Por qué es tan grave que Israel declare "terroristas" a seis ONG palestinas

No hay periodista internacional que no las haya citado alguna vez como fuente fiable. No hay delegación diplomática internacional que no haya tenido contacto con ellas. Y, sin embargo, Israel acaba de declarar terroristas a seis ONG palestinas, a las que señala por apoyar y financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), un grupo que está en la lista negra del terror de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.

Este paso supone el fin de su actividad, de inmediato, que se cierre el grifo de entidades que investigan supuestas violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de Tel Aviv. Ojos cerrados que no ven lo que pasa. De ahí la gravedad del paso dado, ya no por los Ejecutivos del halcón Benjamín Netanyahu, sino por el nuevo gobierno de coalición que encabeza el primer ministro Naftali Bennet, ultranacionalista y exportavoz de los colonos. La comunidad internacional ya ha condenado lo ocurrido.

Qué se ha decidido

El pasado viernes, a través del Ministerio de Defensa, Israel calificó como “terroristas” a la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros (Addameer), el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y las organizaciones Al-Haq y Defensa Internacional de la Infancia porque “apoyan la actividad del FPLP y promueven sus objetivos”. Defensa señaló en un comunicado que estas instituciones fingen ser organizaciones civiles “pero en la práctica pertenecen y constituyen un brazo del liderazgo” del citado grupo, una facción armada de índole marxista nacida a finales de los años 60 que colaboró, por ejemplo, en el ataque a la delegación israelí en Juegos Olímpicos de Múnich de 1972.

Israel acusa a estas ONG de emplear a miembros del grupo, de “servir de tapadera para su promoción y financiamiento”, de recibir instrucciones directas de la organización y de desviar dinero donado por gobiernos europeos y organizaciones internacionales para “las actividades terroristas” del FPLP, incluyendo el pago de salarios a sus miembros y a familias de presos condenados por ataques.

“Estas organizaciones son parte de una red de organizaciones que, bajo el disfraz de actividades internacionales, dependen del FPLP para apoyar sus objetivos y promover sus actividades”, señaló el ministro de Defensa y ex jefe del Ejército local, Benny Gantz, en un comunicado. “Estas organizaciones se benefician de la ayuda de los estados europeos y organizaciones internacionales obtenidas de manera fraudulenta”, ahonda.

Israel no ha aportado pruebas de esa supuesta ayuda de las asociaciones a este grupo, sólo explica que tienen que cesar su actividad de inmediato, lo que supone también el sellado de sus oficinas y el fin del trabajo de campo de sus empleados a la hora de documentar casos de violaciones, desde ocupación de tierras o robo de recursos como el agua a derechos de los encarcelados, pasando por arrestos de palestinos menores de edad. Puede, con esta orden,  confiscar todo su material y arrestar a sus empleados.

Silencio y deslegitimación

El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina ha descrito el paso dado por Israel como “escandaloso” y ha denunciado que representa, a su entender, la última medida “de una campaña sistemática e implacable contra las organizaciones de la sociedad civil palestina y los principales defensores de los derechos humanos”.

No es nueva. En julio, por ejemplo, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España denunció que se estaban intensificando las detenciones de personal de cooperación, así como los allanamientos de oficinas. “La represión que ejerce el Estado de Israel forma parte de una estrategia global dirigida también contra las organizaciones internacionales de cooperación para el desarrollo y acción humanitaria que trabajan en Palestina”, lamentaba.

En abril, el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos presentó un informe con “las implacables campañas de desprestigio israelíes para desacreditar a los grupos de derechos humanos”, con una triple vertiente: “deslegitimar las voces críticas de la sociedad civil a través de “nombrar y avergonzar” y asociarlas con terroristas o antisemitas; presionar a cualquiera que dé una plataforma a su discurso, y presionar activamente para cortar sus fuentes de financiación”.

En España toca de cerca porque hace pocos meses Israel cerró los Comités de Trabajos para la Salud, una destacada ONG palestina donde trabajaba Juana Ruiz, la trabajadora humanitaria detenida desde hace más de seis meses. Las acusaciones contra Ruiz parten de su trabajo para esta organización, ilegalizada este año tras ser acusada de pertenecer al FPLP y desviar dinero europeo a las actividades del grupo.

De ahí que Exteriores haya llamado, de nuevo, a la comunidad internacional a defender los derechos de estas seis organizaciones, que dijo siendo perseguidas por Israel y están sufriendo “un asalto sin precedentes”, sin que se repare incluso en que están avaladas por la comunidad internacional por el dinero exterior que reciben.

El director de Al Haq, Shawan Jabarin, al que las autoridades israelíes han acusado de ser un miembro del FPLP, ha señalado que el movimiento de Defensa es “un intento de reprimir las críticas a las presuntas violaciones de los Derechos Humanos por parte de Israel”. “Es posible que puedan cerrarnos (la organización). Pueden apoderarse de nuestra financiación. Pueden arrestarnos. Pero no pueden detener nuestra firme e inquebrantable creencia de que la ocupación debe rendir cuentas por sus crímenes”, ha declarado al diario The Times of Israel este consultor, cuya entidad tiene un estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU.

La organización no gubernamental israelí Betselem, de lo poco que va quedando en pie, señaló que la decisión del Ministerio de Defensa “no es meramente declarativa” sino que “es un acto característico de regímenes totalitarios, con el claro propósito de cerrar estas organizaciones”.

La voz mundial más dura ya sido la de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian una decisión “espantosa”, “injusta” y “alarmante” que “amenaza” el trabajo de algunas de las oenegés palestinas “más grandes”. Un “ataque contra el movimiento internacional de derechos humanos”, afirman.

Las asociaciones afectadas por la medida sostienen que seguirán con su cometido hasta que Israel las pare.

Si no lo hacen ellas...

Si no denuncian estas ONG, es complicado que nadie más lo haga. La red de cooperación es amplia en Palestina, aunque se ha visto reducida en los últimos tiempos a causa de las crisis económica y sanitarias y del cansancio que genera el conflicto enquistado, sin resolver desde hace casi 80 años.

Aunque hay una importante presencia internacional en la zona, las ONG locales son esenciales a la hora de recopilar información y acceder a casos complicados, dada su cercanía, conocimiento del idioma y del terreno y conexiones con la sociedad civil. Más aún ante la situación de los territorios palestinos: Gaza cercado desde 2007, Cisjordania con un 62% de su territorio controlado por Israel y Jerusalén Este, ocupado y unido al resto de la ciudad.

El mundo mira

La Unión Europea acaba de pedir a Israel que aclare la designación de estas seis fundaciones humanitarias como organizaciones terroristas, dos de las cuales reciben fondos comunitarios. “Tomamos en serio las acusaciones, estamos investigándolas y estamos en contacto con las autoridades israelíes para que las aclaren”, ha informado el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano.

Desde EEUU, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, también ha anunciado que “se pondrá en contacto con los aliados israelíes para que proporcionen más información sobre estas designaciones”, antes de puntualizar que su país no recibió aviso alguno de esta decisión.

Y Naciones Unidas se ha sumado a esta petición, tras años de denuncias de “criminalización” del tejido asociativo palestino por parte de Israel.