Por qué en México están desapareciendo y muriendo tantos periodistas
En lo que va de año, han sido asesinados nueve reporteros.
Las autoridades mexicanas hallaron hace unos días los restos de Salvador Adame, más de un mes después de que un grupo de agresores armados secuestrara presuntamente al veterano reportero de televisión en el Michoacán, uno de los Estados de México más acosados por la delincuencia y el crimen.
Estamos a mediados de año y la muerte de Adame ocupa el noveno lugar en la lista de periodistas asesinados en 2017 en México, que ahora se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Esta nefasta cifra incluye al menos a cuatro reporteros asesinados como clara venganza por su trabajo, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Un amigo y colega de Adame lo describió como un "crítico frecuente de los funcionarios municipales" que cubría actualidad y política regional como director de la cadena local 6TV. Su asesinato sigue el rastro de una tendencia de amenazas y violencia que va agravándose cada vez más contra los profesionales de los medios en una nación desgarrada por las drogas.
Unos meses antes, Miroslava Breach Velducea, una reportera de crímenes del periódico La Jornada, fue asesinada en la puerta de su casa en el Estado de Chihuahua, al norte. El agresor —todavía desconocido— la disparó ocho veces delante de uno de sus hijos.
La muerte de Breach, "en un acto calculado de violencia extrema, deja profundamente herido al mejor periodismo de Chihuahua y muestra cuán grave es la descomposición de un Estado que se desangra por la impunidad con la que actúan los corruptos y los criminales desde hace años", publicó La Jornada en su obituario. "No es la muerte de una periodista más, es la muerte de nuestra sociedad, que poco a poco se ha estado acostumbrando a que asesinen a sus mejores personas, silenciándolas de muy diversas maneras".
Al parecer, el atacante dejó una nota en la escena del crimen que decía: "Por lengua larga".
Los datos del CPJ revelan que la mayoría de los periodistas asesinados en México en las últimas décadas se encargaban principalmente de informar sobre el crimen y la corrupción; y se cree que la mayoría de ellos fueron asesinados por delincuentes que trataban de silenciar sus críticas.
Es cierto que, en muchos casos, lo han logrado.
"El miedo y la autocensura de los periodistas sigue siendo muy, muy fuerte", explica al HuffPost EE UU Emmanuel Colombié, director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en Latinoamérica. Algunos periodistas se han ido de México y otros han dejado los medios después de recibir amenazas y de la violencia que hay contra los miembros de la prensa mexicana, señala.
En el Estado fronterizo de Tamaulipas, por ejemplo, "quedan muy pocos periodistas". "Cualquier tipo de noticias tiene que estar basado en comunicados oficiales y notas de prensa del Gobierno", afirma Colombié.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017 de RSF, México se sitúa en el puesto 147 de 180 países, debido a la "impunidad y la corrupción que reinan en el país".
Los secuestros y asesinatos de periodistas en México suelen quedar impunes debido al círculo de corrupción e impunidad que se retroalimenta, de acuerdo con el CPJ.
"La impunidad endémica permite a los grupos criminales, los funcionarios corruptos y los carteles de la droga silenciar a sus críticos", explica la organización en un informe especial publicado en mayo.
La corrupción de alto nivel y el crimen organizado, que incluye la violencia de los carteles, empañan desde hace tiempo la continua lucha contra las drogas en México. Pero estas cuestiones, tan descontroladas y relevantes, se están volviendo especialmente peligrosas para los periodistas que informan de ellas.
"En ciertos Estados, a nivel local los carteles pueden tener influencia directa en las instituciones políticas", asegura Colombié. "Pueden dar órdenes directas a las autoridades locales. Los poderosos gobernadores usan en algunos Estados sus conexiones con organizaciones locales para castigar a los periodistas que investigan cualquier tema que pueda afectarles de forma negativa. Es una situación muy complicada".
Según un informe del International Crisis Group, los gobernadores del Estado se encuentran entre las autoridades públicas de menos reputación en México. Al menos 11 gobernadores han sido investigados desde 2010 por corrupción, ya sea por fraude, blanqueo de dinero, nepotismo y vínculos con los carteles de la droga.
"Obviamente, si no se coge a los responsables de estos crímenes contra los periodistas ni se les lleva ante la justicia, las cosas seguirán igual", sostiene Colombié. "Si no luchamos contra la impunidad, no resolveremos el problema, pero hay una falta de voluntad política al más alto nivel".
La periodista mexicana Adela Navarro Bello resumió la inquietante situación de sus colegas en un solemne artículo para el CPJ:
Después de la indignación internacional que provocó el espantoso asesinato del renombrado periodista de investigación Javier Valdez en mayo, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto prometió por primera vez que reforzaría los mecanismos de protección para los activistas que defienden los derechos humanos y los periodistas.
"La violencia perpetrada contra periodistas y defensores de los derechos humanos ha abierto una profunda herida en nuestra sociedad", añadió. "Lo que la gente espera son resultados y una lucha contra la impunidad".
Las organizaciones en defensa de la libertad de prensa celebraron sus palabras, pero han observado poco cambio real hasta la fecha y temen que se traten de "declaraciones por obligación" ahora que se acercan las elecciones generales en México, que tendrán lugar en 2018.
"Elogiamos este comunicado del presidente, pero lo importante ahora es hacer un seguimiento", afirma Colombié. "Necesitamos ver una acción concreta y una reforma que proteja a los periodistas".
México también creó hace más de una década una fiscalía especial para investigar delitos contra la libertad de expresión, pero la institución ha sido básicamente ineficaz a la hora de tratar esta crisis.
Entre febrero de 2016 y febrero de 2017 se abrieron 123 casos, entre ellos 10 homicidios, pero sólo ha habido tres condenas.
La capacidad de esta agencia para llevar a cabo investigaciones independientes de la autoridad del Estado es más efectiva sobre el papel que en la práctica, según el CPJ, y además muchos periodistas tienen miedo o dudas de denunciar crímenes.
"Es una trágica realidad", señala Colombié. "Los periodistas están asustados y no confían en que las autoridades los protejan, así que, directamente, dejan de trabajar como periodistas y se quedan callados".
Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' EEUU y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano