Arrojando luz sobre el precio de la luz: por qué estamos así y qué soluciones hay

124,45 euros por megavatio/hora el lunes. 130,53 euros el martes. 132,47 euros el miércoles. Y 140,23 euros el jueves.

Es la escalada de récords que ha ido batiendo la luz durante esta semana infernal para quienes no pueden pagar el suministro eléctrico y ven como cada día la factura es más grande.

Y es el quebradero de cabeza de un Gobierno al que se le empieza a hacer una costura con este tema a nivel interno, enfrentando a los partidos que lo sostienen.

Unidas Podemos, socio del PSOE en el Ejecutivo, reclama desde hace días soluciones drásticas e incluso insta a la población a manifestarse contra el Gobierno donde están sentados por el elevadísimo precio de la luz.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, trata de contener la presión política y social, aunque admite que la factura seguirá subiendo este año y descarta alguna de las medidas que plantea Unidas Podemos, como fijar precios máximos.

¿Y qué dicen los expertos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué medidas se han de tomar para solucionar la actual situación? Las recetas son variadas y no siempre coincidentes.

Jorge Morales, experto en la materia y director de Próxima Energía, centra la atención en el modelo de facturación eléctrica, que considera que “no funciona”.

“Ha beneficiado que unas pocas centrales, que son las que queman gas para producir electricidad, arrastren a las demás y al final acabemos pagando toda la electricidad a precio de gas con el gas disparado. Este es el problema básico”, analiza.

Morales se refiere así al funcionamiento de la subasta eléctrica, que fija el precio con el de la energía más cara. Como aquella analogía de comprar pollo y cerdo a precio de solomillo que hizo el periodista Aimar Bretos.

“Algunos lo llevamos denunciando años. Cuando el mercado estaba a 45 euros ya nos parecía una barbaridad. Ahora que el mercado está a 140 euros, parece ser que a nadie le parece normal. Pero sigue igual de erróneo. El problema es el modelo”, agrega Morales.

Jorge Sanz, director de NERA Economic Consulting y ex director general de Política Energética con el Gobierno de Zapatero entre 2004 y 2009, también señala al gas.

“Durante todo el verano hemos tenido una demanda alta de electricidad, por las altas temperaturas, y ha coincidido con que no había viento. Eso nos lleva a acudir al gas natural para garantizar el suministro. El problema es que el gas está muy caro, hemos estado varias semanas por encima de 140 euros el megavatio/hora, cuando la media del año pasado era de 36 euros”, afirma.

Sanz hace números para explicar el actual precio de 140 euros por megavatio/hora. “Para producir un megavatio eléctrico hacen falta dos megavatios de gas, porque uno se transforma en electricidad y otro se pierde en forma de calor en las centrales. Y cada uno de gas cuesta 52 euros, por lo que son 104 euros”, indica.

A eso hay que sumar, asegura, el coste de emisión del CO2, que sale a 61 euros por tonelada. “Cuando se quema gas para producir electricidad se emiten 0,4 toneladas, es decir, que cuesta unos 25 euros”, afirma.

“Si sumamos todo, llevamos ya 129 euros y nos quedan 11 euros para llegar a los 140”, indica. ¿De dónde salen esos once euros? “De los peajes del gas”, responde.

“Eso es lo que explica que estemos como estamos: un precio del gas disparatado, un precio del CO2 que está muy alto y que no hemos tenido viento”, resume. “De hecho”, añade, “en España el viento llega a cubrir en algunas horas el 60% de la demanda. El problema es que ahora estamos en una media diaria del 5% al 10% y es inevitable acudir al gas”.

Sin embargo, Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, cree que esta situación la podría resolver el Gobierno que “está trasladando un mensaje a las eléctricas de que no a intervenir de la manera en la que tiene que intervenir”. “La ministra [Ribera] ha anunciado que no tiene intención de perjudicar los intereses de las grandes eléctricas y su reacción han sido más subidas”, se queja.

Sánchez asegura que, en efecto, “todo esto viene de coyunturas” como “el precio del gas” pero denuncia “el hecho de que tengamos una hidráulica totalmente inflada, que se han aprovechado vaciando los embalses para vender energía a lo grande y beneficiarse de forma histórica”.

