Nos están olvidando, otra vez
Da la impresión de que se ha borrado de la faz de la Tierra la posibilidad de seguir ejerciendo nuestro derecho al aborto libre, seguro y gratuito.
En cualquier crisis, ya sea económica, social o sanitaria, los derechos de las mujeres se ven rápidamente afectados. Medidas acordadas que son pospuestas, recortes, retroceso. Lo que está ocurriendo durante la crisis por el Covid-19 no es diferente.
En el período que llevamos de cuarentena el mundo entero se ha puesto manos a la obra para poner todos los recursos sanitarios a favor de la cura de este virus. El problema llega cuando para frenar una pandemia se pone en riesgo el acceso a otros procedimientos igualmente importantes.
De este modo, no podemos perder de vista que los derechos reproductivos de las mujeres siguen siendo un objetivo para el entramado patriarcal: en cuanto el sistema tenga oportunidad de restringirlos, lo hará. En España sabemos que las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo siguen atendiendo con normalidad a sus pacientes. Sin embargo, ¿qué ocurre con la sanidad pública?
El derecho a la libre interrupción del embarazo debe garantizarse de manera segura, universal. Si bien las clínicas privadas siguen operando, es muy difícil para muchas mujeres costearse el precio de un aborto farmacológico o quirúrgico. Esta forma es la más rápida de poder acceder al servicio pero claramente deja desprotegidas a las mayoría.
Ante la situación de sobrecarga de la sanidad pública para hacer frente a los pacientes infectados por Covid-19, ¿cómo afecta a las mujeres ejercer su derecho al aborto en un hospital o centro público?
Aunque se ha informado de que la interrupción voluntaria del embarazo se seguirá llevando a cabo por considerarse un “procedimiento no aplazable” , la idea subyacente que parece desprenderse de algunas informaciones o desde las ruedas de prensa de La Moncloa, es la de “ahora lo vuestro no toca”, “no es prioritario porque no podemos focalizar esfuerzos en nada más”.
Da la impresión de que se ha borrado de la faz de la Tierra la posibilidad de seguir ejerciendo nuestro derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Aunque no sea así, el mensaje que se transmite es ese. Es responsabilidad de las instituciones comunicar de manera directa, clara y universal a todas sus ciudadanas que su derecho pesa y pueden ejercerlo con todas las garantías. De la misma manera que nos hacen llegar pautas claras, concisas y directas para el día a día mientras dura el confinamiento (compras, desplazamientos, cuidados) pueden también hacerlo a este respecto.
El patriarcado ha hecho muy bien sus deberes. De nuevo vuelven a echarnos a la espalda cargas que no deberíamos soportar en la idea de que postergar el ejercicio de este derecho es cuestión de responsabilidad, la nuestra, hacia un bien común. Se olvidan de que nuestro bienestar, nuestra salud, han de ser percibidas también como tal.
Ahora, confinadas en nuestras casas, interrumpir un embarazo supondrá justificar explícitamente una salida por dicho motivo. Las mujeres estamos doblemente expuestas a ser juzgadas, incluso por nuestro entorno más cercano.
Ninguna de nosotras debería sentirse sola y en estado de excepción. Son esas instituciones que se dicen feministas las que nos deben dar un apoyo claro y directo por sus propios medios –que ahora son todos–.
No toca sentirnos inseguras, toca que se nos faciliten mecanismos para no sentirnos vulnerables al tomar una decisión que nos pertenece legítima y legalmente. El riesgo de embarazos no deseados puede crecer en esta cuarentena. Si no se asegura el acceso universal al aborto crece la probabilidad de las prácticas clandestinas en escenarios insalubres, aumentando irremediablemente la mortalidad de quienes se someten a ellas.
La historia ha demostrado que el aborto es una práctica médica que, de no ser realizada con todos la seguridad y medios necesarios, produce hemorragias e infecciones que pueden conducir a una mujer a la muerte segura.
De nuevo es necesario desactivar un discurso que no pone en el foco a las mujeres y sus necesidades. Si la ciudadanía nos incluye a todos y todas, entonces que sea el comité el que se dirija a nosotras también, de manera directa, específica, y nos diga lo que necesario para no sentir, una vez más, que no importamos, que no pertenecemos, que somos ciudadanas de segunda.
