Orbán tensa la cuerda... ¿hasta que se rompa?

Esta tercera semana de junio el Parlamento Europeo (PE) contempla en su orden del día la celebración de un miniPleno, esto es, un debate plenario que descongestionará la sobrecargada agenda del Pleno Legislativo de julio en que volveremos a reunirnos en la sede de Estrasburgo. El habitual debate con la Comisión y el Consejo brinda ocasión de discutir el cumplimiento de los compromisos aprobados en su día por el PE para que se movilizase cuanto antes el Fondo de Recuperación (EU Next Generation), crucial para dejar atrás el enorme daño social de la crisis de la Covid, en paralelo a la exigencia para el acceso a las ayudas del estricto cumplimiento de los estándares europeos que conocemos como Rule of Law -respeto al Estado de Derecho, con garantías democráticas y de los derechos fundamentales-.

Es tristemente conocido el retroceso que estos valores comunes y principios constitucionales consagrados por el Derecho europeo vienen experimentando en los autodenominados “regímenes iliberales”. Esta tendencia ha sido motivo recurrente de preocupación en los debates y Resoluciones de la Comisión LIBE del PE, respaldadas luego en Pleno, sobre los notorios casos de las ofensivas ultraconservadoras y antieuropeas de los Gobiernos de Viktor Orbán en Hungría y de Jaroslaw Kaczynski (con la interposición del Primer Ministro Mateusz Morawiecki) en Polonia. Especialmente en lo que atiene al respeto a la(s) minoría(s) y la diversidad en las sociedades abiertas, la UE sigue teniendo un mayúsculo desafío intraeuropeo con la deriva autoritaria e iliberal del Fydesz de Viktor Orbán y del PiS de Kaczynski.

Como expresión más reciente de una estrategia de restricción de todos los espacios de pluralismo y respeto a la diversidad, hace apenas unos días el Gobierno húngaro de Fydesz ha perpetrado un zarpazo adicional a los valores de la UE con la aprobación de una delirante Ley antiLGTBI, a la que demoniza como “ideología gay” y “cuerpo extraño” a los valores patrios, contraponiéndolos ofensivamente a los valores europeos. Su intención es meridiana: frente a la Resolución aprobada por amplia mayoría del PE de declarar la UE como una “LGTBI freedom zone” (área de libertad para las personas LGTBI), Hungría insiste en la senda homófoba y tránsfoba que comparte con Polonia de autodeclararse “LGTBI free zone” (área libre de personas LGTBI).

La ofensiva está diseñada y ejecutada para confrontar explícitamente con la Comisión Von der Leyen (VDL) y con el PE, al que Orbán aspira a “recortar” sus actuales poderes, que son los que el Tratado de Lisboa (TL) confiere, con más fuerza y capacidad legislativa que nunca antes en su historia, a la única institución de la UE directamente legitimada por el voto por sufragio universal de 450 millones de ciudadan@s europe@s.

El pasado 9 de junio se cumplieron seis años desde el fallecimiento de Pedro Zerolo, inolvidado luchador y activista por la igual dignidad de todas las personas y contra todas las formas de discriminación. La Fundación que lleva su nombre prosigue y prolonga su legado: en un emotivo acto el viernes 18 de junio, el Cabildo de Tenerife y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (que gestiona cinco puertos estratégicos en la provincia occidental de Canarias) lanzaron su campaña “Puertos rumbo a la Diversidad”. Con esa ocasión tuve el honor de sumarme con un compromiso combativo contra los retrocesos de reconocimiento y garantía de pluralismo y convivencia en libertades desde el innegociable respeto a la igualdad radical sin discriminación por sexo, orientación sexual o identidad de género.  En coincidencia temporal, este último fin de semana arrancaron los trabajos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFUE), incoada por la presidencia de las tres Instituciones decisivas de la UE (Comisión VDL, Consejo y PE). 

Los acontecimientos a los que vengo refiriéndome ofrecen, en su reflexión, un punto común de conexión: en efecto, la CoFUE asume inevitablemente una conversación coral sobre la perspectiva de reforma institucional en la arquitectura de la UE y del amejoramiento de su Decision-Making Process. Pues bien, uno de los desafíos prioritarios del horizonte de reforma institucional en la UE es el que se refiere al estándar de exigencia de sus criterios de adhesión (los valores fundantes del art. 2 TUE) y a su consiguiente impacto sobre el procedimiento de adhesión (art. 49 TUE), los procedimientos previstos para la reforma de los Tratados (art. 49), y el abandono de la UE por parte de un Estado miembro/EM (art. 50, estrenado con el Brexit). Pero hay, junto a estos, un reto práctico todavía pendiente de una solución efectiva: qué hacer con un EM que desprecie los valores fundantes del Derecho europeo, como ejemplifican las derivas homófobas que hieren contumazmente la prohibición de toda forma de discriminación por orientación sexual o de identidad de género establecida por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE, arts. 20 y 21) con el mismo rango normativo y vinculante que el TL (art. 6 TUE).

Y es que, en este contexto, en la puesta en marcha de la CoFEU, una pregunta es recurrente y cada vez más inevitable: ¿Para cuándo un procedimiento de expulsión de la UE de un EM incumplidor? Esta cuestión ineludible puede reformularse de otras muchas maneras: ¿Qué están haciendo aquí ciertos Gobiernos desvinculados del Derecho de la UE y enfrentados abiertamente con la UE? ¿Tensando una y otra vez la cuerda? ¿Hasta cuándo les vamos a aguantar los demás? ¿Quousque tandem?... ¿Y qué pasa si la cuerda se rompe?

Para responder con justicia, equidad, certeza y la cabeza fría a esta pregunta que a menudo parece dispararse en caliente hay que calibrar que la eventual salida de esos gobernantes díscolos con sus países a cuestas desprotegería el estatuto de ciudadanía europea de 10 millones de húngaros y 40 millones de polacos. El daño de ese descubierto del paraguas europeo sería, con seguridad, especialmente lesivo para los colectivos y grupos minoritarios más vulnerables y hostigados, más requeridos en su denodada lucha del compromiso protector que debe brindarles la UE. Su salida los dejaría desamparados a la intemperie. 

Pero nada de ello excluye una reflexión profunda sobre el Decision Making: cómo perfeccionarlo para conseguir aislar, minorizar, o neutralizar el veto hasta ahora bloqueante de los que sólo reman en dirección contraria, haciendo contrapedal a quienes miran adelante, para evitar que impidan que la UE pueda avanzar, superando así el impasse o lastre que imponen sobre el conjunto aquellos desafiantes gobernantes de algunos EE.MM. Los mismos que llegaron a bloquear el MFF 2021/2024 y el EU Next Generation por su oposición frontal al Rule of Law Conditionality (su condición de cumplimiento del Estado de Derecho), alimentando las sospechas de que aspiran a dar alas a un patrón de corrupción oligárquico, clientelar, cuando no flagrantemente nepotista, vinculado a la perpetuación y al enriquecimiento de sus élites gobernantes y sus máximos dirigentes.