Lupe Valdez, la sheriff latina, septuagenaria y lesbiana que quiere gobernar Texas
Podría ganar en un estado tradicionalmente republicano y conservador.
Guadalupe 'Lupe' Valdez es una mujer muy especial por diversas razones: con sus 70 años, es la primera sheriff latina en Texas (EEUU), un estado tradicionalmente conservador y republicano con un gran número de votantes contrarios a la inmigración. Es, además, la primera lesbiana en ejercer el cargo en el estado.
Y pronto podría convertirse en la gobernadora de Texas, según Los Angeles Times, gracias a un fuerte sentimiento anti-Trump que lastra incluso a los republicanos de estados afines. Es difícil que gane en votos al gobernador conservador Greg Abbott, pero quizá lo logre si consigue mobilizar a los latinos para el voto.
Pero primero tiene que ganar las primarias de su partido del 6 de marzo, y el Texas Tribune augura que serán las más reñidas desde los 80, con unos ocho candidatos. Su principal rival es Andrew White, que pertenece a una familia política y representa el candidato tradicional: es blanco, hombre y heterosexual.
"Hemos dado esperanza a la gente. La mayoría habían dado Texas por perdida", considera Valdez, la menor de ocho hermanos de una familia inmigrante que trabajaba en el campo. Trabajó como camarera para pagarse la universidad y ya obró el milagro de resultar elegida en cuatro elecciones como sheriff.
Valdez mantendrá su homosexualidad con discreción durante la campaña y pretende mantener alejada a su novia de apariciones públicas y mitines. Su programa se centrará en las preocupaciones económicas de la clase trabajadora y de la tercera edad, colectivos con los que se identifica.
En 2015, se enfrentó a su futuro rival, Abbott, al negarse a mantener en prisión a los inmigrantes convictos que no estuvieran condenados por delitos violentos. Fue en pleno auge del movimiento de las ciudades santuario, lugares de EEUU que se negaban a cumplir la politica federal antiinmigración.
El gobernador republicano amenazó entonces a Valdez con retrasar las ayudas públicas y la sheriff reculó. Hoy en día, los funcionarios como ella pueden enfrentarse a penas de cárcel y multas de hasta 25.000 dólares por incumplir esas leyes.
