No es la Ley trans, es la lucha por el control del feminismo

En 2014 Andalucía se convirtió en la primera comunidad autónoma de España en aprobar una Ley trans que contemplaba la autodeterminación del género. Se ponía así fin al tutelaje psiquiátrico y médico de las personas trans que las obliga a tener que presentar un certificado de que no son enfermas mentales para poder acceder a tener un DNI acorde a su identidad sexual o de género. La ley andaluza salió aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos que en ese momento tenían representación en el Parlamento andaluz: PSOE, PP e IU. 

“El Parlamento andaluz da hoy a luz una ley muy esperada, reconocida, tramitada en tiempo récord, con una palabra inexplorada en estos tiempos, unanimidad. Hemos conseguido el mejor texto que este colectivo se merece”, decía en la tribuna de la soberanía del pueblo andaluz la diputada socialista Soledad Pérez, ponente junto con Alba Doblas (IU) de la ley de transexualidad que se aprobó en 2014, a su vez inspirada en la ley argentina de 2011.

Gracias a la Ley trans de Andalucía y dentro del ámbito competencia de la comunidad autónoma, las personas trans han podido cambiar su tarjeta sanitaria o universitaria y la Junta puso en marcha un protocolo pionero en las escuelas, universidades e institutos que ha garantizado el respeto a las infancias trans y evitado mucho sufrimiento, mucha discriminación y muchos suicidios, a la vez que ha educado a toda la comunidad educativa en el respeto a la diversidad. Con que sólo la familia de un menor informe a un centro educativo de que su hijo o hija es trans y notifique el cambio de nombre, la ley obliga a cambiar el nombre en los listados de clase y en el boletín de notas y permite al menor usar los baños y vestuarios deportivos acordes a su género.

Después de Andalucía han venido doce comunidades autónomas más a incluir la autodeterminación del género en sus legislaciones: Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura, Murcia, Navarra, Aragón, Baleares, País Vasco, Canarias, Cantabria, Cataluña y La Rioja –esta última en trámite parlamentario en estos momentos–. Salvo Galicia, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha, todas las CCAA cuentan con legislaciones que contemplan la autodeterminación del género. En todas estas comunidades las leyes han salido adelante con la participación activa, cuando no con el impulso, del PSOE. La última comunidad donde se ha aprobado ha sido Cantabria, donde Podemos no tiene representación en su parlamento autonómico.

Es más, desde el año 2006, por orden de la exdirectora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, las personas trans pueden elegir, en el momento de su ingreso, el módulo en el que van a querer cumplir condena. No se conoce ni un solo caso de mujer trans que haya violado a mujeres no trans en centros penitenciarios. Ni un solo caso de niñas o universitarias trans que hayan usado los baños o vestuarios deportivos para abusar de sus compañeras valiéndose del derecho que le otorgan las leyes autonómicas. Entonces, ¿por qué un sector del feminismo vinculado al PSOE ha emprendido una guerra contra la Ley trans con argumentos propios de la ultraderecha que afirman que esta normativa borra a las mujeres y las pone en peligro de “futuros violadores vestidos de mujeres?”.

La autodeterminación del género está reconocida por el PSOE en su último congreso federal, donde se aprobó la idoneidad de reformar la ley de rectificación registral de 2007 que, aunque en su momento fue un avance importante, ya no sirve porque somete a un proceso psiquiátrico y obliga a las personas trans a un ‘vaciado’ de sus órganos reproductores para obtener el DNI. La alternativa es un pleito judicial costoso y largo que no todo el mundo puede costear ni está dispuesto a esperar para que un juez le diga quién es después de pasar por un peritaje forense y proceso de años. ¿Se imaginan que a los gais, lesbianas o bisexuales nos dijeran desde fuera cuál es nuestra orientación sexual porque de partida fuéramos tratados como enfermos mentales? Esto es lo que se hace actualmente con las personas trans y es intolerable en un Estado democrático, social y de derecho.

Este consenso a favor de la Ley trans –con autodeterminación del género– no se rompe en mayo de 2017, cuando se registra en el Congreso la Ley LGTBI impulsada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB) que contempla la autodeterminación del género. Ni en febrero de 2018, cuando se registra la ley integral de transexualidad, inspirada en la ley andaluza de 2014, promovida por la Plataforma Trans. Ni una sola crítica del movimiento feminista y, mucho menos, del PSOE a ninguna de las dos leyes en el momento de su registro. Tampoco críticas mediáticas, al contrario. Se dedicaron piezas monográficas sobre que España se podía convertir en el país más progresista de Europa en el respeto y reconocimiento a las personas trans.

Sin embargo, en 2018 tiene lugar un fenómeno que lo cambia todo. El 8-M de 2018 se convierte en el año del estallido del feminismo popular, una especie de 15-M del feminismo donde, por primera vez, ni el PSOE ni sus asociaciones  satélites son hegemónicas. Una nueva generación ha ensombrecido a las feministas históricas y, en lugar de responder con alegría y generosidad porque ahora son más mujeres para defender la igualdad, las feministas vinculadas al PSOE reaccionan de forma furibunda en clave identitaria. La diputada socialista Ángeles Álvarez hace filibusterismo parlamentario para boicotear la tramitación en el Congreso de la ley registrada en 2017. La Ley trans de 2018 ni siquiera llega a la Mesa del Congreso porque el PSOE la paraliza por orden de Ángeles Álvarez, hoy una de las portavoces más ilustres del feminismo transfóbico.

