Qué es lo que proponen los que se oponen al ingreso mínimo vital
El PP, Cs y Vox han criticado la implantación de una renta mínima y apuestan por un impuesto negativo sobre la renta o un complemento salarial.
Todo está preparado. Si nada se tuerce, el Gobierno dará luz verde este viernes, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, a la gran medida social de la legislatura: el ingreso mínimo vital (IMV). Una prestación dirigida a más de 850.000 hogares vulnerables en los que conviven alrededor de 2,3 millones de personas.
Esta ayuda económica -que también existe en otros países del entorno- no cuenta con el respaldo unánime de las fuerzas políticas españolas, ni de toda la sociedad, incluso algunos usuarios la calificaron de “paguita” en las redes sociales. El PP, Ciudadanos y Vox han mostrado sus reticencias, aunque estas formaciones han cambiado su posición recientemente para mostrarse más favorables a su aprobación tras la publicación de encuestas que muestran un importante apoyo por parte de la ciudadanía.
La derecha siempre ha arrastrado los pies a la hora de aprobar iniciativas de corte social. Hace apenas tres años, cuando gobernaba Mariano Rajoy, la Mesa del Congreso, controlada por PP y Cs, maniobraron para retrasar todo lo posible el debate sobre una iniciativa legislativa popular para implementar una renta mínima, similar al IMV, presentada por los sindicatos CCOO y UGT.
La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus puso de manifiesto la necesidad de esta iniciativa por las imágenes de las colas de personas para pedir alimentos. Incluso el exministro de Economía Luis de Guindos, actual vicepresidente del BCE, había defendido una renta mínima de carácter temporal, pero el partido que lidera Pablo Casado no dudó en cuestionar la necesidad de un ingreso mínimo vital.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considerada como cercana a Casado, llegó a afirmar que el IMV serviría para cronificar el desempleo. Otros barones populares como Juanma Moreno o Alberto Núñez Feijóo sí se han manifestado a favor, siempre que se haga en coordinación con las autonomías.
Al igual que la presidenta madrileña, representantes de Ciudadanos y Vox tampoco han estado muy acertados al hablar del ingreso mínimo vital en los últimos meses. El exdiputado de la formación liberal Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola, lo calificó “un sueldo Nescafé para toda la vida”. El eurodiputado y portavoz de acción política de la formación ultraderechista, Jorge Buxadé, aseguró que era una “auténtica broma”.
Los líderes de ambos partidos tampoco dudaron en criticar el IMV. ”¿Cómo vas a aprobar una medida de tanto calado sin haberla explicado a nadie, con graves discrepancias dentro del Gobierno y sin haber hablado con los agentes sociales?”, afirmó Inés Arrimadas. Por su parte, Santiago Abascal, afirmó que Podemos quería llevar a España al “paraíso comunista”.
Unas críticas que parecen haber olvidado en la última semana, cuando estos partidos se han mostrado más dispuestos a dar luz verde a esta medida ante la emergencia social que vive el país.
A pesar de que finalmente puedan votar a favor, estos partidos siempre han defendido otras alternativas al ingreso mínimo vital:
Una de las alternativas al ingreso mínimo vital es un impuesto negativo sobre la renta, propuesto por el economista francés Augustin Cournot en 1838, desarollado por Milton Friedman y James Tobin en los años 60.
Uno de los principales defensores de esta medida en España es el economista liberal Daniel Lacalle, gurú económico de Pablo Casado y fichaje estrella del PP en las elecciones generales del 28-A, que ha calificado el ingreso minimo vital como una “subvención a la obediencia”.
“La primera alternativa es no destruir empleo y poner escollos a la contratación, que es lo que ha hecho el Gobierno con los aumentos de impuestos al trabajo escondidos bajo el salario mínimo interprofesional. La segunda alternativa es un impuesto negativo, no una subvención. Un impuesto negativo daría más renta al ciudadano desde el trabajo, haciendo mucho más eficiente la ayuda y orientada al empleo”, asegura Daniel Lacalle, que también es conferenciante de Thinking Heads.
¿Qué es? “Un impuesto negativo sobre la renta es aquel que tiene previsto que las personas que obtengan menos de un determinado nivel de ingreso no solo no tributen, sino que reciban una determinada cantidad de dinero equivalente a la diferencia entre su renta y dicho mínimo”, explica Juan Torres, catedrático de economía aplicada en la Universidad de Sevilla, en su libro La Renta Básica (Deusto, 2019)
¿Cómo funcionará esta medida? El Estado establece un nivel de ingresos considerado como mínimo, por ejemplo 10.000 euros. Si los ingresos de un ciudadano no llegaran a esa cantidad, recibiría la diferencia en la declaración de la Renta.
A pesar de que sea desconocido por la mayor parte de los ciudadanos, este tipo de propuestas ya existe en España, implementada en un caso concreto por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante el segundo mandato de José María Aznar.
Las madres españolas pueden acogerse desde el año 2003 a una deducción por maternidad por hijos menores de 3 años de hasta 1.200 euros anuales por cada hijo nacido o adoptado en territorio español. Además, pueden solicitar el dinero correspondiente a esta deducción de manera anticipada.
Los defensores del impuesto negativo aseguran que servirían para fomentar el consumo, además de fomentar la búsqueda de empleo, ya que interesa permanecer como contribuyente.
Sus detractores creen que fomentaría la economía sumergida, porque a los trabajadores les interesaría declarar que han ganado menos ingresos.
