Radiografía de los CIE: escándalos, arbitrariedad y la negativa de la Policía a investigar

“Uno viene con ilusiones, con ganas de comerse el mundo y de repente se ve en esta situación. Pues si nos van a llevar, que lo hagan rápido. Y que, mientras tanto, nos traten con dignidad y respeto”. Estas palabras las pronunció William, pero podría haberlas firmado casi cualquiera de las decenas de miles de personas que en los últimos años han estado encerradas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España. 

William es colombiano y en ese momento estaba en el CIE de Madrid; sus palabras ven la luz porque aparecen recogidas en el informe ′Territorio Hostil’, elaborado por Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) sobre la situación de los CIE en 2021. De lo contrario, se habrían perdido entre la maraña de sufrimientos que experimentan las personas que pasan por estos centros. Miedo, angustia, frustración, parálisis, humillación, racismo e incluso agresiones forman parte de los testimonios de los internos.  

Un sistema “injusto” e “inútil”

El mecanismo de los CIE suele resultar desconocido para la sociedad en general, o incluso puede verse como necesario por buena parte de la opinión pública. En cambio, las ONG que desde hace años estudian su funcionamiento, realizan visitas y denuncian sus condiciones están convencidas que esta estructura es “injusta” e “inútil”. “Las organizaciones de derechos humanos no tenemos un modelo de CIE; nosotros apostamos por su cierre”, defendía Josep Buades, coordinador de SJM y autor principal de ‘Territorio Hostil’, durante la presentación del informe en Madrid.

Actualmente en España hay nueve CIE –Barcelona, Algeciras, Tarifa, Murcia, Valencia, Las Palmas, Tenerife, Madrid y Fuerteventura–, a la espera de que termine de construirse el décimo y mayor de todo el país, frente a la cárcel de Botafuegos en Algeciras (Cádiz).

Con la pandemia, los centros se vaciaron por los cierres de fronteras; en 2021, la cifra de internos ascendió hasta los 1.841 –según datos de SJM–, muy por debajo de los 17.203 de 2009, pero lejos de ser algo anecdótico. Los datos que recoge SJM tomados de los presupuestos generales del Estado muestran que para 2022 se prevé una inversión de 13,6 millones de euros para la creación, reforma y ampliación de los CIE. La rueda sigue.

Qué son los CIE

Los centros de internamiento de extranjeros aparecieron por vez primera en la legislación española con la ley de Extranjería de 1985, y fueron regulados catorce años después por una orden ministerial, reformada más adelante con el decreto vigente de 2014. Este establece que los centros “no tienen carácter penitenciario y los extranjeros en ellos internados estarán privados únicamente del derecho deambulatorio”. El ingreso y estancia en los CIE “tendrá únicamente finalidad preventiva y cautelar, y estará orientado a garantizar la presencia del extranjero durante la sustanciación del expediente administrativo y la ejecución de la medida de expulsión, devolución o regreso”, señala la norma. 

Dicho de otra manera, los CIE no son cárceles pero se encierra a personas –extranjeras– para facilitar, a priori, su expulsión del país. Así lo define Erika, que visita voluntariamente el CIE de Algeciras, en el informe de SJM: “En teoría, es un lugar donde encierran a personas que pillan cruzando irregularmente la frontera o en la calle sin documentación –y alguna circunstancia agravante–, hasta que deciden si las sacan del país […]; en la práctica, son como cárceles en las que encierran a personas que no han hecho nada”. Allí pueden estar durante un periodo máximo de 60 días.

Decimos “a priori” y “en teoría” porque los datos muestran que los CIE no cumplen con la primera finalidad por la que fueron creados. En 2021, sólo el 23% de los migrantes expulsados de España pasaron por un CIE. Y tampoco la estancia en un CIE garantiza la expulsión del país. “La mayoría de la gente que es internada no es expulsada después”, explica Ana Bosch, abogada en Pueblos Unidos y coautora del informe. “Se está privando a la gente de libertad para nada, entre comillas, ejerciendo un sufrimiento inútil e injusto sobre ellos”, dice la abogada. Luego hay casos especialmente sangrantes de internos que “no deberían” estar ahí: “Algunos tienen hijos a cargo, tienen problemas de salud graves, tienen familiares españoles, son solicitantes de asilo”, enumera Bosch. 

Mientras dura la estancia, estas personas permanecen “entre cuatro paredes”, vigiladas por policías y sin hacer “prácticamente nada”. Si se agota el plazo de 60 días de encierro y no pueden ser expulsadas, “salen a la calle sin ningún tipo de derivación ni de recurso social, sin ningún tipo de orientación jurídica, administrativa ni nada, a su aire, desamparadas”, describe Bosch.  

