a los 13.000 voluntarios de toda España para que envíen sus pliegos para revisarlos, firmarlos y entregarlos. De momento sólo han podido validar la mitad de las más de 590.000 que contabilizan. “¿Sabes cuál es el peor enemigo de una ILP?” –pregunta Jorge Serrano–: “Las mudanzas”. Y entonces inserta la búsqueda “mudanza” en su WhatsApp y aparecen mensajes de decenas de voluntarios excusándose por haber traspapelado los pliegos de firmas en una mudanza. “La mayoría son gente joven”, los disculpa.

Los coordinadores están incluso estudiando el tiempo que necesitarán los 25 fedatarios para firmar los 30.000 pliegos que esperan entregar, y estiman que serán unas 20 horas, por persona, dándole al boli. “La logística es descomunal”, reconoce Serrano. Más cuentas: para el día 22, calculan que necesitarán “dos o tres furgonetas” para transportar todas las firmas. “Esa noche habrá que traer pizzas”, avanza Carmen. 

Para este mes, los organizadores ya tienen pensados dos eventos: una “traca final” en forma de maratón de recogida de firmas este sábado 10, en una treintena de ciudades de España; y la entrega oficial de firmas el 22, que casualmente coincide con el día de la Lotería de Navidad. “La mejor lotería es que den los papeles a estas personas, que les dejen trabajar”, dice Carmen. 

Y si todos los pliegos no llegan a tiempo, ¿qué? Jorge Serrano prefiere no ponerse en la tesitura: “Ahora estamos supercoordinados, diciendo a los 13.000 voluntarios: ‘Es ahora o nunca, consigue todas las firmas que puedas y mándalas’ –explica–; ILPs ha habido muchas, pero muy pocas han conseguido esto”. Su madre, además, tiene otro as en la manga: “Yo, que soy cristiana, rezo”.