Manuel Marchena, de juez clave en el juicio del 'procés' a dirigir el Poder Judicial

Manuel Marchena, el nombre pactado por el Gobierno y el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, es un magistrado conservador y dialogante que iba a presidir el juicio por el proceso soberanista catalán.

Ahora, si se cumple el acuerdo entre socialistas y populares, asumirá el reto de dirigir el Poder Judicial en un momento convulso en el que la gestión del caso del impuesto de las hipotecas ha comprometido la imagen de la independencia del máximo tribunal.

El magistrado de mayor antigüedad en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, será el presidente del tribunal en el juicio contra el exvicepresidente de la Generalitat de Oriol Junqueras y otros 17 líderes del proceso soberanista, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Hasta ahora, el magistrado Manuel Marchena era el encargado de presidir el tribunal de siete magistrados que enjuiciarán en los próximos meses a los procesados por los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia. No obstante, si éste es nombrado como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no podrá continuar con las atribuciones que tenía ya encomendadas.

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1959, fiscal desde 1985, Marchena ha presidido en los últimos cuatro años la Sala de lo Penal del Supremo, la que ha instruido, y próximamente juzgará la comisión de posibles delitos de rebelión o sedición y malversación por los responsables del 1-O.

Bajo su presidencia, la Sala de lo Penal ha actuado con firmeza, unidad y sin discrepancias en un proceso en el que Pablo Llarena, instructor de la causa, ha atraído los focos, pero en el que el papel de Marchena ha sido fundamental.

Si los veinte vocales que compongan el nuevo Consejo General del Poder Judicial confirman el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PP, Marchena no formará parte del tribunal que va a juzgar el caso, en el que él iba a ser presidente y ponente de la sentencia.

Considerado conservador, se le reconoce su prestigio, su capacidad de diálogo y su moderación. Esas características han sido determinantes para que el Gobierno haya aceptado que el candidato preferido por el PP presida el CGPJ.

Ese perfil se valora para iniciar una etapa menos presidencialista que la anterior, algo que coincide con el cambio legal que se tramita en las Cortes y todos los partidos apoyan para devolver competencias al pleno del CGPJ.

Compañeros suyos del Supremo inciden en su trato cercano y en su particular sentido del humor.

Elogian en especial el control que ha llevado de todos los asuntos que pasaban por esa Sala, hasta tal punto que creen que sería difícil que hubiese pasado un asunto tan controvertido como el caso de la sentencia de las hipotecas en una Sala como la de lo Penal.

Y es que durante el mandato de Marchena, según apuntan algunos jueces consultados por Efe, la Sala de lo Penal ha celebrado "muchísimos plenos", más que con su antecesor, Juan Saavedra, con el objetivo de unificar los criterios de los diferentes magistrados con una base jurídica sólida.

Marchena llegó al Supremo como fiscal de 2004 y fue elegido magistrado de la Sala de lo Penal tres años después para cubrir la vacante por jubilación de José Antonio Martín Pallín.

Antes, tras ejercer en la Audiencia de Las Palmas y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, formó parte de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General en la etapa de Jesús Cardenal.

En 2014, el CGPJ lo eligió por delante de Cándido Conde-Pumpido para presidir la Sala de lo Penal del Supremo y ahora, cuatro años después, el Gobierno y el PP han pactado que presida el Supremo y el CGPJ.