En 2019 el 8-M vuelve a ser masivo, pero el 25-N de ese mismo año, Día Internacional contra la Violencia de Género, se producen divisiones de las manifestaciones y manifiestos. El feminismo se balcaniza. Por un lado, las asociaciones vinculadas al PSOE introducen disensos en los manifiestos, como la abolición de la prostitución, para romper la unidad; por otro, las organizaciones feministas más jóvenes, politizadas alrededor del 15-M y del 8-M de 2018.

Un viejo feminismo institucional y académico se enfrenta al nuevo feminismo popular e interseccional que, además de reconocimiento, defiende redistribución de la riqueza y aboga por un feminismo transversal para cambiarlo todo, que beneficie a todas las mujeres, y que el feminismo no funcione únicamente como un lobby para los objetivos de las mujeres con poder. En verano de 2019 llega una nueva edición de la Escuela Rosario Acuña de Gijón, dirigido por la filósofa feminista y militante del PSOE Amelia Valcárcel, que lo recordarán porque se hizo viral un vídeo con risas, comentarios jocosos e insultos transfóbicos que a su vez saltó a los medios de comunicación generalistas. La Escuela Rosario Acuña no es una jornada feminista más, es el encuentro anual más importante que, desde 2003, tiene el feminismo vinculado al PSOE y donde se dan debates que luego ocuparán la agenda feminista en los próximos años. Es el gran think tank del feminismo español y en 2019 se convierte en el think tank de un feminismo genitalista que afirma que las mujeres trans no son sujetos del feminismo “porque son tíos”.

En la Escuela Rosario Acuña de 2019 se decidió que la agenda feminista del PSOE de los próximos años tenía que girar en torno a la oposición a la Ley trans que PSOE y Unidas Podemos llevaban en sus respectivos programas electorales y que se incluyó en el documento por el cual se firmó el acuerdo de coalición. Todo en base a un supuesto borrado de las mujeres que no ocurría, sorpresivamente, cuando las leyes trans se aprobaron por el PSOE en los parlamentos autonómicos. Las feministas del PSOE se divorcian de la línea del partido porque piensan que Pedro Sánchez les ha fallado por darle el Ministerio de Igualdad a Unidas Podemos y dejar fuera de las políticas feministas a las socialistas que creen ser las dueñas del movimiento. El monstruo ya no se puede parar y acaba incluso por crear un serio problema interno que divide al PSOE en dos mitades.

Luego viene la creación de la Plataforma contra el Borrado de las Mujeres que promueven Alicia Miyares, exjefa de gabinete de Amelia Valcárcel en el Gobierno asturiano y exasesora de María Teresa Fernández de la Vega en la Vicepresidencia del Gobierno de España, y Ángeles Álvarez, exdiputada del PSOE que es sacada de las listas por Madrid tras apoyar el golpe de Estado contra Pedro Sánchez y votar la investidura de Mariano Rajoy en el Congreso. Después de esta plataforma vienen cientos de artículos, conferencias, tertulias, jornadas universitarias, bulos y tuits de claro contenido transfóbico donde se niega que las personas trans tengan derecho a decidir quiénes son.

Y ya como colofón, llega el 8-M de 2020. Las feministas del PSOE marchan por su cuenta, llegan a las manos con la comisión organizadora de la manifestación de Madrid, rompen el cordón de seguridad y se lían a tortazos por situarse en cabeza durante la lectura del manifiesto. Para poner la guinda al pastel, y por si a alguien le queda duda, en junio de 2020 se hace público un argumentario transfóbico firmado por Carmen Calvo, y enviado a todas las agrupaciones del PSOE, en el que se les dice a los militantes socialistas que las personas trans son “ficciones jurídicas” y que se opongan a la autodeterminación del género porque borra a las mujeres.

Groso modo, esto es el resumen de lo que ha ocurrido en los últimos años hasta llegar al momento presente de guerra total entre las feministas vinculadas al PSOE, el Ministerio de Igualdad, el movimiento LGTBI y la mayoría del movimiento feminista que ha firmado un manifiesto con 11.000 firmas a favor de la Ley trans para diferenciarse de otros manifiestos contrarios a la ley que han promovido desde las organizaciones feministas que son satélites de los intereses de Carmen Calvo.

En el fondo está el interés por hacer caer a la ministra de Igualdad, a la que consideran una okupa del feminismo y una traidora a las políticas feministas del PSOE. Aún más en el fondo, lo que subyace en esta guerra es la lucha sin cuartel por el control del movimiento feminista con los argumentos, mentiras y retórica de la reacción habitual de la ultraderecha. Las asociaciones LGTBI, históricamente muy afines al PSOE, siguen sin dar crédito de que el partido que históricamente más ha apoyado las reivindicaciones de la diversidad sexual sea felicitado incluso por Vox por reproducir los mensajes de la organización ultraderechista Hazte Oír: “Los niños tienen pene y las niñas tienen vulvas”.

El PSOE se enfrenta a una ruptura emocional con el movimiento LGTBI que no perdonará que la Ley trans no se apruebe y que podría incluso acarrear como consecuencia la prohibición de que los socialistas desfilen en el próximo Orgullo LGTBI. Las feministas contrarias a la Ley trans, con argumentos tan peregrinos como que los hombres querrán ser mujeres para no ser condenados por violencia de género, tendrán que explicar muy bien su posición para que no parezca burda transfobia al servicio de la lucha por el control de un movimiento que ya no controlan y de un ministerio que está gobernado por una nueva generación de feministas porque el PSOE ya no saca mayorías absolutas. No es la Ley trans, sino la lucha encarnizada del PSOE por intentar controlar un movimiento feminista que se ha independizado de sus sedes.