Nueva regañina de Bruselas a España por la corrupción y el gasto
La desprotección de los denunciantes y el grado de independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, cuestionados desde la Comisión Europea.
La Comisión Europea vuelve a enmendar la plana a España, fundamentalmente por la corrupción y la ineficiencia del déficit. Bruselas utilizó este lunes las recomendaciones específicas del Semestre Europeo para dar su tradicional receta país a país y pedir al Gobierno de Mariano Rajoy que empiece a aplicar medidas preventivas ante una situación que genera inestabilidad también fuera de las fronteras españolas.
"España ha avanzado en la lucha contra la corrupción ..., pero ni se han diseñado estrategias preventivas específicas ni tampoco existe una estrategia preventiva compartida entre ellos, tampoco se ha hecho hasta ahora un seguimiento específico de otras deficiencias, como la ausencia de legislación para proteger a los denunciantes, el grado de independencia de la recientemente creada Oficina de Conflictos de Intereses y la inexistencia de normas que regulen las actividades de los grupos de presión", le recrimina. Y agrega que otra cuestión digna de ser mencionada es la relativa a los prolongados procedimientos judiciales en los asuntos de corrupción. "Si bien en 2015 se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal con objeto de limitar los plazos establecidos para las investigaciones y reducir los retrasos injustificados en los procedimientos penales", recuerda. Para Bruselas, esta prolongación podría conllevar impunidad en los asuntos complejos de corrupción con causas de larga duración.
Para la Comisión, la principal consecuencia de todo esto son los desequilibrios macroeconómicos que España está experimentando y que tienen consecuencias fuera de sus fronteras. En particular, los superávits de la balanza por cuenta corriente se están traduciendo en una reducción de los pasivos netos de España frente al exterior, que, no obstante, siguen siendo considerables y exponen al país a las fluctuaciones de la confianza del mercado. Aunque la deuda del sector privado se ha reducido de forma significativa, especialmente en el caso de las empresas, el endeudamiento de los hogares se mantiene en un nivel elevado, recuerdan desde Bruselas.
REFORMA LABORAL
La reforma laboral constituye a juicio de Bruselas y Madrid es uno de los grandes motores de la reactivación española. A pesar de los pesares, Bruselas subraya que España sigue teniendo una tasa de temporalidad mayúscula. El abuso de los contratos temporales reduce la competitividad de las empresas y eleva los riesgos de pobreza, según Bruselas, que aun así recomienda una vuelta de tuerca. La Comisión, en fin, critica las incertidumbres legales relacionadas con la reforma y reprocha a España que las indemnizaciones por despido de los trabajadores indefinidos siguen siendo muy elevadas. Reclama, además, medidas "para impulsar la contratación indefinida", al tiempo que critica las políticas sociales y de educación. También se lamenta del bajo rendimiento en innovación coincide con la disminución del gasto privado en I+D y apunta a la existencia de deficiencias en el marco de gobernanza de la investigación y la innovación.
Tampoco dispone España de un marco normativo claro y coherente en materia de contratación pública que garantice el cumplimiento de la legislación, un elevado nivel de competencia y la eficiencia económica, especialmente mediante mecanismos efectivos de control ex ante y ex post, una mayor transparencia y la coordinación entre las entidades y los poderes adjudicadores a todos los niveles de la Administración. El Gobierno ha presentado algunas medidas en 2017 que mejorarían el sistema de supervisión de la contratación pública y están pendientes de aprobación parlamentaria.
La Comisión urge a España a aprobar el proyecto de Ley de servicios profesionales que prevé, entre otras cosas, una racionalización de la afiliación a los colegios profesionales.
También le pide llevar a cabo una revisión global de los gastos a fin de identificar posibles ámbitos en los que sea posible aumentar la eficiencia del gasto. Y reforzar la coordinación entre los servicios autonómicos de empleo, los servicios sociales y las empresas. Adoptar medidas destinadas a promover la contratación por tiempo indefinido y hacer frente a las disparidades autonómicas y la fragmentación en los sistemas de renta mínima garantizada y mejorar el apoyo a las familias, incluido el acceso a guarderías de calidad. Y, muy importante para la Comisión, "aumentar la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral", así como "corregir las disparidades autonómicas en los resultados educativos, en particular, mediante el refuerzo de la formación de los profesores y el apoyo individual a los estudiantes".
