Microcirugía popular e inmunidad de rebaño en la segunda ola

Creíamos haberlo visto todo en la gestión de la pandemia, sobre todo por parte de la Comunidad de Madrid, pero de nuevo nos hemos equivocado, parece que aún nos queda mucho y malo por ver. Lo que no esperábamos era vernos sorprendidos también por un nuevo quiebro de la dirección del Partido Popular en su largo camino de giro al centro.

El indisimulado clasismo y la apuesta consiguiente en la pandemia por la inmunidad de rebaño por parte de la Comunidad de Madrid siguen siendo motivo de sorpresa. También el viaje accidentado e inconcluso del Partido Popular hacia la moderación con estaciones intermedias como el anunciado recurso contra el estado de alarma ante el Consejo de Europa. Así, lo que empezó como un modo amable de facilitarle al empecinado Gobierno de Madrid una rectificación, mediante una reunión orientada al confinamiento coordinado con las comunidades autónoma (CCAA) limítrofes, ha sido convertido una vez más por la presidenta Ayuso en una oportunidad para hacer ostentación pública de su apuesta por la economía frente a la emergencia de salud pública en la segunda ola de la pandemia, pero también en un desplante a los presidentes anfitriones y en un nuevo motivo de desafío y discordia contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

La misma estrategia que ya siguió ante el intento fallido de armisticio del Gobierno central en la sala de banderas de la Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Primero con la aceptación aparente, luego vino el enredo y el lío, incluso en el seno de su propio Gobierno, y finalmente se produjo la ruptura ruidosa y el esperpento del discurso del

agravio. Todo ello destinado a aprovechar la fuerza del adversario para ante todo ocultar sus responsabilidades en una más que deficiente gestión sanitaria y en la apuesta inviable por la inmunidad de rebaño, junto a la sobreactuación permanente como única oposición institucional al Gobierno ‘socialcomunista’.

Por si no fuera suficiente con los bantustanes en que ha convertido a los barrios del sur de Madrid con su confinamiento selectivo, ahora se propone cierres perimetrales exprés, de tan solo algún fin de semana, y emplaza, de nuevo por carta, al presidente del Gobierno a modificar el estado de alarma que hace días ella misma descalificó, como si éste no constituyera ya en sí mismo una legislación a la carta con la que dar cobertura legal a las diversas medidas de confinamiento pactadas con las CCAA en el Consejo Interterritorial de

Salud y como si ella no tuviese acceso a su grupo parlamentario popular del Congreso para en su caso encauzar sus demandas como enmiendas.

El problema es que el mismo clasismo y la misma displicencia con que en su momento habló de otras culturas para referirse a la clase obrera madrileña de los barrios del sur, ahora pretende utilizarlas también con el virus, con medidas de microcirugía que no se corresponden con el trazo grueso de la alta incidencia y la transmisión comunitaria en la práctica totalidad de la Comunidad de Madrid. Porque ni antes los confinamientos locales por zonas de salud ni ahora los cierres perimetrales exprés globales se toman en serio la crítica situación epidemiológica que en Madrid ya ha entrado hace semanas en los hospitales y amenaza de nuevo con el colapso en las UCIs para principios o, como mucho, para mediados del mes de noviembre.

A todo esto, la dirección del Partido Popular se ha visto atrapada en pleno giro a la moderación, sin que se hayan apagado los ecos del debate de la moción de censura, entre el realismo del resto de sus gobiernos autonómicos, frente a la radicalidad impostada de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es por eso que ha visto en el plazo de seis meses de estado de alarma inicialmente propuesto por el Gobierno de coalición progresista el clavo ardiendo al que

agarrarse para centrar sus críticas y no descalificar así a unos ni a la otra de entre los suyos.

Esa ha sido la razón de fondo de su plazo alternativo inicial de ocho semanas y el control parlamentario periódico. Un plazo destinado además a salvar la campaña de Navidad, y la razón también de su negativa a recoger el guante de los cuatro meses lanzado por Sánchez en la sesión de control. De nuevo la precipitación y la desbandada al final del confinamiento, que despilfarraría todo el esfuerzo de las medidas de mitigación y confinamiento.

Por otro lado, el PP ha vuelto a exigir al Gobierno la modificación de la actual legislación de salud pública, como si las medidas de mitigación como los cierres perimetrales, los confinamientos parciales, entre los que estarían los toques de queda o los confinamientos propiamente dichos, pudieran realizarse por las distintas administraciones sin recurrir al estado de alarma. Muy al contrario, limitaciones tan importantes de derechos fundamentales a grandes contingentes de población, por razones tan extraordinarias como una pandemia, no serían

posibles, dentro del marco de nuestra Constitución, fuera de la figura jurídica del estado de alarma.

El problema en estos momentos no es pues la actualización de la legislación de salud pública, que en buena parte está sin desarrollar, sino el que la derecha haya convertido la aplicación del estado de alarma en un tabú, hablando de dictadura en democracia. Desgraciadamente, tampoco sería la primera vez que en España se asimilasen las medidas de salud pública con la dictadura. Ya ocurrió con la mal llamada gripe española de 1918 en que se denominaron como parte de una dictadura sanitaria. Por lo menos, a raíz de la experiencia se creó entonces el Ministerio de Sanidad.

Finalmente, el PP, se ha situado al margen del acuerdo del conjunto de los grupos parlamentarios, que introduce además el control bimensual de la alarma con la comparecencia del presidente del Gobierno, anunciando su posible abstención. A continuación, y en una nueva huida hacia adelante, el PP ha añadido el anuncio sorprendente de la denuncia del estado de alarma ante el Consejo de Europa, por una supuesta vulneración de la división de poderes. Lo

mismo pero más fuerte. Dos huevos duros más, que demuestran la persistencia de la dependencia de la dirección conservadora de la radicalidad del Gobierno de Madrid y de la extrema derecha.

Un argumento que, sin base alguna, sigue la estela de la extrema derecha que desde un principio ya había anunciado su voto en contra junto al recurso al Tribunal Constitucional. Lo de recurrir a la comisión de Venecia del Consejo de Europa es una sobreactuación populista que, además de poner en cuestión las garantías jurídicas y constitucionales de la democracia española, sitúa a la derecha en la misma deriva del independentismo.

Poco importa que en un caso el problema sea el Estado español y en el otro el cuestionamiento de la legitimidad de la izquierda para gobernar España.