Claves para no perderte en el último viacrucis judicial de Podemos

Juan José Escalonilla está investigando si Unidas Podemos se ha financiado de manera irregular. El titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid tiene indicios de que el partido incurrió en delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida cuando contrató los servicios de la agencia de comunicación política Neurona Comunidad S.L. para la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

Esos posibles delitos, sin embargo, no están señalados en los autos del juez, donde solo aparece una genérica calificación de “malversación”. La supuesta financiación irregular de los morados está basada en el testimonio del exabogado de la formación José Manuel Calvente, sobre quien pesó una denuncia por acoso sexual que terminó siendo archivada. Este letrado, despedido en diciembre de 2019, es quien denunció las supuestas prácticas irregulares del partido que Escalonilla admitió a trámite.

Calvante, no obstante, basó sus acusaciones de financiación irregular el 29 de julio ante el juez en “rumorología a nivel de militancia”, según informa este jueves La Sexta, que ha accedido a parte de la declaración —de cerca de tres horas— y que reapareció este miércoles por sorpresa en el juzgado tras solicitarla la ultraderecha de Vox, formación personada en la causa como acusación popular.

Escalonilla, además, mantiene en la causa al propio partido como persona jurídica en calidad de investigado (antigua condición de imputado). También al responsable de comunicación y director de campaña —y actual colaborador de Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno—, Juan Manuel del Olmo; al tesorero de la formación, Daniel de Frutos y a la gerente, Rocío Esther Val. La trabajadora Andrea Dedoto completa el círculo de llamados por Escalonilla.

Estas comparecencias llegarán el 20 de noviembre tras la declaración del propio Calvente; de Gloria Elizo, actual vicepresidenta tercera del Congreso y exresponsable del equipo legal de Podemos, y de Mónica Carmona, otra de las antiguas abogadas moradas despedida en diciembre junto a Calvente. Las dos últimas se sentarán ante Escalonilla en septiembre. Estas son las claves para no perderte el último viacrucis judicial de los morados.

¿Cómo empezó el caso?

La denuncia del exbogado Calvente, quien formó parte del equipo legal de Podemos, fue el pistoletazo que inició la causa que investiga la financiación de los morados. Según contó el exletrado, la abogada Mónica Carmona y él mismo fueron despedidos del partido cuando investigaban supuestas irregularidades contables en el seno de la formación.

Esas irregularidades habrían consistido, según él mismo, en gastos sin justificar o incluso no previstos en las cuentas del partido. Calvente también apuntó al pago de sobresueldos. Del mismo modo, el abogado dirigió sus sospechas a Neurona Comunidad S.L, la agencia de comunicación con la que los morados habían trabajado en varias campañas electorales.

El denunciante sostiene que se enteró de las presuntas irregularidades contables del partido gracias al cargo que ocupaba en Podemos. “Son comentarios y rumorología a nivel de militancia, sobretodo de militancia”, dijo ante Escalonilla sobre la manera en que comenzó a tirar del hilo.

¿Qué denuncia Calvente?

Según Calvente, Podemos realizó contratos ficticios, entre otros, con Neurona. El exletrado aseguró que estos contratos de la campaña electoral son, desde el punto de vista jurídico, “lo más grave” de todas las irregularidades que denuncia ante la Justicia.

El supuesto fraude de los contratos con la agencia de comunicación está basado en la aparición de unos borradores del contrato sin sello ni firma fechados antes de que este se formalizara. Podemos explica que esos borradores han de contener un error en la fecha, puesto que la coalición electoral que debía firmar el contrato ni siquiera estaba constituida por ese entonces.

Cuando el juez Escalonilla preguntó a Calvente quién le contó que el partido formalizó esos contratos fantasma, este respondió que fue “personal de informática”. El exabogado apuntó incluso que “una persona de finanzas” le comentó que “veía cosas raras en las cuentas del partido”, según su testimonio recogido por La Sexta.

En su declaración ante el juez Calvente fue incapaz de asegurar de forma categórica que el partido ha incurrido en las prácticas que él mismo denuncia. Las acusaciones que vertió las hizo de oídas. Dijo al juez que una senadora le había informado de que esta había donado 2.000 euros, pero que Hacienda le aseguraba que el partido hizo figurar 5.000. “Esto es muy raro”, le contó la senadora a Calvente, según su propio relato con el que ahonda la sospecha sobre el partido.

¿Cuál es el origen de la supuesta caja b?

El exletrado señala que el partido constituyó una ‘caja b’ sin fiscalizar con lo que Podemos denomina ‘caja de solidaridad’. En esta última, los cargos del partido depositan una parte del sueldo y los donativos que hacen al partido. Los cargos públicos morados adquirieron el compromiso de ceder una parte de su sueldo a la formación para que sus ingresos no superasen un cierto rango, en su momento tres veces el salario mínimo.

El resto lo administra la formación en esa caja para inversiones en causas sociales que según Juan Carlos Monedero ha servido para paliar los efectos del coronavirus entre los más desfavorecidos. Calvente va más allá y denuncia que no consta si se abonaron 50.000 euros que el consejo de coordinación del partido aprobó pagar de esa caja de solidaridad a la empresa #404 Comunicación Popular. El exabogado cree que, por ese motivo, puede haber blanqueo y financiación ilegal. Podemos sostiene que el uso de ese dinero está acreditado en sede judicial, incluido el pago y destino de los 50.000 euros.

¿Cómo encara el partido la causa y qué efecto tendrá la investigación?

La investigación del titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid ha extendido la sombra de la sospecha sobre la formación. La pátina de recelo permanecerá sobre los morados, en el mejor de los casos, todo el otoño. El peor escenario es una condena por supuesta corrupción que los responsables del partido no contemplan, puesto que achacan la investigación a una causa política contra el partido.

La cúpula morada cree que las pesquisas de Escalonilla quedarán en nada. El partido dirigido por Pablo Iglesias ha pedido en reiteradas ocasiones la nulidad de la investigación tras denunciar indefensión en el proceso por no haber recibido de manera íntegra la declaración de Calvente hasta este jueves.

La ultraderecha de Vox, personada en la causa como acusación popular, usará la investigación de la financiación de Podemos como arma en la moción de censura que presentará en septiembre contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ciudadanos ha instado al PP a sumarse a su solicitud de comparecencia de Pablo Iglesias en el Congreso sobre este asunto.

El presidente del Gobierno se escudó este miércoles en el “máximo respeto a la independencia de los jueces” cuando se le preguntó por la causa que afecta a su socio de Gobierno tras su despacho con Felipe VI en Marivent.

Este no es el único caso que persigue a los morados en los tribunales. El ‘caso Dina’ afecta directamente al líder del partido, Pablo Iglesias, y continúa generando informaciones que cuestionan el papel del vicepresidente segundo del Gobierno. Además, la acumulación de causas judiciales llega en un mal momento político para los morados tras el descalabro del 12-J.

Desde los comicios autonómicos de Galicia y Euskadi, donde Podemos perdió su base electoral de hace cuatro años en favor del BNG y de Bildu, los morados buscan mayor implantación territorial. Otra de sus obsesiones es terminar con las luchas internas.

Algunas voces de la formación, sin embargo, comienzan a hablar abiertamente de la sucesión de Iglesias. El problema es que ninguna figura clara se abre paso a pesar de que el nombre de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, suena con mucha fuerza tras la salida de esta del Partido Comunista de España.