El peso del “azar”

Buades lamenta que en el internamiento de estas personas muchas veces “el azar” juega un papel demasiado importante. “Hay algo injusto en el internamiento; solamente se interna a una pequeña fracción de las personas que han entrado ilegalmente al país y tienen una orden de devolución”, apunta el párroco. Y “cuando se introduce el azar, entra también la injusticia”, añade.

El autor del informe sostiene que “en los casos de devolución la ley está mal formulada y plantea al Estado un imposible”. “Para toda persona que entra ilegalmente, si no ha podido ser devuelta al país de origen en el plazo de 72 horas, la policía debe solicitar autorización judicial de internamiento. Pero no hay plazas para tantas personas con expedientes de devolución; así que, al final, se interna en los CIE a unos cuantos escogidos al azar, sobre todo cuando han desembarcado en las costas”, afirma Buades.

Buades explica que en el informe sobre los CIE que realizaron en 2017, observaron que “la inmensa mayoría de internos eran procedentes de países de África subsahariana y después eran puestos sistemáticamente en libertad”, porque, al haber viajado sin pasaporte, “no había manera de documentarlos” para su devolución a sus países.

“Cuando denunciamos el sufrimiento inútil que se imponía a personas que iban a ser puestas en libertad, y cómo se malgastaba el dinero del contribuyente, ese verano [de 2018] el Ministerio del Interior nos hizo caso, entre comillas. Coincidió con el aumento de entradas de marroquíes y argelinos, que sí son fácilmente identificables, entonces se tomó la decisión de no internar a subsaharianos y aumentar los CATE para su identificación y la inmediata derivación a centros de ayuda humanitaria, y en su lugar internar a magrebíes, porque había más probabilidades de ejecutar la devolución”, relata Buades.

Los miembros de SJM, por su parte, no pararon de denunciar estas irregularidades y, al año siguiente, publicaron un informe titulado ‘Discriminación de origen’, destapando que alrededor de un 68% de los internos eran marroquíes y argelinos. “Imagino que debió haber un toque por parte de los gobiernos de Argelia y de Marruecos, y desde ese momento la Policía no está por la labor de darnos los datos sobre nacionalidades para evitar esos problemas”, cuenta Buades.

Esto revela, por un lado, que los informes de SJM sobre los CIE tienen repercusiones y, por otro lado, que la Dirección General de Policía –de la que dependen los CIE– maniobra en su favor y se escuda en la diplomacia para ocultar datos que a las ONG les parecen fundamentales. 

Opacidad por los cuatro costados

Precisamente la falta de transparencia, en todos los sentidos, es uno de los aspectos principales que denuncia SJM en su último informe. La ONG critica las trabas para denunciar e investigar las agresiones que refieren los internos, la falta de coordinación entre administraciones para conocer su historial clínico, la falta de emisión y envío de partes de lesiones a la autoridad judicial correspondiente, los obstáculos que ponen los centros a las visitas de las organizaciones de la sociedad civil, la opacidad de la Dirección General de Policía al no remitir los datos migratorios solicitados. 

“Hay un problema de falta de calidad democrática cuando sistemáticamente un Ministerio incumple la ley de Transparencia”, lamenta Josep Buades. “En SJM siempre queremos tener un diálogo crítico y leal con el Gobierno. Si somos un actor ciudadano algo molesto y respetable, entonces vamos bien”, dice.

“Graves carencias” estructurales, según el Defensor del Pueblo

Hace apenas unos días, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, denunció en el Congreso las “graves carencias” estructurales y asistenciales que presentan los centros de internamiento de extranjeros. Gabilondo compareció el pasado 13 de septiembre para presentar el Informe Anual 2021 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). En él, el Defensor del Pueblo urge a crear un protocolo para tramitar quejas por maltrato a migrantes en estos centros. La Dirección General de la Policía, en cambio, no ha aceptado esta recomendación –no vinculante pero sí significativa–. 

La abogada Ana Bosch explica que la mayoría de las denuncias y quejas de los internos por lesiones quedan sin investigar: o no llegan a su destino –el juzgado de control–, o no se hace seguimiento de las mismas, o la persona es expulsada antes de tramitar la denuncia y prestar declaración, o ni siquiera se hace un parte médico de lesiones.

Por no hablar del “factor miedo” que influye en los propios internos a la hora de dar el paso. “Para empezar, tienen que pedir papel y boli a la Policía para poder redactar la denuncia”, señala. “El interno no tiene herramientas, no puede ir al juzgado de guardia, tiene controlado hasta el acceso a papel y boli”, recalca Bosch. “Están privados de libertad y bajo custodia de unas personas a quienes denuncian como sus presuntas agresoras. Y esto facilita que haya una impunidad total en los CIE”, zanja la abogada.

