Por qué Perú no quiere a su nuevo presidente y prefiere al anterior acusado de corrupción

Un país adicto a la tragedia. Así es como, medio en broma medio en serio, un peruano describía a su patria hace unos días. Esta semana la descripción ha cobrado más significado, pues el país andino ha estrenado a su tercer presidente en cinco años después de sacar adelante una moción de censura contra Martín Vizcarra, hasta este lunes presidente de la República del Perú, y que a su vez llegó al puesto tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra llegó de rebote y se fue de rebote.

Apenas un día después de su destitución, juraba el cargo el nuevo presidente, Manuel Merino, designado como tal al ser presidente del Congreso. Vizcarra aceptaba la vacancia aunque negaba las acusaciones que recaen sobre él: haber recibido presuntamente 2,3 millones de soles (543.000 euros) a cambio de contratos de obras públicas cuando era gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014. El Congreso se ha amparado en una supuesta “incapacidad moral permanente” para echarlo.

Seguramente en otras circunstancias la población estaría celebrando el despido de un político por corrupción, pero esto no es lo que está ocurriendo ahora mismo en Perú, y muchos lo califican de golpe de Estado. “Empieza a ser obvio el motivo de la vacancia; parece que hay una cuestión de intereses económicos personales de muchos congresistas, y eso no le gusta a nadie, por eso es tanta la indignación”, comenta Rafael Robles, periodista limeño residente en Madrid.

Los congresistas apoyaron por mayoría la destitución de Vizcarra, pero el ya expresidente ha encontrado el apoyo en la sociedad, que ha salido en masa a las calles con la sospecha de que tras este movimiento hay intereses políticos y económicos ocultos. “Esta vacancia parece más una trampa para el Ejecutivo, porque se estaban aprobando reformas y medidas que no les convenían a los congresistas actuales”, cuenta Robles. “Muchos congresistas que han votado a favor de la vacancia tienen intereses económicos fuera del Congreso”, explica el peruano, que cita el caso de las universidades privadas que fueron clausuradas por el anterior Gobierno por no cumplir unos criterios mínimos de educación, algo que pretende revocar ahora el Congreso, cuyos miembros son dueños de algunos de estos centros. 

Vizcarra había anunciado que en abril habría elecciones a la presidencia y que él no se presentaría, de ahí que los peruanos lo vieran como alguien serio y teman ahora que el nuevo Gobierno no cumpla la palabra del expresidente. Además, el país se encuentra profundamente sumido en la pandemia de coronavirus, y muchos ciudadanos argumentan que no es momento para experimentos políticos.

“Tal vez en otro momento hubiera sido posible pensar en una vacancia”, señala Robles, “pero faltando sólo cinco meses y en una situación como la que hemos vivido en la pandemia, probablemente con los peores datos del mundo en cuanto a muertes por población, lo que menos necesitamos ahora es una desestabilización política”, sentencia. 

Esta vez, el escritor Mario Vargas Llosa está de acuerdo con la mayoría de la sociedad peruana. El premio Nobel de Literatura sostiene que el Congreso de Perú “ha violado la Constitución” al destituir a Martín Vizcarra.

“Yo creo que la Constitución peruana es muy clara, un presidente puede ser acusado, pero solamente puede ser investigado al término de su mandato y clarísimamente el flamante Congreso ha violado la Constitución con esta medida”, declaró Vargas Llosa al diario El Comercio. El escritor lo considera “un hecho lamentable, como han señalado muchos juristas peruanos, entre ellos el ex primer ministro Pedro Cateriano, que ha titulado la actuación del Congreso de un verdadero golpe de Estado”.

Por su parte, Manuel Merino ha prometido huir de experimentos y formar un gabinete “técnico” y “neutral”, algo que no parece haber cumplido con el nombramiento del conservador Ántero Flores-Aráoz como primer ministro. Esto respondió Flores-Aráoz cuando en el documental La Espera: historia del Baguazo, de Fernando Vílchez, le preguntaron por la desigualdad en Perú y por la precariedad y la falta de recursos fuera de la capital, principalmente en la selva y en la sierra:

También es Flores-Aráoz quien lanzó un rap en 2015 totalmente sexista en el que anunciaba su propuesta estrella: cadena perpetua para los criminales.

