Por qué es tan grave la Operación Kitchen para la democracia

¿Se imaginan un país en el que el Gobierno orquestara supuestamente una operación para que la Policía utilizara fondos públicos reservados y espiara a la pieza clave de una red corrupta para robarle documentos y torpedear una investigación judicial en la que estarían implicados altos dirigentes del partido gobernante?

No, no es una distopía o una historia de latitudes bananeras. Eso se está investigando ahora en España. La llamada operación Kitchen puso en marcha un entramado parapolicial, que recibía órdenes de la cúpula de Interior durante la Administración de Mariano Rajoy, para espiar a la familia Bárcenas y robarles documentos que salpicaran a dirigentes del PP por recibir y lavar dinero del caso Gürtel.

Ahora el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón instruye este caso, por el que ya está implicado el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que amenaza con tirar de la manta y contarlo todo. Están cercados María Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz, para los que Anticorrupción pide imputaciones. Y en el ojo del huracán está también Mariano Rajoy, quien podría haber estado al tanto de todo y ser llamado en un futuro por la Justicia.

Una operación que rebasa todos los límites de la ley, según juristas consultados por El HuffPost, y que supone un duro golpe para el propio sistema democrático a la vista de los ciudadanos. Sin ningún respeto por la separación de poderes y utilizando a la Policía, que está para la seguridad de los ciudadanos, no para cometer delitos.

“De gravedad extraordinaria”

“Es de una gravedad extraordinaria. Es un caso claro y paradigmático de confusión entre el partido y el Estado. El partido considera que el Estado es suyo y que tiene que actuar para protegerlo y para evitar que pueda intervenir el Poder Judicial en un asunto como suponía Gürtel”, reflexiona Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Y añade: “Hasta ahora no había ocurrido nunca. Se habían hecho cosas, pero una operación global a través del Ministerio del Interior utilizando a la Policía no se había visto nunca. El Estado tenía que hacer lo que fuera para que el partido no acabara siendo declarado responsable”.

Para Pérez Royo sería un caso claro de aplicación del artículo 22 de la Constitución que en su apartado segundo dice: “Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales”. Ahonda: “Es un caso clarísimo, los medios se están utilizando de manera delictiva y persiguen un fin delictivo”. Es un “caso de perversión”, prosigue, al utilizarse además a la Policía. Remacha: “Esto es más corrupción que la Gürtel. Lo otro era Bárcenas con unos cuantos empresarios, pero es que ya es utilizar el aparato del Estado a su máximo nivel para tapar esa operación”.

“Además, gastando fondos públicos. Cogiendo al chófer y convirtiéndolo en policía… Es una monstruosidad de tal magnitud que no hay que ser jurista para verlo”, declara Pérez Royo, para luego manifestar: “Que el ministro del Interior ordene al secretario de Estado de Seguridad que ponga en marcha una operación para recuperar información comprometedora para el partido y que se utilice la Policía y no se ponga en conocimiento del Poder Judicial, que ya está investigando el asunto… Esto es la negación del Estado constitucional, la transformación del Estado constitucional en un instrumento de una panda criminal”.

Pérez Royo concluye: “Esto es una actuación directamente criminal en el corazón del Estado”.

“Es de suma gravedad”, resume al hilo Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, que reflexiona: “Para que una democracia constitucional funcione tiene que haber una serie de poderes neutrales e independientes. Si no hay independencia judicial, no hay Estado de Derecho. Pero los funcionarios tienen que ser también neutrales y, en concreto, la Policía. Resulta fundamental que no tenga color político”.

Que la cúpula de la Policía sea nombrada por el Gobierno, indica Tajadura, no quiere decir “que tenga que hacer cualquier cosa y obedecer órdenes ilegales”. “Aquí se ha puesto de manifiesto una cosa mayor, no sólo que los gobiernos nombran a las cúpulas, sino que supuestamente Interior dio órdenes ilegales de actuar no respetando los derechos fundamentales de personas, aunque fuera Bárcenas”, añade. “No se les puede investigar paralelamente al margen de los procedimientos establecidos, y más aún si el objetivo último es entorpecer investigaciones judiciales. Se va agravando la cosa”, sostiene este profesor. Todo ello pagado con fondos reservados, cuya misión no es, recuerda, proteger a un partido. 

¿Erosiona la percepción de la democracia que tienen los ciudadanos? “Claro”, responde Tajadura, que cree que esto rebaja la confianza de las personas en las instituciones. Pero hace otra lectura: “Afortunadamente este tipo de cosas se acaban sabiendo. Puedes mantener el secreto entre tres, cuatro o cinco, pero en esta operación hay muchos nombres”. “La Justicia es lenta, pero segura”, dice.

Ignacio González Vega, magistrado y experto en cooperación judicial internacional, piensa: “Evidentemente no solo ataca al sistema democrático, sino también al funcionamiento del Poder Judicial. Es decir, es poner trabas para evitar llegar al fin de las investigaciones judiciales”.

“Eso puede ser constitutivo de delito: obstrucción a la Justicia”, advierte González de Vega, que recalca que son “muy graves y preocupantes las informaciones que están saliendo por la utilización del aparato del Estado”. “Es muy grave -reitera- utilizar los servicios policiales para frenar las investigaciones de los jueces para ver si hubo o no financiación ilegal por parte de un partido político y de Gobierno”.

El también magistrado Joaquim Bosch afirma, sobre esta supuesta trama, que el “juez instructor considera que hay indicios de que se creó un operativo parapolicial desde los cargos principales del Ministerio del Interior con la finalidad de conseguir datos sobre Bárcenas y evitar que estos documentos llegaran a la investigación judicial en marcha”.

“Por tanto, si se confirma, es tremendamente preocupante porque nos encontraríamos con que desde el órgano del Estado que está facultado principalmente para proteger a la sociedad y evitar que haya delitos se utiliza toda su maquinaria desde la parte más alta para torpedear la actuación de la Justicia e impedir que se aprueben pruebas relevantes para la investigación de unos de los principales asuntos de corrupción que han afectado a nuestra democracia”, disecciona Bosch. 

“Sería grave que se confirmara que con el dinero de todos los impuestos de la sociedad se utiliza a la Policía para tapar delitos e impedir que el Poder Judicial desarrolle sus funciones. Es un contrasentido en el sentido más extremo de cómo debe funcionar un Estado de Derecho”, apostilla el magistrado.

En el auto el juez decía que supuestamente esa operación estaba dirigida por “órganos superiores del Estado”. Maria Eugènia Gay, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, comenta: “Supone un ejemplo más de cómo la corrupción política desluce gravemente la actividad de las administraciones públicas de nuestro país y de la que la ciudadanía, como mera espectadora, resulta ser la primera perjudicada”.

“Por eso, la sociedad civil en su conjunto debe exigir de las formaciones políticas con representación parlamentaria que actúen con rigor, transparencia y seriedad y dediquen cuantos esfuerzos sean necesarios para reconducir esta intolerable desviación de poder con la inaplazable finalidad de recuperar el sentido y el prestigio de las Instituciones”, sostiene.

Este presunto uso de Interior para que la Policía obstruyera la labor judicial “resulta inadmisible”, explica, ya que “refleja hasta qué punto la corrupción –mediante la execrable e ilícita actuación de determinadas personas- tiene la capacidad de penetrar en las instituciones de un Estado de Derecho, apartándolas de los legítimos fines para los que las mismas fueron dispuestas”.

“Por eso, cuando hablamos de dotar a la Justicia con medios suficientes, nos estamos refiriendo a su sentido más estratégico para la buena gobernanza del país, pues supone la mejor manera de reforzar los mecanismos y garantías que en una democracia deben establecerse para combatir sucesos como éste y evitar que se vuelvan a reproducir en el futuro”, argumenta.

“Sin duda” esto afecta a la democracia, opina Gay, que declara: “Como dijo con gran acierto Montesquieu ‘Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder’, siendo la separación de poderes -y las garantías que para su efectividad se establezcan- un elemento inseparable de la democracia”.

Añade en este sentido: “Por eso, la fiscalización de la actuación de las administraciones a sus estrictos fines resulta fundamental, siendo imprescindible un Poder Judicial dotado de medios adecuados como refuerzo de la soberanía de los Estados para controlar que el Poder Ejecutivo cumpla con la legalidad vigente”. Y relata: “En ese sentido, la independencia judicial deviene crucial como elemento inseparable de un auténtico Estado de Derecho; teniendo los jueces la función constitucional en exclusiva de la potestad jurisdiccional, bajo el sometimiento estricto al imperio de la ley y en garantía de la separación de poderes”.