Putas con derechos (también en tiempos de pandemia)

Los derechos humanos deben ser defendidos rigurosa y comprometidamente. Con la fuerza de las convicciones, de los datos, de los hechos. Las putas no parecen importarle a nadie: se habla en su nombre, se decide cuál debe ser su lucha política, se usa su voz en debates de academia que, la mayoría de las veces, no son otra cosa que absurdos juegos intelectuales, batallas de egos necesitados de un poco más de vanidad. Divertimentos académicos que, además de los bolsillos, llenan espacios de debate que usan a las putas como instrumento, como herramienta necesaria, cosificándolas.

Nos posicionamos radicalmente en contra de la trata con fines de explotación sexual (y de cualquier otro tipo). Por eso, los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores sexuales tienen que ser no solo defendidos, sino también promocionados. Y en esa defensa de la dignidad, el abolicionismo ni está ni se le espera; las posturas abolicionistas no hacen otra cosa que ahondar en el estigma, no hacen otra cosa que no sea hacer un poco más profunda la brecha que separa a las putas del resto de la sociedad.

Y, precisamente porque nos posicionamos en contra de la trata, apoyamos la despenalización real y efectiva del trabajo sexual. Amnistía Internacional y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía también apuestan por la despenalización de la prostitución. Al igual que ONU SIDA. A quien verdaderamente le importan los derechos humanos y su defensa, tiene que aparcar los prejuicios y tomar partido en la defensa de la dignidad de las personas que ejercen el trabajo sexual.

Amnistía Internacional realizó una investigación exhaustiva y rigurosa en Papúa Nueva Guinea, Hong Kong, Noruega y Buenos Aires antes de tomar la posición despenalizadora, oponiéndose finalmente así al llamado “modelo nórdico”, abolicionista, y defendiendo que “en vez de centrarse en proteger a las trabajadoras y trabajadores sexuales de la violencia y el crimen, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de muchos países se centran en prohibir el trabajo sexual por medio de la vigilancia, el acoso y las redadas”. Pensamos que el camino debe ser el que nos marcan las principales ONGs internacionales: despenalizar para garantizar los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual.

En España, aunque el trabajo sexual no está regulado ni tampoco penalizado en nuestro código penal, de facto se criminaliza a través de numerosas ordenanzas municipales, como en Sevilla, Málaga o Murcia. Y, curiosamente, siempre que se criminaliza la prostitución, las que acaban con más multas y detenciones son las putas, no los clientes. Las que tienen miedo a denunciar los abusos son las putas. Las que terminan perdiendo son ellas. Ante el silencio atronador e hipócrita  del poder político hegemónico y de las posiciones abolicionistas.

La prostitución está de facto regulada en España: tenemos 1.600 clubs con licencias de aperturas municipales otorgadas por partidos políticos abolicionistas. Por ejemplo, en el año 2011, un 0.35% del PIB español fue generado directamente por la prostitución, lo que contribuyó a reducir la deuda externa y mejorar las condiciones del rescate bancario del 2012. Pero en ese momento no escuchamos al movimiento abolicionista decir que las putas también fueron quienes avalaron el rescate bancario. Tampoco escuchamos al abolicionismo reclamar que el dinero generado y auditado en partidas presupuestarias para mejorar los servicios públicos vaya también para las trabajadoras sexuales, que no tienen ningún derecho reconocido.

En España, según el Instituto de la Mujer, el 94% de las trabajadoras sexuales ejercen en espacios cerrados, ya sean clubs, pisos o centros de masajes. Los clubes generan 4.100 millones de euros anuales y a nadie se le escapa que bajo el paraguas de la clandestinidad, pueden explotar laboralmente a las trabajadoras sexuales, sin miedo a ser denunciados por ellas, bajo la seguridad que les da la desprotección jurídica que sufren las prostitutas.

Mantener a las trabajadoras y trabajadores sexuales en la alegalidad beneficia a los dueños de clubes, al Gobierno y a la industria del rescate, que son quienes reciben subvenciones en nombre de las prostitutas ya sea para realizar estudios, jornadas informativas o dar asistencia social o sanitaria. Los mismos ayuntamientos que persiguen a las trabajadoras sexuales que ejercen en la calle o a sus clientes con ordenanzas, las expulsan así a trabajar al extrarradio de las ciudades en peores condiciones o en espacios cerrados o a clubs donde, como ya expusimos anteriormente, son ellos, pero no las putas, los que se benefician.

En estos días de pandemia se está hablando mucho de cómo las prostitutas estarán viviendo el confinamiento; los medios de comunicación llaman a los colectivos como si los colectivos tuvieran respuesta para todo o un censo de las necesidades de las trabajadoras sexuales. La realidad es que los colectivos tienen constancia de muy pocas mujeres: los colectivos de prostitutas no prestan servicios, la asistencia la prestan las ONGs que son quienes deberían de haber acudido a los espacios de trabajo como los clubes, pisos y la calle antes de la cuarentena para informar y recoger las necesidades de las prostitutas. La realidad, en cambio, es que la mayoría de las necesidades de las trabajadoras sexuales no fueron cubiertas antes de la pandemia por no tener padrón, requisito indispensable para acceder a recursos  sociales básicos o sanitarios. La clandestinidad aboca así a las prostitutas a la asistencialidad, que no es otra cosa que migajas de los derechos que les pertenecen.

Mientras mucha gente esta romantizando el confinamiento, las trabajadoras sexuales migrantes indocumentadas y sin tarjeta sanitaria ni papeles no acudirán al médico (pese a ser el derecho a la salud un derecho humano) pues temen ser deportadas. Y no, tampoco acudirían a un médico en caso de no saber si tienen o no coronavirus.

Las trabajadoras que ejercen en un club tienen que seguir pagando el hospedaje, lo que les hace incrementar su deuda con el club entre 50 a 70 euros por día: muchas pueden pagar un porcentaje, otras están siendo directamente expulsadas de los clubes y muy pocas están siendo cubiertas de hospedaje y comida. El Ministerio de Igualdad debería de garantizar el hospedaje y la manutención de las que permanecen en esos clubes o tramitar sus traslados a los espacios habilitados para las víctimas violencia de género en esta promulgada ampliación de escudo social ante la pandemia. Si el Ministerio de Igualdad no reconoce a las prostitutas como trabajadoras pero sí como víctimas de trata sin ni siquiera preguntar y obviando los informes de los organismos internacionales al respecto, debería ser consecuente con lo que expone. El problema, en cambio, es la hipocresía de seguir negando pertinazmente la realidad, a pesar de lo evidente de la misma.

Reivindicamos el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales como trabajadoras a todos los efectos. Exigimos protección real para las víctimas de trata y alternativas laborales para quienes quieran dejar de ejercer la prostitución. Ante este estado de alarma exigimos una renta básica que garantice cubrir las necesidades básicas de las trabajadoras sexuales como ciudadanas de pleno derecho. Los derechos humanos están por encima de cualquier dogma, de cualquier concepción moral. Y de cualquier gobierno. Seguiremos peleando por la aplicación real y efectiva de los derechos humanos para todos los seres humanos; aunque sea triste comprobar que para muchas personas y para muchos gobiernos las prostitutas son seres humanos de segunda categoría.