Por qué protestan los agricultores (y por qué la lucha no acaba hoy)

Si hay algo en lo que están de acuerdo los agricultores y el Gobierno es en que el sector agroalimentario en España atraviesa una crisis y que resolverla no va a ser sencillo.

El 28 de enero comenzaron unas movilizaciones, con el lema #AgricultoresAlLímite, que han llevado a las calles a más de 35.000 trabajadores del sector agrario en diferentes puntos de la península, y que prometen seguir adelante (al menos hasta finales de febrero) para pedir unos precios justos para el campo, entre otras cosas.

El clamor ha sido tal que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, convocó rápidamente a las principales asociaciones —la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)— a una mesa de diálogo este lunes, 3 de febrero, y se comprometió a modificar la Ley de cadena alimentaria.

Este miércoles, las protestas llegaban precisamente hasta las puertas de este Ministerio, e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se veía en la obligación de pronunciarse al respecto (eso sí, en Twitter):  

“No miraremos hacia otro lado”, asegura Sánchez, reconociendo la gravedad de este problema, y entre temores de que las protestas vayan a más (y pueda replicarse algo similar al movimiento de los chalecos amarillos en Francia o que fuerzas políticas como Vox se apropien de las reivindicaciones de este sector). Posteriormente, desde Bruselas, ha pedido “autocrítica” a las grandes distribuidoras. Para el presidente es “absolutamente inaceptable” que el sector esté viendo cómo los precios de los productos agrícolas “bajan, bajan y bajan”.

Pero, ¿qué es lo que piden los agricultores y ganaderos, protagonistas de estas protestas?

En pocas palabras, que no se les “estrangule”, que sus productos tengan una mínima rentabilidad y que se garantice un equilibrio en la cadena agroalimentaria. “Los agricultores nos vemos estrangulados por un doble embudo: por un lado, han subido los costes de producción (de maquinaria, fitosanitarios); por otro, cada vez se dificulta más la comercialización y los precios de venta son más bajos”, explica José Luis Miguel, director técnico de COAG.

Según cálculos de COAG, los productos agrícolas multiplican su precio por más de cuatro del campo a la mesa. Y los agricultores a veces no son capaces de cubrir los costes de producción, como está ocurriendo con la última campaña de la aceituna: mientras que producir un litro de aceite de oliva virgen extra cuesta alrededor de 2,7 euros, en el supermercado se está vendiendo a 2,2 euros.

“Es que están desapareciendo las explotaciones y los agricultores se están arruinando”, denuncia Diego Juste, portavoz de UPA. Desde su organización defienden “dar rango de ley a los precios justos” y que se prohíba la venta a pérdidas (por debajo de los costes de producción). ¿El problema, y argumento al que se aferra el Ministerio? Que, por ley, no se pueden fijar precios mínimos a los productos. Juste aclara: “No decimos que el tomate tenga que valer tanto, sino que se contemplen los precios de producción y que la ley defina el concepto de precio justo en relación con esos costes”.

“La cadena alimentaria tiene que ser más transparente”, resume Juste. “Aunque no se puedan fijar los precios, en la reforma de la Ley de cadena alimentaria sí se puede mejorar”, coincide José Luis Miguel, de COAG. “Tiene que haber más transparencia para evitar abusos”. ¿Cómo? Con estudios sobre los costes de producción actualizados y con un etiquetado claro que especifique el origen de los productos, proponen desde UPA.

En las asociaciones están contentos porque, tras la reunión con el ministro Planas, han visto “un cambio de actitud por primera vez en 10 años”. “Hasta ahora se nos decía que, por ley, no se podía hacer nada. Ahora nos han dicho que algo sí se puede hacer. Y estamos esperanzados. Pero hasta que no veamos el borrador [del anteproyecto de ley de la cadena alimentaria]…”, plantea Juste. “Son muchos años reclamando una actuación en los precios”, zanja.

Las organizaciones saben, por otro lado, que la propuesta del Ministerio de modificar la ley para regular los precios y adaptarla a las transposiciones europeas será “a medio plazo”. “Es complejo”, reconocen. 

Las cadenas de alimentación juegan un “papel imprescindible” en esta crisis. “No tiene sentido que, como ha ocurrido hasta ahora, las grandes distribuidoras estén por encima del bien y del mal, incluso por encima del Gobierno y, por supuesto, de los agricultores. Son el actor más poderoso de la cadena, y ahora lo que pedimos al Gobierno es que les haga una llamada al orden”, explica Diego Juste. “Que dejen de cometer abusos con los reclamos de los productos”, pide, y cita como ejemplo la última y polémica campaña de Lidl que alardeaba del “preciobajismo” de sus productos, vendiéndolos incluso por debajo de los costes de producción.

“El dominio lo tiene principalmente un operador: las grandes distribuidoras”, coincide Miguel, de COAG. “Ellas llevan la voz cantante y nosotros bailamos a su son. Estamos a expensas, mientras ellas deciden lo que sucede”, afirma.

