Por qué es tan serio el órdago de Johnson y qué margen de actuación tiene ahora la UE

Boris Johnson ha usado el Brexit como su escalera hacia el cielo: hacia el liderazgo del Partido Conservador británico, hacia la oficina de primer ministro de Downing Street. El cuento de Bruselas ordeñando la vaca de Londres cuajó, el referéndum de 2016 salió adelante, luego defenestró a su compañera Theresa May y ganó las elecciones por mayoría absoluta. Un divorcio exitoso en lo personal. Ahora que las aguas vienen revueltas, que sus propios compañeros le han planteado una moción de censura -que ha ganado por poco-, que las encuestas le dan una popularidad de mínimos -24%-, que el partygate le ha estallado en la cara, lo rescata y se envuelve en la bandera del nacionalismo y el “nosotros, primero” para recomponer su imagen.

El órdago lanzado ayer contra la Unión Europea, al presentar un plan para Irlanda del Norte que viola lo acordado en el Brexit, alterando los protocolos ya pactados, busca el apoyo de los más conservadores, de los más antieuropeos, de los que lo auparon y de los que depende. No es nuevo: desde 2019, lleva amenazando con un Brexit duro si no se llegaba a un acuerdo en la frontera a su gusto. Sin embargo, Londres y Bruselas llegaron a un acuerdo, firmaron los documentos oportunos y ahora quedaba el desarrollo, los detalles. Que Johnson se salga por la tangente y plantee ahora otra salida es una violación de los acuerdos.

El protocolo y los cambios

El Parlamento de Londres trata desde ayer proyecto de ley que pretende anular unilateralmente partes del protocolo suscrito con la UE sobre Irlanda del Norte, que forma parte del acuerdo global del Brexit. El marco establece que este territorio seguiría vinculado al mercado único comunitario, por lo que las mercancías que crucen entre ese territorio y el resto del Reino Unido deben pasar controles aduaneros en los puertos de la región, de manera que se asegure que la frontera entre las dos Irlandas sigue siendo invisible, algo clave para el proceso de paz y las economías de las islas. Eso significa que, en la práctica, la frontera se ha desplazado al mar de Irlanda, con nuevos controles aduaneros a los productos que llegan a los puertos de Irlanda del Norte procedentes de la isla de Gran Bretaña.

Tras el Brexit, Irlanda del Norte está integrada en el mercado del Reino Unido y el de la UE al mismo tiempo. Ese estatus singular permite cumplir los acuerdos de paz de 1998 (los llamados del Viernes Santo), que exigen que no haya frontera entre las dos Irlandas, pero obliga a la región británica a cumplir leyes y decisiones judiciales europeas. El Ejecutivo de Johnson repudia ahora ese arreglo y quiere recuperar la soberanía que aún mantiene la UE en Irlanda del Norte. Exige reducir el papel de las instituciones comunitarias en la provincia, en particular el arbitraje del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y evitar que las empresas norirlandesas deban cumplir las normas de subsidios comunitarias.

La respuesta del Gobierno británico ha venido siendo, hasta ahora, extender unilateralmente los periodos transitorios y retrasar la puesta en práctica de los controles, básicamente. El pasado septiembre, Johnson volvió aplazar por tercera vez de manera unilateral estos controles tras el Brexit, asunto que ya había provocado la apertura de un expediente al Reino Unido en Bruselas.

En una cumbre del G7 del año pasado, Johnson aseguró que no dudaría en aplicar el artículo 16 del protocolo, que prevé que una de las partes tome medidas si cree que el pacto provoca “serias dificultades económicas, sociales o medioambientales”. Según arguyó Londres, los controles aduaneros que se pactaron entre Irlanda del Norte y el resto del país generan demasiadas fricciones en su mercado interno. Se supone que lo había negociado su propia gente, que él lo firmó sabiendo lo que había. Aferrarse a ese artículo es romper la baraja. Tras eso vino un otoño-invierno de negociaciones, sin avances, enredadas desde febrero por la crisis generada por la guerra de Ucrania.

