Madres adolescentes, ¿abandonadas a su suerte?
Actualmente hay 590 millones de niñas adolescentes (entre 10 y 19 años) en el mundo que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad debido a las desigualdades de género y al hecho reproductivo. El embarazo adolescente es uno de los aspectos que más consecuencias negativas tiene sobre su salud y opciones de vida. Se estima que cada año 16 millones de chicas entre 15 y 19 años y 2,5 millones de niñas menores de 15 años, dan a luz, el 95% de los casos en países de rentas medias y bajas.
El embarazo adolescente genera efectos negativos en la salud de las madres y en la de sus recién nacidos. 70.000 niñas mueren cada año en los países de rentas medias y bajas por causas relacionadas con el embarazo y el parto, siendo ya la primera causa de muerte entre niñas de 15 a 19 años. Sus recién nacidos son, en mayor proporción, prematuros, sufren bajo peso, y tienen tasas de mortalidad muy superiores a los hijos de madres de mayor edad (20 años o más). Además, las adolescentes reciben menor atención o de menor calidad durante el embarazo y el parto respecto a otros grupos de mujeres de mayor edad.
Existe una estrecha relación entre el embarazo adolescente y el matrimonio infantil –definido como matrimonio o cohabitación antes de los 18 años– especialmente en África subsahariana, donde la mayoría de los embarazos adolescentes se dan entre adolescentes casadas. En esta región, el 38% de las mujeres entre 20 y 24 años reportan haber contraído matrimonio antes de cumplir los 18 años. En el mundo, esta cifra se sitúa en un 21% (datos UNICEF, 2018).
Los 20 Países con las tasas más altas de matrimonio infantil*
*Prevalencia de matrimonio infantil: % de mujeres entre 20 y 24 años que reportan haberse casado o cohabitar desde antes de cumplir 18 años. Informe UNICEF sobre el Estado de la infancia en el mundo, basado en las encuestas MICS y DHS más recientes del período 2010-2016. Fuente: datos UNICEF, 2018
El matrimonio infantil se asocia a diversos riesgos para las niñas como embarazos y partos de alto riesgo, abandono escolar, violencia conyugal y escasa autonomía personal que determina en gran medida sus opciones vitales. Si comparamos a las mujeres casadas precozmente (antes de los 18 años) con las casadas con 18 años o más, las primeras sufren en mayor medida embarazos repetidos no deseados, fístula obstétrica o violencia conyugal, y tienen menor acceso a contracepción.
A pesar de su peso demográfico y de la grave situación de vulneración de derechos humanos en la que se encuentran, las madres adolescentes casadas conforman un grupo históricamente ignorado sobre el que probablemente subyace la creencia de que es "demasiado tarde para intervenir". Son un grupo al que hasta ahora hemos, literalmente, dejado atrás.
Es necesario superar la visión de la salud adolescente centrada casi exclusivamente en la prevención (del embarazo precoz, de las infecciones de transmisión sexual...) y en las adolescentes solteras, y priorizar estrategias dirigidas al grupo de madres adolescentes casadas. Se puede y se debe intervenir para procurar mejores opciones de salud y de vida a un grupo de población joven –incluso muy joven, menores de 15 años– que está al principio de su trayectoria vital y aun en su etapa formativa.
¿Cómo? Procurando servicios de salud accesibles y adecuados a las necesidades de las adolescentes madres, especialmente la contracepción para espaciar o evitar segundos embarazos no deseados. En paralelo, se debe trabajar con las comunidades para aumentar su conocimiento en relación a la salud y los derechos de las niñas, como el acceso a la educación, y aspectos relacionados con el matrimonio, el embarazo adolescente o su autonomía personal para propiciar cambios en sus actitudes y conductas, especialmente en relación al acceso y uso de anticonceptivos, la intervención que más muertes maternas puede evitar.
Los servicios adaptados a las necesidades de las adolescentes aun no son una realidad y persisten lagunas de conocimiento en relación a los grupos más jóvenes (niñas de 10 a 14 años años) o en situación de exclusión social (fuera de la escuela, seropositivos, madres solteras...). Es necesario redefinir políticas y programas con el fin de mejorar los servicios que se ofrecen al que ha sido señalado como uno de los grupos más vulnerables y, sin embargo, menos investigado como son las madres adolescentes y sus hijos e hijas en las regiones en desarrollo.
Las intervenciones también deben incentivar su permanencia o retorno a la escuela –paradójicamente aprovechando la ventana de oportunidad que supone el hecho de haberse convertido ya en madres y probado su fertilidad. Independientemente de su estado civil o de su maternidad, todas las niñas tienen derecho a la educación. Sin embargo, al quedarse embarazadas a menudo son víctimas de prácticas discriminatorias que impiden u obstaculizan su permanencia en el sistema educativo –o su regreso a él tras convertirse en madres– por parte de las autoridades educativas o gobiernos. Es una barrera más que añadir a otras como el pago de tasas escolares, la falta de apoyo familiar o social y el estigma que sufren en comunidades y escuelas.
Los datos actuales sobre la prevalencia del matrimonio infantil y el embarazo adolescente y las proyecciones demográficas de las próximas décadas, especialmente en los 47 países menos desarrollados y en África subsahariana, donde la población se duplicará en 26 países entre 2017 y 2050, nos indican que cualquier estrategia para mejorar significativamente la salud materna y neonatal (recordemos las metas del ODS3 de salud relacionadas con la mortalidad materna y neonatal, el acceso universal a la salud reproductiva o a la educación, o los objetivos de alcanzar la igualdad de género o reducción de la pobreza) pasan por abordar las necesidades de este grupo de población.
En los últimos años ha habido progresos en relación a la regulación jurídica del matrimonio infantil y a la sensibilización sobre esta cuestión en muchos países. Sin embargo, el número de matrimonios infantiles (especialmente en las zonas donde es más prevalente como África Occidental y Central) en las últimas dos décadas o bien se ha mantenido estable o ha experimentado una leve reducción. Mientras, en algunos países como la República Centroafricana o regiones como Latinoamérica hay una tendencia al alza entre las adolescentes menores de 15 años. Los cambios legislativos son un primer paso, pero deben ir acompañados de financiación y mecanismos de rendición de cuentas en los países.
Como miembros de la comunidad de desarrollo y salud podemos evaluar críticamente nuestras estrategias, presupuestos o prioridades de investigación para los próximos años, y preguntarnos si realmente estamos priorizando esta cuestión crítica para la sostenibilidad de la humanidad.