Precisamente el ministro Luis Planas se reunirá estos días con las grandes empresas de distribución para abordar este tema. “No se trata de culpabilizar a nadie, sino de hacer una llamada a la responsabilidad de todos en relación a los precios bajos, injustos y volátiles que perciben los agricultores”, señaló.

“No se puede seguir vendiendo a pérdidas”, coincide José María Fresneda, secretario general de ASAJA Castilla-La Mancha. “La cadena alimentaria tiene cuatro pilares: los agricultores, los transformadores de productos, las distribuidoras y los consumidores. No puede ser que ganen los dos del medio mientras el agricultor no llega a cubrir costes de producción”, explica. “Los supermercados vuelven loco al consumidor con las ofertas”. 

“Si no hay precios garantizados, no se puede quitar dinero de la PAC”, defiende José María Fresneda, consciente de los anuncios de recortes en las ayudas provenientes de la Unión Europea y de la imposición de barreras comerciales a nivel global que ponen trabas a las exportaciones.

“Los agricultores europeos no aceptamos ya el postureo bajo ningún concepto”, sentencia. Y, efectivamente, en toda Europa se están produciendo estos días movilizaciones similares a las de España.

Ante el futuro incierto de la Política Agraria Común (PAC), que gestiona las subvenciones a agricultores y ganaderos de la UE, las asociaciones reclaman más protección. “No podemos competir con los precios del mercado internacional mientras atendemos a las demandas de la Comisión Europea sobre bienestar animal y seguridad alimentaria”, explica Fresneda. “Se importan productos de fuera de la UE (Ucrania, Marruecos, América Latina) mucho más baratos que utilizan productos químicos que aquí no nos dejan usar”.

Las organizaciones también piden que se aumente la dotación para los seguros agrarios en los próximos presupuestos generales del Estado, propuesta que ha incluido el ministro Planas en el paquete de medidas anunciado este martes. “Han subido las primas de los seguros agrarios, cada vez hay más siniestros y menos partidas presupuestarias”, lamenta Miguel, de COAG. Por eso piden que el Gobierno lo tenga en cuenta y su aportación sea mayor, ya que “previsiblemente habrá más sequías y tormentas”.

En contra de lo que se ha dicho estos días, las protestas de agricultores y ganaderos se convocaron antes de conocerse la subida del salario mínimo a 950 euros. No es, por tanto, la causa de las manifestaciones, pero, efectivamente, también tiene que ver. “Obviamente, si se encarece un factor (la mano de obra), afecta. Pero las movilizaciones no son por el SMI. Al margen del SMI, el coste laboral es mayor y la cotización a la seguridad social ha subido 8 puntos en el último año”, explica Miguel.

“No estamos en contra de la subida del salario mínimo”, corrobora Fresneda. “Estamos de acuerdo en que se pague más, pero se debe compensar en el precio que se paga al productor. Debe haber un input, debe repercutir, y más con esta crisis de precios”, defiende.

Aunque las tres organizaciones celebran el éxito de las movilizaciones de estos días, no es algo a lo que el sector esté acostumbrado. “Somos más de 100.000 agricultores independientes, y por lo general estamos muy dispersos, mientras que los distribuidores y las empresas de insumos son pocos y fuertes. Eso nos convierte en el eslabón débil”, señala José Luis Miguel, de COAG. 

“Aquí no hay un modelo común”, critica Fresneda. “En Francia, por ejemplo, han entendido que los productores dan de comer a la población, que somos el primer eslabón y se rigen por un modelo. Aquí no sabemos a dónde vamos. Estamos abiertos a negociar con las grandes superficies, pero defendiéndonos los unos a los otros. Porque, hasta ahora, las multinacionales están cometiendo abusos descarados”, denuncia.

“Hay un distanciamiento enorme entre la sociedad y el agricultor. Somos los que producimos los alimentos, pero a veces estamos demonizados”, lamenta José María Fresneda.

El consumidor también tiene que ser consciente de lo que compra, cómo y dónde lo compra, y qué repercusiones conlleva. Cuando algo es excesivamente barato, quizá hay que preguntarse por qué. Cuando se compran naranjas de Sudáfrica, conviene saber que esa importación, por pequeña que sea, “está estrangulando” los precios que se pagan en España a los productores.

“Lo que se vive ahora es una explosión”, describe José Luis Miguel. “Hemos estado mucho tiempo sufriendo en silencio, pero ya no puede ser. Es que nos arruinamos y nos quedamos sin medio de vida”, denuncia. Ese “hartazgo generalizado” es lo que les ha llevado a las calles, y prometen que las movilizaciones van a continuar, “por autoestima propia y por la inacción de estos últimos años”, que es lo que ha hecho, en su opinión, que las protestas sean ahora “más virulentas”.  

“Este no es el desahogo de un agricultor cabreado”, concluye José María Fresneda. “Por primera vez, el campo está unido, y estamos felices de seguir luchando”.