“Evidentemente el principal culpable de lo que está ocurriendo es el sector, el oligopolio eléctrico”, admite Sánchez, pero el portavoz de FACUA acusa al Ejecutivo de “contribuir” a la subida del precio de la luz “al trasladar mensajes a las eléctricas de que estén tranquilas”.

Sanz cree, por el contrario, que más que un problema del sector es un problema de fiscalidad energética. El experto afirma que el coste medio de la electricidad en España en los últimos 12 meses ha sido de 49,7 euros, “en la media baja” de Europa frente a países como Reino Unido e Italia, con medias de 68 y 62 euros, respectivamente.

“Lo que llama la atención”, afirma, “es que estando en esa media baja europea tengamos la quinta factura doméstica más alta de Europa”. ¿El motivo? “Porque el precio del mercado sólo representa la cuarta parte de la factura y la mitad de la factura son impuestos explícitos y pseudoimpuestos”.

Sanz se refiere al IVA, que el Gobierno ha bajado del 21% al 10%; a los impuestos especiales y a los llamados “cargos”, impuestos con los que el Estado sufraga el coste de las primas a las renovables, la deuda eléctrica y la compensación a territorios no peninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

Entiende el experto que en estos impuestos es “donde hay más margen de maniobra para trabajar”. “El problema que tiene es que Hacienda no le deja”, asegura.

Sanz explica que estos impuestos “no son ambientales”, ya que “en electricidad, por ejemplo, el impuesto especial o el impuesto del 7% a la generación es el mismo independientemente de si la energía es limpia o sucia”.

Su propuesta es cambiarlos por impuestos medioambientales, que graven a las tecnologías que más emisiones generen. “Según Red Eléctrica, el 70% de la demanda eléctrica se cubrió con tecnologías no emisoras, de las que casi el 50% eran renovables y el resto nuclear, que no emite”, explica.

Dice Sanz que así saldrían penalizados el gas natural y los hidrocarburos. “De eso va el reto de la Transición Energética, de hacer pagar al que contamina. Si el Gobierno se tomara en serio la reforma fiscal, conseguiría efectos sustanciales en la bajada de las facturas. Es complicado y es un reto a medio plazo”, admite.

No lo ve tan claro Morales, quien cree que “ya se han bajado bastantes impuestos” y que, aunque “algo más se podría hacer, hay poco margen”. “Es complicado”.

Su propuesta para abaratar el precio de la luz “actuar en el post mercado” dejando que éste “funcione” y “ajustar algunas tecnologías justificadamente”. Es decir, “no limitar, sino que cada uno pueda hacer la oferta que le dé la gana y luego hacer cuentas con las tecnologías, corrigiendo a posteriori sus ingresos”.

Morales explica, como ya ha dicho la ministra Ribera, que fijar precios máximos colisiona con el derecho comunitario, pero sí cree que se podrían “fijar precios máximos con posterioridad al mercado”.

Además, considera que “a medida que la Unión Europea avance hacia el modelo renovable, la subasta actual no tendrá sentido” y sólo “servirá para ajustar alguna situación marginal”. Aun así, cree que esto “tardará años” y que, “mientras tanto parece bastante obvio que tenemos que mantener las reglas del juego actuales”.

Desde FACUA, Sánchez tilda de “injusta” la subasta actual y, admitiendo que no se puede fijar un precio máximo a la misma a través de decreto, propone al Ejecutivo “cambiar las características” de la subasta aplicando “ciertos retoques que pueden corregir los elementos negativos”.

Sánchez pone el ejemplo de Francia, donde “buena parte de las nucleares están fuera de la subasta”. ”¿Por qué no lo hace España?”, se pregunta.

Empresa pública, ¿sí o no?

Otra de sus propuestas, incluida en un decálogo presentado por la organización hace unas semanas, es la creación de una empresa pública de generación eléctrica que “serviría para que, en un futuro, se influyera desde lo público en una generación hidroeléctrica a un precio justo, no de especulación, y recortar el precio que paga el consumidor”.