“Es uno de los seres más despreciables”, comenta Kattya Cappelletti, comunicadora peruana, sobre Ántero Flores, actual premier del Gobierno. “Es una persona clasista, en contra de la unión civil, y dice que el feminicidio no existe”, se indigna la joven. A Cappelletti tampoco le convence en absoluto el nombramiento de Manuel Merino como presidente, a quien considera “incapacitado, sin preparación y, lo más grave, corrupto”. Como ella, miles de peruanos piensan así. 

Las manifestaciones en las calles no han dejado de crecer desde la destitución de Vizcarra. El martes, las protestas llegaron a la sede de Acción Popular en Lima, el partido de Manuel Merino, a quien los manifestantes tachan de “dictador” y de “rata” durante unas movilizaciones que se han extendido en varias ciudades del país. Sólo en Lima fueron detenidas 27 personas durante las protestas del martes.

Los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía se recrudecieron en el centro histórico de la capital después de que los participantes en las protestas intentaran llegar hasta el Congreso y fueran frenados por las fuerzas de seguridad, que les lanzaron gases lacrimógenos y bolas de goma.

Los manifestantes denuncian que hay policías infiltrados de civiles, ‘ternas’, que están causando disturbios para generar violencia entre los manifestantes. Dos días después, las protestas se repitieron con más fuerza.

El jueves, más de 15.000 personas se reunieron en la céntrica plaza de San Martín y, como cuenta Efe, una nube de gas lacrimógeno se cernió sobre ellos. Aunque durante varias horas la manifestación se desarrolló de manera pacífica, casi al final se produjeron fuertes enfrentamientos que, según numerosos ciudadanos, fueron iniciados por los policías.

La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, ha pedido a las autoridades fiscales de todo el territorio que velen por los derechos de los manifestantes, después de que se hayan reportado agresiones contra periodistas y manifestantes en general. Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo ha exigido al Gobierno de Merino que garantice el ejercicio del derecho a la movilización pacífica.

Pero, mientras tanto, el nuevo Gobierno de Perú justifica el uso de la fuerza en las protestas.

“El uso de perdigones está restringido, sólo bombas lacrimógenas se han utilizado, repito, después de una carga innecesaria contra la Policía”, ha dicho el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, durante una entrevista con la cadena peruana de televisión RPP.

Las protestas se han sucedido este jueves también en las principales ciudades europeas, entre ellas Madrid. La situación ya no sólo preocupa dentro, sino también fuera de las fronteras de Perú. 

El miércoles, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció su “profunda preocupación” por la crisis política que vive Perú, y ha pedido que el Tribunal Constitucional del país andino se pronuncie sobre la “legalidad” y la “legitimidad” de la destitución y el nuevo nombramiento presidencial. También Human Rights Watch (HRW) se ha pronunciado sobre la situación que vive Perú, alertando de que “amenaza el Estado de Derecho”.

De momento, con cacerolazos desde las casas, bocinazos desde los coches y lemas como “¡Merino, escucha, el pueblo te repudia!” y “Perú, te quiero, por eso te defiendo”, los ciudadanos llevan cuatro jornadas consecutivas expresando su desacuerdo con el ‘juego de tronos’ escenificado en el Congreso.

El caso de Vizcarra no es único en el Perú. La corrupción, y concretamente el caso Odebrecht, ha salpicado a los cuatro presidentes anteriores a Vizcarra: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y el propio Kuczynski, que fue detenido por un supuesto delito de blanqueo de capitales y actualmente está bajo arresto domiciliario. 

Toledo está encerrado en Estados Unidos y pendiente de extradición, García se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser detenido y Humala permanece en libertad provisional mientras continúan las investigaciones en su contra. 

La prisión también fue el destino de Alberto Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 y 2001, cuando también acabó destituido por el Congreso. Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en donde, amparándose en una supuesta operación antiterrorista, los militares asesinaron a una veintena de personas. Fujimori llegó a beneficiarse de un indulto aprobado por Kuczynski, pero sólo pasó nueve meses en libertad, el tiempo que tardó la Corte Suprema en anular el perdón presidencial.

Mientras tanto, y de vuelta a 2020, Perú sigue sumando contagios y muertes por el coronavirus. Con 35.301 fallecidos y 928.006 casos acumulados en la pandemia, antes de salir de una crisis, Perú ya se está metiendo en otra.