Podemos rompe el Pacto de Toledo con las recomendaciones casi cerradas

• Revalorización de las pensiones según el IPC real (con la media de la inflación anual).
• Déficit de la Seguridad Social: Acabar con el déficit y con la política de préstamos del Estado en 2025 y valorar que el Estado contribuya a financiar los déficit de los regímenes especiales.
• Separación de fuentes de financiación: El Estado abonará con transferencias directas los gastos impropios del sistema, como bonificaciones y prestaciones como maternidad o paternidad, complementos a mínimos y ayudas universales de sanidad o servicios sociales.
• Aportación del SEPE: Estudiar la conveniencia de redistribuir los porcentajes de cotizaciones sociales elevando los destinados al sistema de pensiones y reduciendo el dirigido al SEPE (Servicio Público de Empleo).
• Deuda histórica: Resolver la situación de los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social, analizando compensarlos con el traspaso de patrimonio e inmuebles a las administraciones (Comunidades Autónomas) sin menoscabo de los derechos económico-patrimoniales de la Seguridad Social.
• Período de cálculo: Se amplía más allá de los 25 años a los que se llegará en 2022, llegando incluso a toda la vida laboral, y permitiendo escoger los años más favorables en casos de largas carreras de cotización.
• Pensiones de viudedad: Las mejoras en la base de reguladora deben ser financiadas por transferencias del Estado. Deben mejorar para mayores de 65 para los que sea su principal fuente de ingresos y, en cambio, establecer una prueba de rentas que evalúe la situación financiera de la unidad familiar en el resto de los casos.
• Pensiones mínimas: Incremento hasta un umbral mínimo pero de forma equilibrada, para que las nuevas cuantías complementarias no sean superiores a las que marquen las mínimas de las pensiones no contributivas para no desincentivar la cotización.
• Edad de jubilación: Acercar la edad real de jubilación a la edad legal, endureciendo los requisitos para acceder a la anticipada e incentivando el envejecimiento activo.
• Suficiencia: Concretar qué es una pensión suficiente, con un mecanismo que puede ser una tasa de sustitución que relacione la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores.
• Fondo de Reserva: Situar su dotación mínima en el 7 % del gasto anual en pensiones contributivas y sujetarlo a una regla endurecida de disponibilidad.
• Lagunas de cotización: El Estado debe compensar la falta de cotización de colectivos, como las mujeres que cuidan de personas dependientes, con medidas para evitar los vacíos de cotización involuntaria, permitiendo el 'traslado o reparto' de cotizaciones.
• Control del fraude: Luchar contra la economía sumergida para que afloren empleos en ámbitos específicos, como el de empleados del hogar, y proteger a los colectivos vulnerables, como los becarios, trabajadores sin afiliación o autónomos económicamente dependientes (trade).
• Previsión social complementaria: Fomentar planes de pensiones empresa de pensiones vinculados a los organismos sin ánimo de lucro sin descartar incentivos fiscales.
• Jóvenes: Garantizar las carreras de cotización de los jóvenes que trabajan de forma discontinua y mejorar el control de la inspección de trabajo sobre los becarios.
• Autónomos: Que los autónomos coticen por sus ingresos reales, mejorando también la protección del colectivo y con derechos como jubilación anticipada y el trabajo a tiempo parcial.
• Sistemas especiales: Culminar su integración en el Régimen General, analizando los incentivos (bonificaciones o reducciones) para ver si es necesario mantenerlos o reordenarlos y simplificarlos.
• Rendir cuentas al Pacto de Toledo: Que el Gobierno de turno cada año dé cuenta del cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo e informe de las medidas que piensa implementar para cumplirlo.
• 'Impuesto al robot': Encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales, teniendo en cuenta que la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no un aumento del empleo.