Menos libertades, austeridad asfixiante y escaso asilo: la radiografía que Amnistía hace de España en el último año

Amnistía Internacional (AI) ha hecho público este jueves el informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2017/2018, en el que radiografía los derechos humanos en todo el planeta. España, para ser un país de la avanzada Unión Europea, no sale especialmente bien parado: se han recortado derechos como la libertad de expresión durante el procés en Cataluña, se ha enfatizado la persecución por supuestos delitos de enaltecimiento del terrorismo, se ha ahondado en el austericidio, que deja desamparados a los ciudadanos con menos recursos, y se ha dado la espalda a los refugiados, asilados en menor número de lo prometido por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Un año en el que, tras el mazazo del 11-M, se produjo además un nuevo atentado yihadista contra el derecho más básico, la vida, arrancando hasta 16 en Barcelona y Cambrils.

El escenario que dibuja Amnistía en nuestro país es de retroceso, de pasos atrás respecto a libertades conquistadas, de hilvanes saltados en leyes aplicadas al milímetro, un cierto clima de asfixia poco entendible en el siglo XXI. Lo que sigue es un repaso a sus principales denuncias.

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Libertad de expresión y reunión

Las principales quejas en este apartado tienen que ver con el referéndum ilegal convocado en Cataluña para decidir sobre su independencia, el pasado 1 de octubre. Según AI, "algunas autoridades restringieron de manera desproporcionada el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica" después de que el Tribunal Constitucional paralizase el proceso de consulta, el 7 de septiembre. Como ejemplos, recuerda que en Madrid y en Vitoria, los jueces vetaron dos reuniones públicas de apoyo al referéndum, mientras que el Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona) dictó una prohibición general del uso de los espacios públicos para celebrar reuniones tanto a favor como en contra de la votación.

Su informe incluye además la denuncia a la "práctica policial" de aquellos días y el "uso excesivo de la fuerza" del 1-O. Los agentes, explican, "emplearon fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos que se oponían a una operación policial". "La policía disparó cartuchos de fogueo y pelotas de goma, e hirió de gravedad a una persona, que perdió la visión de un ojo", abunda el dossier.

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A ello se sumó la, a su entender, igualmente "excesiva y desproporcionada prisión provisional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart", los líderes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, respectivamente. "Fueron detenidos y acusados de sedición, delito definido de manera muy general, en relación con protestas que habían organizado en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre para, según la jueza, oponerse a una operación policial legítima", explica.

Cataluña aparte, en el pasado año se procesó a "decenas de personas" por "enaltecimiento del terrorismo" y "humillación a las víctimas" en las redes sociales. En muchos casos, sostiene, "las autoridades presentaron cargos contra personas que habían expresado opiniones que no constituían incitación a cometer un delito de terrorismo y que se inscribían entre las formas de expresión permisibles con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos".

Hasta 20 personas, según su balance, fueron declaradas culpables en el curso del año. Entre ellas, se cuentan causas tan mediáticas como la de Cassandra Vera, declarada en marzo culpable de "humillación a las víctimas de terrorismo" y condenada a un año de prisión por hacer en Twitter unos chistes sobre la muerte en 1973 de Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno del dictador Francisco Franco, en un ataque de la banda terrorista ETA, o la causa -sobreseída finalmente- contra los titiriteros que mostraron como parte de una de sus obras una pancarta con el lema "Gora Alka Eta"; estuvieron cinco días en prisión provisional por cargos de "enaltecimiento del terrorismo" e incitación al odio. Los cargos de "enaltecimiento del terrorismo" se habían retirado en 2016, recuerda Amnistía.

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La Ley Mordaza o Ley de Seguridad Ciudadana también ha servido en estos meses para imponer a particulares, activistas de derechos humanos y periodistas sanciones administrativas "que podían constituir restricciones ilegítimas del derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información". La periodista Mercé Alcocer, de Catalunya Radio, fue multada, recuerdan, con 601 euros por desobedecer una orden de la policía y traspasar una línea policial no señalizada para entrevistar a un declarante en la Audiencia Nacional.

Derechos de refugiados y migrantes

Amnistía aporta cifras muy claras del "incumplimiento" de la promesa que hizo España de reubicar a 15.888 solicitantes de asilo en aplicación del programa de reubicación de emergencia de la UE. Al final del año había reubicado apenas a 1.328 (592 de nacionalidad siria), es decir, poco más de un 8,3%. Tampoco cumplió su compromiso de reasentar a 1.449 personas refugiadas de Oriente Medio y del norte de África: a fecha de 31 de diciembre habían sido reasentadas 1.360, todas de nacionalidad siria, excepto una que era palestina.

