El Govern cesa al 'número dos' de Junqueras para "protegerlo" tras su detención y la multa diaria del TC de 12.000 euros
Decisión en una reunión extraordinaria del Consell Executiu.
El Govern de la Generalitat ha cesado a Josep Maria Jové -uno de los detenidos el pasado miércoles en la macrooperación judicial contra el 1-O- como secretario general de Economía para "protegerlo".
Lo ha anunciado el conseller de Presidencia, Jordi Turull, que ha comparecido en rueda de prensa tras una reunión extraordinaria del Consell Executiu convocada por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El Pleno del Tribunal Constitucional impuso este jueves a Jové, 'número dos' de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía, una multa diaria de 12.000 euros por desobediencia ante el 1-O.
Además, Jové se negó este jueves a declarar ante la Guardia Civil y pasará este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que se encarga de la investigación de los preparativos del referéndum.
"Para proteger a esta persona, el Govern decreta su cese, desde el reconocimiento y agradecimiento a su persona", ha señalado Turull.
"DESPROPÓSITO ABSOLUTO"
Turull ha argumentado que el TC insta a Jové a "realizar una serie de acciones en menos de 24 horas" pese a que sigue "detenido y no las puede hacer", lo que a su juicio representa un "despropósito absoluto" y "sin precedentes", por lo que se ha decretado su cese "desde un reconocimiento y un agradecimiento profundo".
Según Turull, algunas de las funciones que tenía asignadas Jové "se las puede quedar" Junqueras como titular del departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, aunque también se pueden "delegar" otras competencias "para garantizar que funcione la consellería".
El portavoz del Govern ha expresado su "condena e indignación ante estas actitudes antidemocráticas del Estado español".
NO LE LIBRA AUTOMÁTICAMENTE DE LA MULTA
El cese no librará automáticamente de la multa a Jové, pues el Tribunal Constitucional examinará antes si ha acatado sus resoluciones, como hará también con cada uno de los afectados.
Se trata de una multa coercitiva impuesta para obligar al cumplimiento de las resoluciones del tribunal (en concreto, la suspensión cautelar de la ley de referéndum, de la Ley de transitoriedad y de los nombramientos de los síndicos).
El TC tiene que estudiar la actuación de cada uno de los multados antes de decidir si han cumplido y cuándo sus resoluciones, y en función de ello contabilizará, pasadas las semanas inmediatas al 1 de octubre, si debe cobrarles Hacienda y cuánto.
Para que cesen las multas el TC exige a los afectados la revocación de todas sus decisiones y acuerdos; la comunicación de tal revocación a los destinatarios de sus actuaciones y la renuncia a sus cargos de los síndicos.
Esta reunión del Consell llega un día después de que Puigdemont publicara la web en la que se concretan los colegios electorales en los que podrán supuestamente votar los catalanes el 1 de octubre y de que difundiera un mensaje diciendo que hay "planes de contingencia" ante la actuación del Estado. Estos movimientos son otro desafío después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido todas las acciones relacionadas con la consulta.
Este viernes por la mañana la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha contestado a Puigdemont: "¿Hasta cuándo va a seguir abusando y tensionando al pueblo de Cataluña?"