Otra alternativa al ingreso mínimo vital es el complemento salarial, que se hizo conocido en España gracias al partido Ciudadanos. Esta ayuda serviría para compensar los bajos salarios que perciben muchos trabajadores en España, especialmente los jóvenes.
“Un complemento en efectivo que el gobierno puede conceder a las personas que reciben un salario inferior a uno mínimo previamente establecido”, explica Juan Torres.
¿Cómo funcionaría? Pongamos un ejemplo: un trabajador soltero que gane 12.000 euros al año cobraría un complemento de 3.000 euros hasta alcanzar ese mínimo previsto de 15.000 euros. La cuantía se incrementaría en el caso de tener hijos. El dinero se puede recibir mensualmente o una vez al año.
El complemento salarial se incluyó en el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy firmado entre PP y Ciudadanos en 2016. Se trataba de una ayuda extrasalarial de unos 430 euros adicionales para los jóvenes con contratos de formación.
A diferencia de lo que proponía inicialmente el partido liberal, la medida se limitó a los menores de 30 años para que el dinero saliera del programa de garantía juvenil, financiado por la UE.
Esta propuesta se incluyó en los presupuestos de 2018, que se aprobaron justo antes de la moción de censura. La nueva mayoría en el Congreso rechazó su puesta en marcha.
Uno de los problemas es que puede fomentar el fraude, porque a los trabajadores les interese ganar menos dinero, y que puede servir para que las empresas se perpetúen en los salarios bajos, como ha ocurrido en muchos casos en España desde la crisis financiera.
Pero no solo hay críticas desde la derecha, también hay sectores en la izquierda que, aunque consideran que el ingreso mínimo vital es mejor que nada, defienden otras opciones:
La alternativa más conocida al ingreso mínimo vital se llama renta básica universal, y muchos españoles empezaron a oír a hablar de ella durante la crisis gracias al 15-M. A diferencia de la propuesta del Ejecutivo, esta prestación la recibirían todos los ciudadanos de un país, independientemente de su situación económica.
“La renta básica es un ingreso proporcionado por el Estado a cualquier persona de las que forman parte de su comunidad política, a excepción de residentes temporales o los turistas o de quien tenga sus derechos limitados, como las personas encarceladas”, explica Juan Torres.
La renta básica universal es una demanda histórica de organizaciones sociales como Attac. Podemos la incluyó en su primer programa electoral para las europeas de 2014, aunque no tardó mucho tiempo en aparcar esta propuesta y apostar por el ingreso mínimo vital. Todavía hay formaciones de izquierdas, como Más País o Anticapitalistas, que la incluyen en su programa.
“El ingreso mínimo vital es un subsidio para pobres, como los que ya existían en las comunidades autónomas, que va a llegar a dos millones de personas. Solo llegará a la población extremadamente pobre, solo al 20% de la población pobre oficialmente, porque había más de 10 millones de pobres a finales 2019 y ahora estamos en una situación mucho peor”, apunta Daniel Raventós, profesor en la Universitat de Barcelona y presidente de la asociación Red Renta Básica.
La gran diferencia de esta ayuda respecto al ingreso mínimo vital es la incondicionalidad. El ciudadano no tiene que cumplir ningún criterio para recibir la renta básica por parte del Estado, mientras que sí que hay unos parámetros para recibir la prestación del Gobierno como tener un determinado nivel de ingresos o seguir un itinerario de inclusión.
“La renta básica es universal e incondicional, es decir, sin ninguna condición como cuando vamos a votar. El sufragio universal es que solo por el hecho de ser ciudadano tienes derecho a votar”, señala Raventós.
Los defensores de la renta básica consideran que esta ayuda, al ser universal, evitaría ciertos problemas como la estigmatización de los ciudadanos que se benefician de ella, porque la recibe todo el mundo.
“No habría el problema de culpabilización y racismo. Tampoco tiene los mismos costes administrativos que los subsidios condicionados. Actualmente hay gente que teóricamente tiene derecho a las ayudas como el IMV, pero que no tiene ni idea de cómo pedirlo”, señala Raventós.
Otras de las alternativas al ingreso mínimo vital se llama trabajo garantizado. Esta propuesta fue ideada por el economista Hyman Minsky en los años 60, se dio a conocer en España hace unos años gracias a Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida y actualmente ministro de Consumo y también ha sido apoyada por el senador estadounidense Bernie Sanders.
El Estado se encargaría de proporcionar un puesto de trabajo a todas las personas en edad laboral legal que estén dispuestas a trabajar, sin importar su experiencia en el mercado laboral, su edad, su raza o su sexo. Aquellos trabajadores que necesitaran formación para acceder a un puesto de trabajo concreto también la recibirían.
“Se trata de crear un puesto de trabajo acorde a las habilidades y conocimientos del desempleado. El Estado se encarga de remunerar el trabajo directamente mediante un pago a la cuenta bancaria del participante”, explicaba el economista Eduardo Garzón, hermano del ministro, en el libro El Trabajo Garantizado (Akal, 2015).
¿De qué puestos de trabajo estaríamos hablando? Aquellos empleos que normalmente se realizan en la economía informal, como suele ocurrir con el trabajo de cuidados a personas mayores o niños.
Sus detractores argumentan que el programa de trabajo garantizado sería inviable por el alto coste económico que conllevaría para las arcas públicas.
