El preso de Soto contradice a Bárcenas y niega que le ordenara destruir una grabación de Rajoy
El extesorero y su mujer, Rosalía Iglesias, están llamados a comparecer este miércoles ante el juez Manuel García Castellón.
La veracidad del extesorero del PP Luis Bárcenas vuelve a quedar en entredicho. Isidro S.S., el preso de origen colombiano que coincidió con el extesorero del PP en la prisión de Soto del Real en 2013 ha negado ante el juez que investiga la operación Kitchen que Bárcenas le encargara destruir una grabación al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy que le podría incriminar sobre la caja B del partido.
Eso sí, el preso ha afirmado que sí apalabró con Bárcenas que puesto que es informático, aprovecharía un permiso para borrar del buscador de Internet Google noticias y vídeos que perjudicaban a su esposa, Rosalía Iglesias, a cambio de 5.000 euros.
Según ha contado Isidoro S.S., ese dinero que iba a ir destinado en parte a comprar equipo informático, fue entregado por el entonces chófer de la familia Bárcenas y confidente de la ‘Kitchen’, Sergio Ríos, a un conocido suyo que debía guardárselo hasta que saliera de permiso.
“Por palabras del señor Calonge [su contacto] tengo entendido que el chófer le hizo firmar una servilleta y le entregó el dinero”, ha recordado a preguntas del Fiscal. Pero el encargo que Bárcenas hizo al informático nunca llegó a realizarse porque, según ha dicho en su declaración como testigo, su contacto se gastó el dinero. Y a él, al salir de la cárcel en su primer permiso, pasó una noche en un hostal con una exnovia rusa y luego fue detenido por la policía y devuelto a Soto del Real.
La versión de Bárcenas no concuerda
La declaración del preso de Soto contradice lo que contó Bárcenas en diciembre de 2020 en el marco de la pieza secreta vinculada a Kitchen. Entonces sostuvo que le pidió a un interno con el que compartió prisión que, durante un permiso, destruyera la grabación de Rajoy ya que se encontraba en medio una “negociación” que mantenía con el PP en la que le habían ofrecido 500.000 euros.
Bárcenas explicó al juez que había grabado al presidente del Gobierno y máximo responsable entonces del PP, así como al ex secretario general del partido Javier Arenas porque estaba preocupado por el “desmarque clarísimo” por parte de sus compañeros en plena investigación de Gürtel’ y porque quería “tener garantía” de que no se había quedado dinero de la “contabilidad extra contable”.
Además, el extesorero indicó que le dio una nota al interno ―Isidro S.S.― en la que precisaba “dónde tenía eso en la nube” y que a través de Sergio Ríos le dio hasta 2.500 euros para que se hiciera con los equipos informáticos necesarios. Aseguró asimismo que al compañero de prisión finalmente le suspendieron el permiso y le sustrajeron la nota y que por tanto desconoce si borró o no las grabaciones.
Más líos en Kitchen
El juez que investiga el caso Kitchen, la supuesta trama de espionaje parapolicial a Luis Bárcenas y su entorno, ha citado a declarar este miércoles como testigos al extesorero del PP y a su mujer, Rosalía Iglesias, ambos en prisión cumpliendo condena por Gürtel.
El magistrado Manuel García Castellón les ha emplazado a partir de las 15.30 para que declaren en la causa en la que se investiga esta operación, presuntamente auspiciada desde el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer documentos sensibles a dirigentes del PP.
Ambos, que figuran como perjudicados en el procedimiento, han declarado ya a lo largo del mismo, aunque el juez les ha vuelto a citar una vez ha levantado el secreto de sumario de la pieza que se abrió a raíz del registro policial practicado al exchófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, presuntamente captado por el PP como confidente policial en la operación.
Entre los investigados que comparecerán en la Audiencia Nacional figura la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; su marido, Ignacio López del Hierro; o su jefe de gabinete cuando presidió Castilla-La Mancha, José Luis Ortiz.
También declarará ante el juez el exjefe de la UDEF José Luis Olivera, a quien el inspector del caso Gürtel, Manuel Morocho, involucró en las presiones que dijo haber recibido para apartarle de la investigación; así como el excomisario José Manuel Villarejo y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.