De enero a diciembre se presentaron 25.853 solicitudes de asilo, y al concluir octubre seguían pendientes 34.655. Quienes solicitaban asilo seguían recibiendo con retraso la decisión sobre su solicitud, además. En muchos casos, el plazo durante el que estas personas tenían derecho a recibir apoyo del gobierno mientras aguardaban la respuesta a su solicitud expiraba mucho antes de que se hubiera tomado la decisión.

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Según Frontex, la agencia de la UE para la gestión de las fronteras, hasta septiembre hubo 21.663 entradas irregulares por la ruta del Mediterráneo occidental, más del doble que en el mismo periodo de 2016.

En octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que la devolución inmediata a Marruecos de migrantes subsaharianos que intentaban acceder al territorio español en Melilla en 2014 constituía una expulsión colectiva de ciudadanos extranjeros.

Tortura y malos tratos

"En septiembre, la Audiencia Nacional retiró la solicitud de extradición de Nekane Txapartegi desde Suiza. El plazo de ejecución de una sentencia dictada contra ella en diciembre de 2009 había expirado. En abril, el relator especial de la ONU sobre la tortura había instado a las autoridades suizas a oponerse a la extradición. Nekane Txapartegi afirmaba haber sufrido tortura y otros malos tratos durante los cinco días que había permanecido recluida en régimen de incomunicación en una comisaría de policía de Madrid en 1999. Había sido detenida como sospechosa de delitos de terrorismo y de pertenecer a ETA. Sus denuncias de tortura no se habían investigado exhaustivamente entonces", recoge el informe.

También en 2017, en mayo, el Tribunal Constitucional admitió un recurso presentado por el gobierno contra una ley del Parlamento vasco relativa al reconocimiento y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el País Vasco.

Por unos días, no se recoge que el Tribunal de Derechos Humanos ha condenado a España por trato inhumano y degradante a los terroristas de la T4; el estado tendrá que indemnizar a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, aunque no se han detectado torturas.

Seguridad y medidas antiterroristas

El poder judicial continuó aplicando de manera "desproporcionada" la legislación antiterrorista, denuncia Amnistía. Tres de las siete personas detenidas y acusadas de delitos de terrorismo por su presunta participación en una agresión a dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas en un bar de Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 permanecían en prisión preventiva, pendientes de una vista prevista para abril de 2018.

Violencia contra las mujeres

Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 48 mujeres (y ocho menores de edad) perdieron la vida a manos de sus parejas o ex parejas. En septiembre, el Parlamento aprobó un plan para combatir la violencia de género que incluía la reforma de la legislación y otras medidas dirigidas a cumplir las obligaciones proclamadas en el Convenio de Estambul en relación con la violencia contra las mujeres.

Derecho a la vivienda

Miles de personas sufrieron desalojos forzosos sin garantías judiciales adecuadas ni provisión de alojamiento alternativo por el Estado. Hubo 26.767 desalojos por impago de alquiler y 16.992 por ejecución hipotecaria. El gasto público en vivienda continuó disminuyendo, a pesar de que persistía una gran demanda de vivienda social asequible, cuya escasez afectaba especialmente a las madres solteras y a las sobrevivientes de la violencia de género. En julio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU admitió una denuncia presentada contra España por no haber proporcionado alojamiento alternativo a una familia desalojada.

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Guerra civil y franquismo

Las autoridades españolas continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, argumentando que no era posible investigar los crímenes denunciados —que incluían desapariciones forzadas y tortura— debido, entre otras cosas, a la Ley de Amnistía (1977) y a la prescripción de los delitos. Además, siguieron sin adoptar medidas para localizar e identificar los restos de víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, dejando que las familias y las organizaciones interesadas acometieran los proyectos de exhumación sin el apoyo del Estado.

Destaca Amnistía que en febrero, la Procuraduría General de la República de México puso en marcha una investigación sobre el denominado caso de los "bebés robados", lo que convirtió a este país en el segundo que investigaba los crímenes de derecho internacional cometidos en España de 1936 a 1975. La investigación se refería al caso de una mujer nacida en España en 1968 y a quien, según la información recibida, habían arrebatado a su familia y entregado a una familia mexicana. En septiembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias afirmó que este caso representaba otra oportunidad para la plena cooperación de España en las investigaciones emprendidas por otros Estados sobre desapariciones forzadas ocurridas en el país.

El poder judicial invocó las modificaciones de la legislación sobre la jurisdicción universal introducidas en 2014 para no investigar crímenes de derecho internacional —como desapariciones forzadas y tortura— cometidos contra ciudadanos españoles en Siria y Venezuela en 2017.