Sanz no comulga con esta fórmula, a la que sí abrió la puerta la ministra Ribera, y pone el ejemplo de Italia y la empresa pública Enel. “Tiene los segundos precios más caros de Europa. El hecho de que sea pública o privada no cambiará los precios”, afirma este experto, quien cree que el único cambio se producirá en la presidencia, “que será un exministro, te lo garantizo”, y en el Consejo de Administración, “que serán políticos y sindicatos”. “Se repetirá lo de las cajas de ahorros. No es el modelo”, añade.

Sánchez responde que si la empresa pública “tiene unos precios inflados porque decides que los tenga, evidentemente el modelo no sirve”.

“Es que no sólo hace falta una empresa pública, hacen falta gestores con sensibilidad social y responsabilidad para proteger el bien común, no para inflar los beneficios de una empresa pública cuyos altos cargos tengan grandes salarios. La gestión desde lo público implica también el perfil de los gestores públicos. El Gobierno no precisamente comunista de Italia no es el mejor ejemplo de gestionar una empresa pública”, agrega.

Morales cree que esta idea “puede estar bien para gestionar las hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando”, como ya apuntó la ministra, pero considera que es una solución “a largo plazo”.

Soluciones a corto plazo

En el corto plazo es donde sí vemos coincidencias entre Sánchez y Sanz, que apuestan por mirar por los consumidores vulnerables.

Según el portavoz de FACUA, la directiva comunitaria no prohíbe fijar precios para los consumidores vulnerables y afirma que es el Gobierno quien puede fijar el criterio de vulnerabilidad. Por eso proponen una tarifa social que aplique un descuento de al menos el 50% a las familias que no cobren más de dos salarios mínimos o hasta tres en función de las características de los miembros de dicha familia.

Sanz, por su parte, coincide en proteger a este consumidor que no puede afrontar el pago de la luz, pero insiste en actuar sobre la fiscalidad del recibo. Por eso, propone repartir “de una forma distinta” los “pseudoimpuestos” incluidos en la factura que se concentran en las horas punta de consumo, algo que “dispara el precio”. “En horas punta se llega a pagar 106 euros para cosas que no tienen nada que ver con el suministro”, lamenta.

Otro melón del debate energético es el de las renovables. Morales cree que España ha pasado “casi siete años de sequía” en cuanto a inversión se refiere y que se ha ido recuperando en los últimos años de Gobierno socialista.

“Cuestión distinta es que el modelo de mercado no sea el modelo adecuado, porque no me parece bien que las centrales estén yendo al mercado marginalista, es decir, que estén cobrando al precio del gas”, indica.

“Esto no me parece sensato, que estén yendo a este mercado cuando sus costes no tienen nada que ver con los costes marginales del gas. Me parece que es una locura tanto para ellos como para los consumidores”, agrega.

Sánchez también cree que el problema de las renovables es que, al no garantizar la totalidad de la demanda de electricidad, la subasta provoque “que las paguemos a precio de hidráulica o de gas”.

Por su parte, Sanz considera que España ha hecho bien apostando por las renovables, aunque considera que se precipitó al hacer “un esfuerzo descomunal justo cuando estas tecnologías estaban muy lejos de ser maduras y eran tremendamente caras”.

También critica el modelo del autoconsumo que, a su juicio, “se ha querido promover por razones políticas”.

El experto cree que este modelo “no es eficiente y es regresivo”. Por un lado, afirma que es ineficiente porque “un panel en un tejado de una casa es igual que uno en el suelo”. “La diferencia es que en un tejado pones diez y en el suelo 3.000, por lo que el coste medio en el suelo es menor”, explica.

Por otro, asegura que es regresivo porque “da lugar a transferencias de renta de pobres a ricos”. Según Sanz, quien puede poner un panel solar en su casa tiene un perfil de renta alta y el sistema “permite que se escapen consumidores de renta alta, que dejan de pagar una parte de las redes y se las colocan a los que no se los pueden permitir”.

Morales, por su parte, coincide en que “el principal problema del autoconsumo son los tejados comunitarios” y que hay mucho que mejorar para conseguir que sea una realidad en muchas ciudades”, aunque cree que “en general, el modelo es el adecuado”.