Ahora Boris vuelve a la carga. Quiere cambiar el protocolo para facilitar el flujo de algunas mercancías desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte, dijo ayer su oficina. Sostiene que “no hay otra forma” de salvaguardar los intereses esenciales del Reino Unido y que el término “necesidad” se usa en el derecho internacional para justificar situaciones en las que “la única forma en que un estado puede salvaguardar un interés esencial” es inaplicando, o violando, otra obligación internacional. O sea, que es la vía para escaparse de lo ya firmado, sin consecuencias. Insiste en que las medidas adoptadas no deben “perjudicar gravemente” los intereses esenciales de otros Estados, pero en su momento dijo sí, y lleva meses negociando sobre esos documentos. Ahora el debate cambia y se lleva al Parlamento.

La promesa del premier suena al populismo que usó en la campaña del refrendo. Habla de eliminar el papeleo “innecesario” en los controles de mercancías y que las empresas de Irlanda del Norte tengan las mismas exenciones fiscales que las del resto del Reino Unido, habla de “garantizar” que cualquier disputa comercial se resuelva mediante un “arbitraje independiente” y no por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tanto sarpullido le causa.

Su responsable de Relaciones Exteriores, Liz Truss, dijo ayer que el plan del Gobierno es “una solución práctica y razonable a los problemas que enfrenta Irlanda del Norte” y que Reino Unido “sólo podría avanzar mediante negociaciones si la UE está dispuesta a cambiar el protocolo en sí”. Y agregó: “Por el momento, no es así”. “Tenemos muy claro que estamos actuando de acuerdo con la ley”, dijo, convencida, aunque aboga por una “solución negociada” con la UE como vía predilecta, que evite la necesidad de que el proyecto de ley se convierta en ley. En su justificación legal para este nuevo proyecto de ley, citó el Artículo 16, una cláusula en el protocolo que permite a cualquiera de las partes tomar medidas de salvaguardia si la aplicación del texto genera serias dificultades económicas, sociales o ambientales que restringen el comercio.

Esa nueva frontera en Irlanda del Norte ha enfadado también a los unionistas norirlandeses, que denuncian que ponen en peligro la integridad territorial del Reino Unido. Ya lo venían avisando, que si no se cambiaba el texto no ayudarían a formar el Gobierno compartido en la zona, que exige el acuerdo de paz de 1998. Y lo han cumplido: el mes pasado hubo elecciones, que ganó por primera vez en la historia el Sinn Féin, y necesita del Partido Unionista Democrático (DUP) para que sea su segundo en el gabinete, como dicta la ley. El DUP presiona: o se cambia el protocolo o no entran. Este factor ha sido también muy importante en el nuevo paso dado por Johnson.

“No creo que lo que propone el gobierno sea ilegal. Creo que es una solución y eso es lo que necesitamos: soluciones (...) Tenemos un fuerte apoyo de todo el sindicalismo para la posición que estamos tomando (...) Creo que nuestra presión es ver avances y continuaremos trabajando con el gobierno para garantizar que esta legislación progrese”, dijo anoche el líder del DUP, Jeffrey Donaldson.

“Este proyecto de ley defenderá el Acuerdo de Belfast (Viernes Santo) y apoyará la estabilidad política en Irlanda del Norte. Pondrá fin a la situación insostenible por la que los norirlandeses reciben un trato diferente al del resto del Reino Unido, protegerá la supremacía de nuestros tribunales y nuestra integridad territorial”, dijo la ministra Truss al presentar el proyecto.

No todos piensan igual: tres partidos en Irlanda del Norte -Sinn Féin, Alliance y SDLP-, defienden que el protocolo es necesario para mitigar los efectos del Brexit en Irlanda del Norte. Entre las fuerzas sindicales hay cierta división, también. Michelle O’Neill, la líder del SF, acusó a Boris tras conocer sus planes de crear más inestabilidad e incertidumbre. “Su acción es ilegal, está en clara violación del derecho internacional, independientemente de los detalles”, denunció. Procede recordar que los norirlandeses votaron mayoritariamente en contra del Brexit, un 56% optó por el stay. A su entender, el protocolo estaba funcionando y al DUP de bloquear la formación de un Ejecutivo en Irlanda del Norte.

