¿Qué está pasando en Chile para que su presidente hable de "guerra"?

Chile se ha levantado este lunes con el transporte público limitado, comercios cerrados, locales saqueados y calles militarizadas. A su presidente, Sebastián Piñera, no le ha temblado la voz al expresar que lo está viviendo el país es una “guerra” contra los grupos violentos que han radicalizado una protesta social contra la desigualdad, que ya ha dejado diez muertos y 1.500 detenidos.

Tras un fin de semana de barricadas, incendios y saqueos, Piñera habla de un conflicto bélico contra un “enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie”, como ha descrito a los violentos.

Pero detrás de la retórica bélica que emplea el presidente, el descontento social que ha generado esta batalla nace en realidad de un asunto totalmente pragmático: una subida del 3,5% en las tarifas de metro. Según la Universidad Diego Portales, Chile cuenta con el noveno transporte público más caro de un total de 56 países de todo el mundo y algunas familias tienen que pagar el 30% de su sueldo mensual para ir al trabajo, por lo que la subida del billete no era algo tan simbólico.

Y aunque Piñera suspendió este aumento de precio ante la fuerte presión social, el Gobierno no ha logrado frenar los disturbios y ha declarado el estado de emergencia en 10 de las 16 regiones de Chile, algo que no se producía desde la vuelta de la democracia en 1990, con el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

En virtud de esta medida, se han desplegado miles de militares para tratar de recomponer el orden público. A lo largo del fin de semana se sucedieron incendios de comercios, farmacias, almacenes, bancos y edificios públicos, además de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la céntrica Plaza Italia de Santiago.

En uno de estos incendios, en un gran almacén de ropa de Santiago, fallecieron cinco personas, mientras que en otro incendio en un gran comercio de productos de construcción fallecieron otras dos personas y se encontró una víctima más en otro incendio en un supermercado en la calle santiaguina de Matucana, lo que situó el total de decesos por los actos violentos del domingo en ocho, que se suman a los dos reportados anteriormente.

En un intento de paliar los desórdenes, las autoridades militares decretaron el toque de queda en Santiago, en las ciudades de La Serena, Coquimbo y Valdivia, en la región de Valparaíso y en Concepción para restringir en un determinado horario la libre circulación de personas en pos de favorecer el control de las zonas conflictivas.

Pese a ser considerado como modelo de estabilidad política y económica en América Latina, Chile sufre graves fracturas sociales, que han ido alimentando en los últimos años el descontento social, traducido ahora en protestas y disturbios. No obstante, numerosos analistas lo habían visto venir, como señala la edición francesa de El HuffPost.

“Desde el exterior, sólo se veían los éxitos de Chile, pero en el interior, hay un alto nivel de fragmentación y segregación, y una juventud que, pese a no haber vivido la dictadura, dejó de votar hace muchos años. Los jóvenes están hartos y salen a las calles para mostrar su cólera y su decepción”, ha explicado a AFP Lucia Dammert, profesora de la Universidad de Santiago de Chile.

Con una inflación del 2% al año, una tasa de pobreza del 8,6% y un crecimiento que este año debería alcanzar el 2,5% del PIB (uno de los más elevados de la región), el modelo chileno resulta envidiable para el resto de América Latina. Y, sin embargo, los indicadores sociales —salud, educación y pensiones, que pertenecen casi exclusivamente al sector privado—revelan fuertes desigualdades.

Según los últimos datos de la OCDE, Chile ocupa el tercer lugar de los países ricos más desiguales del planeta, por detrás de Costa Rica y Sudáfrica.

“Muchas de las demandas de la gente se han quedado sin respuesta. La tensión se ha acumulado y la frustración ha ido creciendo en el día a día de la gente”, explica a AFP Octavio Avendaño, sociólogo y politólogo de la Universidad de Chile.

Al margen de los actos vandálicos, cientos de chilenos se han manifestado pacíficamente, principalmente haciendo sonar sus cacerolas en la calle. La santiaguina plaza de Ñuñoa fue un claro ejemplo de esta expresión cívica de hartazgo por las desigualdades, donde se generó durante casi todo el día un ambiente más festivo de protesta.

En muchos otros barrios de Santiago y comunas del país se replicaron estas caceroladas y otras muestras de manifestaciones pacíficas contra el Gobierno de Piñera y por un cambio en la forma en que se gestionan la educación, la salud o las pensiones, problemas de fondo tras este estallido popular que pilló de improviso a las autoridades.

En algunas comunas de Santiago, como La Pintada o La Granja, grupos de vecinos se organizaron para defender sus casas y negocios de los potenciales asaltos por parte de violentos.

Mientras tanto, cientos de pasajeros quedaron atrapados en el aeropuerto de Santiago en la noche de este domingo y la madrugada del lunes tras la cancelación de sus vuelos, debido al toque de queda decretado en la capital chilena por las protestas.

Es más, el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación de España recomienda desde este lunes “precaución” en los viajes a Chile, “evitar las aglomeraciones y mantenerse atentos a la evolución de los acontecimientos”.

El Departamento que dirige en funciones Josep Borrell ha actualizado su recomendación sobre Chile “debido a los graves incidentes ocurridos en las últimas horas en distintos lugares del país”.

El Gobierno confía en que este lunes, con el comienzo de la actividad laboral, el país recupere la normalidad, al menos en parte, y para ello ha habilitado una línea de metro, que no opera desde el viernes, y ha pedido la solidaridad de los ciudadanos para ayudarse los unos a otros en el desplazamiento a los puestos de trabajo.

No obstante, los analistas no tienen tan claro que la situación se resuelva tan rápido. “La clase política tiene que entonar el mea culpa”, sostiene Lucia Dammert. En una sociedad tan dividida en función de la clase social, a los responsables políticos, que viven en los barrios más exclusivos de la capital, se les sigue viendo desconectados de la realidad.