Pacto Migración & Asilo 2019/2024: hechos vs. percepciones

En los últimos días de enero se celebró en Bruselas el llamado miniPleno, en que el Parlamento Europeo (PE) consumó, con gran pesar entre quienes echaremos de menos a los laboristas británicos, el Acuerdo de Retirada del RU de la UE, broche final del Brexit, asunto del que me ocupé en mi anterior post semanal. Pero, además, la Presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen (VDL), presentó ante el Plenario extraordinario del PE su Plan de Trabajo (Comm Working Plan) en el primer ejercicio de su mandato 2019-2024. Como es fácilmente explicable, asunto principal de este Debate fue el Green Deal y la estrategia de movilización de recursos (¡hasta un billón de euros, públicos y privados!) para que la UE lidere -y lo haga leading by example- la lucha contra la emergencia climática y la reducción de gases y CO2 para hacer del nuestro un espacio neutro en emisiones de carbono para antes de 2050.

Pero también hubo margen para debatir otros vectores, entre los que sobresale el de la mirada europea a migraciones y asilo, requerida no solo de cambios sino de compromiso.

La situación no solo es del todo insostenible -más de 40.000 personas hacinadas en HotSpots y campos insalubres en las islas griegas, con capacidad para apenas 5.000; 9.000 de ellos niños; 2500 de ellos menores no acompañados (MENAs)-. Pero resulta que es también en todo contraria a Derecho. Contradice, efectivamente, el Derecho internacional del Mar (codificación operada en las instituciones especializadas de Naciones Unidas, N.U) y el Tratado de Lisboa (la regla de “solidaridad” del art. 80 TFUE y el derecho de asilo del art. 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE). Y es, asimismo, incompatible con el Derecho europeo actualmente en vigor, legislado por el PE en el llamado Asylum Package: EASO-Oficina Europea de Asilo. Estatuto de Asilado & International Protection, Procedures Directive Qualification Directive, Reception Conditions, Resettlement/Resentamientos, Eurodac...y el Reglamento de Dublín, que determina la responsabilidad de tramitar la demanda del E.M. de primera entrada en el territorio de la UE, y de cuyo desbloqueo en lo relativo a la solidaridad y responsabilidad compartida depende la viabilidad de todo el Sistema Europeo de Asilo Común, (SECA).

En atención a este cuadro de situación totalmente inaceptable, la comisaria de Interior, Ylva Johansson, hubo de enfrentarse también a un debate monográfico sobre esta interminable crisis humanitaria que sigue teniendo epicentro en las Islas Griegas (el Campamento de Moria en Lesbos, Samos, Kyos...). Y fue este un debate conexo, inevitablemente, a la expectativa generada por el anuncio de la comisaria de su intención traer al PE un nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, que emplace y vincule a la UE en las coordenadas acordadas por la Conferencia convocada por NU en Marrakech (los llamados Global Compacts on Migration & Asylum de 2018), y del que, lamentablemente, continúan desentendiéndose algunos EE.MM. de la UE.

En ese acalorado debate volvió a ponerse de manifiesto -por enésima vez- la importancia de contar con datos y hechos contrastados -análisis desde la experiencia-, antes de abandonarse a una espiral de confusión en la que lugares comunes acríticamente asumidos se hacen pasar por verdades, por más que un examen serio refute su falsedad.

Ése resulta ser el caso de la engañosa especie, ampliamente extendida, de que la migración irregular ese halla “fuera de control”, y que equivale a una “invasión” ante la que la política de “expulsiones” y “retornos” de la UE fracasa clamorosamente. Una reciente comparecencia de la nueva DG Home (Directora General de Interior en la Comisión), Monique Pariat, ante la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE (Comisión LIBE, que presido), permite arrojar alguna luz sobre prejuicios carentes de correspondencia con la realidad de las cosas, por más que sean muchos los heraldos de la extrema derecha xenófoba y reaccionaria que medran en la más burda explotación electoral del pánico ante supuestas hordas que penetrarían los inanes controles de fronteras de la UE y “estarían aquí para quedarse”. 

Y es que las evidencias empíricas contrastadas dicen otra cosa bien distinta. Así lo atestiguan y documentan no sólo las agencias internacionales especializadas (ACNUR y OIM, cuyos informes ilustran regularmente los trabajos de la Comisión LIBE y del PE), sino también la propia Comisión Europea. De acuerdo con sus propios datos, en 2019 el número total de migrantes irregulares que consiguió entrar en la UE por alguna de sus fronteras exteriores disminuyó drásticamente (un total de 139.000), delineando un declive imparable e incremental desde que alcanzó su pico registrado en 2015. Por su parte, los EEMM incoaron en su conjunto hasta 500.000 órdenes de expulsión (cifra que se sostiene desde la mal llamada “crisis de los refugiados”); de las que, es cierto, se ejecutaron efectivamente cerca del 38%, hasta un total de 150.000, por medio de los Acuerdos de Repatriación y Retorno que tienen suscritos la UE o sus EEMM con los países de origen.

En otras palabras, desde 2018 es un hecho contrastado (reiterado en 2019): se ejecutan más expulsiones que entradas irregulares, con lo que la realidad describe una perspectiva que es la contraria a la generalmente asumida: el balance neto, el saldo de inmigración, continúa siendo negativo. Ni la inmigración en la UE se halla “fuera de control” ni es verdad que “nos invadan” ni tampoco que los “retornos” sean inexistentes o un “fracaso:  funcionan, continuamente. Y, sin embargo, pese a ello, la UE persiste, contumaz, en imponer sobre el conjunto del hecho de la inmigración una mirada negativa. Marcadamente refractaria, de rechazo, al conjunto del fenómeno.

Dicho esto, si de algo cabe esperar de la Comisión VDL para esta Legislatura 2019-2014 es cabalmente un impulso a un cambio en esta mirada negacionista del fenómeno. Del nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo cabe esperar que cumpla al menos con tres caracteres, cuya conjunción causaría no solo el cambio deseable sino también un impulso al relanzamiento moral de la estatura europea requerida en este ámbito: a)- Que sea cumplidora del Derecho humanitario y europeo en la materia; b)- Que esté en consonancia moral con el enfoque razonable, además de razonado, que requiere una gestión europea de fenómenos, como el hecho migratorio, que escapan a la respuesta de ningún EM que pretenda hacerlo en solitario y con cargo a sus propios recursos; c)- Que sea, sobre todo, eficaz; que tenga sentido y lo demuestre, acortando el actual gap (distancia) entre retórica y hechos, entre promesa y cumplimientos del Tratado de Lisboa y del Derecho en vigor, y en consecuencia restaure el deteriorado prestigio o de la respuesta europea. Nada perjudica tanto a la reputación de la integración europea como esa diferencia entre el Derecho vigente y los comportamientos de los EE.MM.

Pero, además de hacer frente a esa necesidad prioritaria, hay que atender el mandato del PE que exige establecer y abrir vías legales (Visas Humanitarias, “tarjeta azul”, contrataciones en origen) como única manera de desmontar el Business Model del crimen organizado y de los traficantes de seres humanos (Human Trafficking y Smugglers). Y con el de acabar con la aplicación de la llamada Facilitation Directive por la que se hace posible la criminalización de la ayuda humanitaria, un problema que subyace a la Declaración de Malta, que emerge como un nuevo arreglo, insuficiente, fragmentario y provisional, pero muy lejos de ser una solución europea.