En su último informe, el Defensor del Pueblo recomendaba paralizar la expulsión de un denunciante cuyo testimonio “era imprescindible” para “una investigación efectiva” del caso. La Policía, de nuevo, rechazó esta recomendación.  

La salud, en entredicho

Por otro lado, el Mecanismo para la Prevención de la Tortura pide cosas tan básicas como que “se garantice el derecho a la intimidad de la persona extranjera” en la consulta médica en el CIE, “que se pueda cerrar la puerta de acceso al despacho médico, y que, salvo casos debidamente justificados, no esté presente personal policial durante la consulta”.

Las condiciones de salud de las personas internas preocupan no sólo al Defensor del Pueblo y a las ONG, sino también a la Organización Mundial de la Salud. El pasado mes de mayo, la OMS emitió un informe cuyo título dejaba del todo clara su postura: “La detención de inmigrantes es dañina para la salud; deberían utilizarse otras alternativas”.

El último episocio de Valencia... entre otros

Hace unos días, los internos del CIE de Zapadores en Valencia destaparon un escándalo relacionado con la alimentación en este centro. A principios de septiembre, los internos se declararon en huelga de hambre por la falta de agua para beber y por la comida en mal estado. Llevaban tiempo quejándose de que la comida era escasa y de mala calidad; dijeron ‘basta’ cuando encontraron gusanos en un plato. La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública envió una inspección de seguridad alimentaria al CIE tras la difusión de un vídeo en el que se denunciaba la presencia de gusanos en una ración de comida.

El diario Levante-EMV destaca que el CIE de Zapadores aún no cuenta con un protocolo antisuicidio. Han pasado tres años desde que Marouane Abouobaida, un joven de 23 años, se quitó allí la vida, después de denunciar que había sido agredido y tras pasar más de 40 minutos sin vigilancia en una celda de aislamiento.

Todavía a día de hoy, casos como las muertes de Samba Martine en el CIE de Aluche (Madrid, 2011) y de Idrissa Diallo y Aramis Manukyan en el CIE de Zona Franca (Barcelona, 2012 y 2013) tampochan sido esclarecidos.

El informe de Servicio Jesuita a Migrantes constata que la salud mental en los CIE es la gran olvidada. Aún ven casos de internos con depresión y otros problemas graves que, “sorprendentemente” y pese a ello, siguen siendo “sometidos a aislamiento” total, con la carga y el peligro que esto conlleva.

Josetxo Ordóñez, abogado en la Fundación Migra Studium de Barcelona y coautor del informe sobre los CIE, mantiene aún grabado el caso de una mujer marroquí que llevaba casi tres años en España. Llegó huyendo de un matrimonio forzado, solicitó asilo pero no se lo concedieron, y fue internada en un CIE. Desde el encierro contaba que, antes que volver a su país, prefería quitarse la vida. La mujer se autolesionó, cuenta Ordónez. “Lejos de atenderla, finalmente fue expulsada a Marruecos. No hubo parte de lesiones, no hubo valoración de especialistas. Hoy sigue en Marruecos tratando de buscar salida a un lugar seguro”, relata el abogado.

“Cada CIE es un reino de Taifa”

Lo que también preocupa a las organizaciones, y al propio Defensor del Pueblo, es la “desigualdad” entre centros, lo cual incide a su vez en la arbitrariedad del sistema. En palabras de Ana Bosch, la situación de los CIE es “cien por cien” distinta según la comunidad autónoma. “Aunque tenemos una normativa común, el reglamento da libertad al director de cada centro, un margen demasiado amplio a nuestro entender”, sostiene la abogada.

Para Josep Buades, “cada CIE es un reino de Taifa”, guiado, muchas veces, por el grado de sensibilidad y empatía de sus directores y de los jueces de control, o incluso por las propias características estructurales del centro. 

En función de “dónde caiga” un interno –afirma Bosch–, tendrá “más o menos posibilidades de defenderse mejor, de tener más garantías, de estar más protegido”. “Y esto nos preocupa”, reconoce. “Si comparamos los derechos de las personas en el centro de Madrid o en el de Barcelona, hay muchas diferencias, en cuestión de comunicación, de visitas, de acceso a móvil, de infraestructuras básicas del centro… No podemos jugar con arbitrariedades cuando estamos privando de libertad a una persona”, zanja la abogada.

Por su parte, Josep Buades está convencido de que las organizaciones como Servicio Jesuita a Migrantes seguirán cumpliendo su labor en los CIE. “Aunque seamos molestos, a la larga estamos ayudando a depurar un sistema que no hay que dar por sentado”, resume. “Nosotros estamos por el cierre de los CIE, pero sabemos que esto no va a ser inmediato. Así que todo el trabajo que hacemos de visitas, de sostén humano e incluso espiritual de los internos nos permite también ver quicios del sistema, cosas que se han dado por supuestas y no hay que darlas”.