Preocupación en el Gobierno ante la posible decisión del Constitucional sobre su reforma
En el Ejecutivo se muestran muy preocupados por las consecuencias del recurso del PP a dos enmiendas de la reforma legal.
“Estamos muy preocupados”. Es el sentir general entre los miembros del Gobierno que han acudido este jueves al Congreso de los Diputados, donde la indignación es máxima ante la posible decisión del Constitucional, que podría paralizar una votación en la Cámara Baja.
El tribunal se encuentra reunido desde las 10 de la mañana para decidir sobre el recurso de amparo que presentó este miércoles el PP en defensa de los derechos de los diputados, que consideran vulnerados durante la tramitación de la reforma exprés del Código Penal que el Gobierno ha llevado al Congreso.
Gamarra ha asegurado este mismo jueves que quieren que el Constitucional actúe como ”árbitro” entre los poderes del Estado, pero la mayoría de los diputados, incluso algunos que se oponen a la reforma, consideran que la situación es muy grave y que podría producirse una injerencia del poder judicial sobre el legislativo, vulnerando la separación de poderes.
“Es una injerencia, es extremadamente grave”, expresan en el Ejecutivo, donde aseguran que están estudiando qué pasos dar en caso de que el Constitucional acepte el recurso del PP. “Es muy grave, totalmente inédito”, asegura un ministro que no se atreve a aventurar nada sobre la decisión de los magistrados.
Porque todos admiten, tanto en público como en privado, que el escenario es tan desconocido que nadie sabe qué consecuencias puede tener la decisión del Tribunal.
“Lo que hemos visto estos días no lo hemos visto ni conocido jamás en democracia”, aseguraba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ahondando en el desconcierto total que reina en la Cámara Baja ante lo que pueda ocurrir.
Porque la votación de la proposición de ley de reforma de la sedición con todas las enmiendas, incluidas las dos recurridas ante el Constitucional, se hará en bloque. En ese caso, ¿qué hará la Mesa del Congreso si el tribunal acepta el recurso y decide paralizar la tramitación de dos de las enmiendas?
El sentir entre los grupos parlamentarios es que, de darse esta circunstancia, la Mesa debería convocar una Junta de Portavoces y ahí decidir qué hacer. Pero admiten que sería recorrer un camino nunca transitado en democracia.
Se avecina una jornada larga —otra más— en la Carrera de San Jerónimo.
