Por qué defendemos la regulación del cannabis

Según el CIS la mitad de la población española es favorable a la legalización del cannabis. Un porcentaje que sube hasta un 90% de aceptación cuando hablamos de los fines únicamente terapéuticos de esta regularización. Y no, no se trata de una medida que abra la puerta a las drogas, aunque muchos se empeñen en ridiculizar así un movimiento que supondría enormes beneficios para la economía, la salud y la industria de nuestro país.

Las cifras que arroja el informe elaborado por la Unidad de Políticas de Drogas de la Facultad de Psicología de la UAB son indiscutibles: el Estado recaudaría 3.312 millones al año en concepto de impuestos y cotizaciones a la seguridad social gracias a la legalización. Se regularizarían 101.569 puestos de trabajo para producir los 820.597 kilogramos necesarios para abastecer la demanda legal. El volumen de negocio total podría superar los 8.514 millones de euros anuales. Todo ello sin contemplar las incautaciones anuales –solo muestra los datos de aquello que está regulado–, por lo que se calcula que estas cifras podrían multiplicarse al menos por tres.

Lo que Unidas Podemos propone es recuperar para las arcas del Estado un tejido productivo, una industria creciente que, a pesar de la regulación actual, ya dispone de un desarrollo y una capacidad de producción digna de poner en valor. España no solo cuenta con seis ferias anuales dedicadas al cultivo de cannabis. Nuestra industria de cultivo es de las más importantes del mundo y somos referentes internacionales en I+D. Hasta un 40% de las hibridaciones genéticas que se venden en todo el planeta han sido diseñadas en España. Nuestros bancos de semillas, las empresas productoras de CBD (cannabis no psicoactivo) y nuestra producción de cáñamo han llegado a suministrar a países enteros. Reducir nuestra intención de regularizar el cannabis a una simple cuestión de uso recreativo es una burla a una industria que supondría enormes beneficios para nuestra soberanía.

En un país con un grave problema productivo en sus regiones interiores, asoladas por la emigración masiva y la ausencia casi total de infraestructuras, un cultivo como el del cannabis supondría un gran paso adelante en la recuperación de esta España vaciada. Como ejemplo, Garray, a 9 kilómetros de Soria. Este municipio de unos 800 habitantes albergaba hasta hace poco el mayor invernadero de rosas de Europa, un negocio que daba trabajo a más de 200 personas. Al fracasar el proyecto se ha optado por el cultivo de cannabis medicinal, autorizado por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) y logrando así que el pueblo soriano conserve los puestos de trabajo y consiga unas perspectivas de futuro que actualmente gran parte de la España interior no tiene.

Esta ley pretende dotarnos de los instrumentos legales y financieros adecuados para poder replicar este ejemplo en otros territorios de la España vaciada sin necesidad de acudir a inversiones extranjeras para potenciar el sector. Además supone una gran oportunidad para acabar de una vez con el modelo productivo actual, que condena al mundo rural a vivir de actividades de bajo valor añadido. Una industria cannábica sostenible supondría un revulsivo para el florecimiento de actividades económicas ligadas a la misma: centros de investigación ―sanitaria, socioeconómica―, actividad comercial, experiencias gourmet, visitas educativas a los cultivos… las posibilidades ligadas y las derivadas de una industria así son incontables.

En el aspecto estrictamente sanitario son múltiples los beneficios que se pueden obtener de una industria del cannabis al servicio de la soberanía de un país como el nuestro. Las condiciones climáticas en España favorecen una producción al alcance de muy pocos países. Y de una producción propia y una actividad de investigación rigurosa y regulada podrían derivarse productos farmacéuticos tremendamente útiles para el tratamiento de enfermedades de toda índole.

Aunque España no dispone actualmente de datos como los que se dan en Estados Unidos, donde unas 200 personas mueren al día por sobredosis de opiáceos, los datos alertan de una peligrosa tendencia en este sentido, puesto que somos uno de los países de Europa con mayor consumo de opiáceos y las muertes por fallecimientos causados por este fármaco ya superan a los producidos en accidente de tráfico, como denunció el Servicio de Psiquiatría del Niño y adolescente del Hospital Gregorio Marañón. El uso terapéutico del cannabis, además de los de sobra conocidos usos como la mitigación del dolor en enfermedades crónicas o terminales y en procesos oncológicos, podría desplazar al uso de unas sustancias opiáceas que generan adicción a medio y largo plazo para sustituirlas por una alternativa natural sin riesgo de adicciones.

La legalización del cannabis permitirá, además, abandonar el modelo de cultivo clandestino de interior que es muy intensivo en el consumo de recursos como luz, calor artificial, sistemas de ventilación y humedad artificiales, etc. Estas técnicas de cultivo clandestino tan poco sostenibles son fruto de las políticas prohibicionistas, pero una legalización inteligente como la que propone Unidas Podemos permitirá recuperar los cultivos tradicionales en exteriores o en invernaderos, mucho más sostenibles que los actuales.

Por eso nuestro Proyecto de Ley de Regulación Integral y Control del Cannabis es Personas Adultas prevé prohibir la producción en interior para empresas que no generen el 90% de la potencia eléctrica de fuentes de energía renovable de la propia empresa productora. El objetivo es fomentar los cultivos al aire libre y en invernadero ya que tienen un impacto menos perjudicial en el medio ambiente y una huella de carbono extremadamente baja. Estas medidas junto con un correcto paquete de estímulos fiscales permitirán fomentar modelos de cultivo que prioricen la pequeña escala frente a los monocultivos, asegurando su viabilidad económica y, por tanto, fomentando el desarrollo económico rural y la salud ambiental.

Defendemos una regulación que garantice una información amplia, contrastada, independiente y controlada sobre el consumo, qué efectos tiene, qué consecuencias puede ocasionar ―del mismo modo que lo hacemos con el alcohol―. Que permita la libertad, pero no la libertad como mera capacidad de elección, sino como medio para que las personas tengan la información y los medios para decidir qué quieren hacer.

La elección se hace en soledad, la decisión en común. Decidir es algo más que simplemente elegir entre A o B, implica tener una autonomía suficiente como para que la elección sea lo más libre posible. En definitiva, un proyecto de ley para fomentar la autonomía personal en la toma de decisiones, acabar con la delincuencia asociada a la clandestinidad y crear un motor real de desarrollo sostenible.