Lo que dice Bruselas

En la Unión Europea el cansancio es mucho. Se acumulan los meses de amenazas, de negociaciones sin avances, en un contexto en el que las preocupaciones deberían ser otras, de Ucrania a la pandemia, pasando por el plan de recuperación o la defensa común. El desacople del Estado 28 está siendo complicado.

La actitud de Johnson no es nueva y a la Comisión no le ha pillado por sorpresa el anuncio de ayer. Tenía la respuesta preparada y es contundente: va a reactivar la vía judicial y se niega a renegociar lo ya pactado. “La Comisión considerará continuar el procedimiento de infracción abierto en marzo de 2021 contra el Gobierno de Reino Unido. Suspendimos esa acción en un espíritu constructivo de cooperación para dar espacio a la búsqueda de soluciones conjuntas, pero la acción unilateral de Reino Unido va directamente contra ello”, indicó el comisario Maros Sefcovic, responsable de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva.

“Renegociar el protocolo no es realista. No se ha encontrado ninguna solución funcional para este equilibrio delicado y ampliamente negociado. Cualquier renegociación supondría mayor incertidumbre para los ciudadanos y empresas de Irlanda del Norte. Por estas razones, la Unión Europea no renegociará el protocolo”, añadió Sefcovic, en una declaración.

Las sanciones van por otro camino. El primer expediente contra Londres se abrió en marzo de 2021 ante los primeros planes de Londres de saltarse el protocolo, pero que había paralizado en julio de ese mismo para dar espacio a negociaciones. Sin éxito, como se ve. Al expediente ya abierto se podría uno adicional, para “proteger el mercado único europeo de los riesgos que crea la violación del protocolo para las empresas de la UE y la salud y seguridad de los ciudadanos europeos”, explicó el también vicepresidente de la CE.

Este proceso, que Bruselas emplea para vigilar que los Estados miembros cumplen las directivas comunitarias, puede acabar en última instancia en la imposición de una multa diaria al Reino Unido por parte de la justicia europea si una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE así lo determina, indica EFE. El viernes habrá una reunión del colegio de comisarios europeo y se examinará lo ocurrido.

¿Una guerra comercial?

Esta guerra tiene mucho de política, del momento caliente que se vive en Reino Unido, pero tanto en Bruselas como en Londres se dice que los líderes de un lado y del otro del Canal de la Mancha no tienen ninguna intención de iniciar una guerra comercial. Tienen muchos problemas para añadir el Brexit a su agenda diaria.

Lo que se espera es que haya una respuesta de la UE que sea seria, suficiente, pero no exagerada, que irrite a Johnson. Bruselas ruega al Reino Unido que vuelva a la mesa de negociaciones y hasta el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, llamó anoche a su homóloga británica, Truss, y le pidió que se avenga a negociar una solución.

Tratando de mostrar un tono conciliador, Sefcovic avanzó que se presentará “pronto” con mayor detalle su “modelo para la implementación flexible del protocolo”, que se base en “soluciones duraderas ya contenidas” dentro de este documento. “Esto demostrará que existen soluciones a los problemas planteados por las empresas y ciudadanos de Irlanda del Norte”, apuntó el comisario, en contraposición a su rechazo a renegociar un protocolo que llevó “incontables horas de negociaciones intensivas y línea a línea” antes de llegarse a un acuerdo. El proceso sancionador no tiene por qué detenerse, mientras todo esto se trata en los despachos.

Se ven posibilidades de avances en la creación de corredores aduaneros, que es donde las dos partes están más cercanas, pero los gestos de ayer no ayudan a que se hable con calma.