Que nadie duerma en la calle es posible en Europa

Algunas administraciones en España y Europa, han aprobado regulaciones aporofóbicas durante estos últimos años. Hace tan solo unas semanas, el Ayuntamiento de Alicante aprobaba una ordenanza municipal para multar a las personas sin hogar por “dormir de día o de noche en las vías y los espacios públicos”, lo que me motivó a inquirir a la Comisión Europea sobre su acomodo con los valores de la UE. Nunca una situación de desamparo ha sido tratada de forma tan paradójica como la del sinhogarismo: su gestión por parte de ciertos poderes públicos sugiere que la vivienda es a la vez un privilegio y una obligación del ciudadano para con la sociedad.

Sin embargo, la vivienda está contemplada como derecho en el artículo 47 de nuestra Constitución; el derecho a la vivienda está consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, cuyo Artículo 34 reconoce y respeta el derecho a una ayuda “de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recurso suficientes”. A pesar de ello y del despliegue de iniciativas de la Unión en favor de los más necesitados, se calcula que más de 700.000 personas duermen en la calle en la UE, un 70% más que hace 10 años. Se calcula asimismo que en España más de 33.000 personas carecen de hogar, circunstancia que repercute en su acceso a prestaciones sanitarias, en su empleabilidad y recursos, y en su seguridad personal.

Las causas de la falta de vivienda incluyen problemas de salud, discapacidades, trastornos mentales, adicciones y violencia doméstica, combinados con dificultades económicas; una situación que se ve agravada por los flujos migratorios que resultan de los conflictos, o por la pandemia del COVID-19, que no ha hecho más que acentuar el riesgo de carecer de un hogar. Hablamos de cifras lo suficientemente altas para requerir su puesta en la agenda de forma inmediata, y lo suficientemente pequeñas para configurarlas como absolutamente asequibles de abordar a través de políticas públicas armonizadas y metodologías adecuadas que eviten la dispersión de recursos.

Hacer frente al sinhogarismo implica un cambio de paradigma. En primer lugar, requiere abordarlo como lo que es: un fenómeno que puede resolverse a partir de la mera gestión del problema de la falta de vivienda asequible; y, en segundo lugar, precisa hacerlo desde una perspectiva de derechos y de respeto a la dignidad y la autonomía de cada ciudadano para tomar sus propias decisiones.

El análisis de este fenómeno desde una óptica europea muestra que se trata de un problema solucionable, al menos en gran medida. Esta ha sido la línea emprendida por el gobierno finlandés desde mediados de los años 80, que le ha llevado a ser el único Estado miembro de la UE en el que las cifras de sinhogarismo han descendido notablemente en los últimos años.

El enfoque finlandés Housing First (Primero la Casa) se introdujo en 2007 como solución de alojamiento para las personas sin hogar más vulnerables. La vivienda permanente, basada en un contrato de alquiler normal, y los servicios de apoyo adaptados individualmente fueron los elementos centrales del enfoque; era necesario aumentar la oferta de viviendas de alquiler asequibles y reforzar las medidas preventivas. Los programas gubernamentales PAAVO (2008-2015) se dirigieron a las personas sin hogar de larga duración. Más adelante, el programa de política nacional AUNE (2016-2019) se centró en la prevención del sinhogarismo. El objetivo del actual programa gubernamental (2020-) es reducir a la mitad el número de personas sin hogar en los siguientes cuatro años y acabar con el sinhogarismo en los cuatro siguientes.

Los beneficios del programa son evidentes, y su progresiva implantación en algunas capitales europeas como Budapest, Lisboa, Copenhague o Ámsterdam concluye que el enfoque Housing First es la línea de actuación más eficaz en la lucha contra el sinhogarismo. Resultados igualmente prometedores se obtienen en la primera evaluación de la metodología Housing First en España realizada por HOGAR SÍ y Provivienda, que muestran esta solución también como más eficiente económicamente, tras considerar el gasto presupuestario que los organismos públicos que hoy destinan en recursos asistenciales diseminados, y los legales y administrativos para penalizar el sinhogarismo.

La configuración de la vivienda como un derecho humano requiere el compromiso activo (no coercitivo) de los poderes públicos para garantizar un apoyo flexible, amoldado a la persona, durante el tiempo que sea necesario. En esta línea se ha manifestado el Parlamento Europeo en su resolución de 24 de noviembre de 2020, en la que pidió a la UE y a sus Estados miembros que pusieran fin al fenómeno de las personas sin hogar para 2030, mediante la promoción de un marco comunitario de estrategias nacionales que despenalicen el sinhogarismo. Por otra parte, el Parlamento ha estado trabajando en propuestas llamadas a impulsar mercados de vivienda inclusiva, digna y asequible, como lo establece la resolución aprobada el 21 de enero de 2021. A finales del año pasado votábamos a favor de una nueva resolución legislativa sobre las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados Miembros que, además de incluir numerosas propuestas para garantizar una recuperación de empleo socialmente justa, hacía hincapié en la lucha contra la pobreza infantil y el sinhogarismo.

Debemos asumir el ambicioso objetivo de solucionar el fenómeno del sinhogarismo para 2030, desarrollando metodologías innovadoras que engloben la inclusión social, el acceso a derechos básicos y a dar visibilidad a las personas que lo sufren, pero también a dejar de tratar la vivienda básica como mercancía y dotarla con el digno rol de derecho humano que le corresponde.

Porque el valor de una sociedad se mide en cómo trata a sus más vulnerables.