Estas son las novedades de la nueva ley de Universidades

Este lunes el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha presentado el último borrador de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y ha anunciado que su Departamento prevé llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros “en las próximas semanas”, ya que la idea es que sea aprobada definitivamente en esta legislatura.

Según ha recalcado el ministro, se trata de “una ley que quiere que las universidades estén más conectadas con la sociedad, que quiere internacionalizar el sistema”, pero también se trata de una norma con un “enfoque firme de derechos” que, además, “revaloriza la función docente”, “reduce la precariedad” del personal docente e investigador (PDI) y dota a las universidades de más financiación.

“Es una ley que es urgente, necesitamos tener un nuevo marco normativo para afrontar los retos que tiene la Universidad, que ofrece las herramientas para afrontar este cambio de época”, ha añadido Subirats. “Una ley que aborde los problemas de hoy y prepare a la Universidad para el futuro”.

En rueda de prensa, el ministro y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, han destacado las líneas principales del borrador del anteproyecto, que han dado a conocer este lunes a los medios. Estas son algunas de las principales novedades:

La LOSU, según han afirmado ambos, pretende acabar con la precariedad laboral, estabilizar el sistema y rejuvenecer las plantillas, ya que la edad media de los Doctores es de 40 años y la de estabilización es de entre 45 y 46 años.

Para ello, se recoge que el profesorado con contrato laboral temporal no podrá superar el 20% en efectivos de la plantilla de personal docente e investigador (PDI). También se modifica la figura del profesor asociado, que ahora tendrá limitada la docencia a 120 horas, así como de la figura de profesor visitante, cuyo contrato se limitará a dos años. Asimismo, se crea una nueva figura de sustituto, que sustituirá al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo.

Además, la Ley, según ha indicado Pingarrón, diseña una carrera académica más estable y más corta. Según ha señalado Pingarrón, la idea es que en 10 años una persona que accede a profesor universitario se estabilice en el sistema: el candidato entra a la Universidad con contrato predoctoral de 4 años para hacer la tesis, y una vez acabada la tesis, podrá acceder a una de las plazas de contratado postdoctoral mediante un contrato de 6 años. Si al cabo de esos 10 años, el docente tiene acreditación para cualquier figura permanente, entonces pasarán a formar parte del sistema.

Además, tal y como recoge El País, el 15% de las nuevas plazas de funcionario tienen que reservarse para investigadores ya consagrados que hayan obtenido el certificado I3 de excelencia investigadora o el certificado como investigador establecido R3.

La Ley también recoge otros cambios. Así, recogerá una mejora de la financiación pública, con el fin de llegar al 1% del PIB, ya que, tal y como ha lamentado Subirats, en los últimos años la financiación ha bajado un 20% y la Universidad no ha recuperado el nivel de inversión que tenía en 2009.

Además, por primera vez, se obliga a que las universidades destinen un 5% de su presupuesto a investigación.

Los mandatos de los rectores durarán seis años y se elegirán en función de los estatutos, no mediante un consejo de sabios como se planteó inicialmente. “Los decanos y directores se elegirán mediante elección directa por sufragio universal en la forma en que se recoja estatuariamente”, señala el texto. Para el cargo de rector serán funcionarios o rectores, que a diferencia de los requisitos anteriores tendrán que tener “méritos de investigación” y “experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal que determinen los Estatutos”.

Los estatutos también regularán el resto de órganos de gobierno como el Claustro Universitario, Consejo de Gobierno y Consejo de Estudiantes. “Asimismo, establecerán el Consejo Social y podrán establecer y regular consejos de escuela y de facultad, consejos de departamento u otros órganos específicos que se determinen”, se recoge en la nueva versión de la ley a diferencia de la limitación de Castells de 50 miembros del Consejo de Gobierno o los 20 del Consejo Social.

Para mejorar la experiencia de los estudiantes y la docencia universitaria, el anteproyecto de ley incluye un curso de pedagogía que los profesores ayudantes deben realizar con el fin de mejorar las metodologías docentes.

Además se abrirá una nueva vía para los investigadores que no estén acreditados por la Universidad y lo harán mediante las comunidades autónomas y no necesariamente mediante la acreditación estatal de ANECA. “La ANECA acordará, mediante convenio, la evaluación de dichos méritos y competencias por parte de las agencias de calidad autonómicas”, señala el texto.

“El contrato será de carácter fijo e indefinido, con derechos y deberes de carácter académico y categorías comparables a los del personal docente e investigador funcionario, y conllevará una dedicación a tiempo completo, aunque podrá ser a tiempo parcial a petición del interesado”, se recoge en la norma, aunque se abre la puerta a que cobren más: “Las comunidades autónomas podrán establecer retribuciones adicionales”.

Con el fin de acabar con la endogamia dentro de los centros universitarios españoles, se deberán publicar los concursos de plazas en un registro y las comisiones tendrán “mayoría de miembros externos a la universidad”.

Del mismo modo, deberán tener unidades de igualdad para evitar que haya sesgos o distinciones por sexo.

Con el fin de abrir la investigación universitaria se facilitará el acceso libre y gratuito a todos los ciudadanos. Por este motivo, los repositorios de las universidades almacenarán una copia de todos los artículos para que puedan ser consultados tanto por el público como por los evaluadores de méritos para los distintos puestos.

“Se incorpora la necesidad de abrir la ciencia, de tener una ciencia ciudadana. También tenemos el problema del envejecimiento de la universidad. Más de la mitad de los profesores permanentes van a entrar en edad de jubilación en los próximos ocho años”, ha señalado Subirats. “Hay que incorporar gente joven y que no les sea eterno el proceso de estabilización y todo esto es imposible si no mejoramos la financiación pública”, ha animado. Los estudiantes que se involucren en la investigación verán recompensada su labor, aunque no se ha determinado aún cómo. Una de las opciones es mediante créditos universitarios.

Con el fin de alargar la formación más allá de los grados universitarios, los doctorados y los másteres, este proyecto recoge lo que se llama microformación. Estos cursos de corta duración —entre 4 o 30 créditos— serán para los alumnos poseedores de un título previo o personas con “experiencia profesional acreditada”. Sin embargo, esto no entrará en vigor nada más aprobarse la LOSU sino que tendrán que adaptarse por cada universidad.

“La licenciatura no puede ser el fin de la vida universitaria. Necesitamos una universidad más flexible en la que poder encontrar procesos de actualización de las carreras”, ha enfatizado Subirats.

Este anteproyecto recoge también lo que hasta ahora se había mal denominado “huelgas estudiantiles” ya que los estudiantes no son trabajadores y no tienen derecho a huelga.

En el proyecto se recoge el “derecho a parón académico”, que no impide que se programen exámenes, a excepción de los centros que así lo recojan en sus estatutos.

En el texto también se recoge que las universidades deberán crear obligatoriamente de unidades de igualdad en los campus. Estas serán las encargadas de “coordinar e incorporar de manera transversal el desarrollo de las políticas universitarias de igualdad entre mujeres y hombres, así como de incluir la perspectiva de género en el conjunto de actividades y funciones de la universidad”.

Del mismo modo, en aquellos territorios donde haya lenguas cooficiales, las universidades deberán fomentarla y facilitar su conocimiento.