Los pensionistas toman las calles para la sorpresa del PP
Las asociaciones y los sindicatos exigen pensiones dignas y anuncian nuevas movilizaciones.
"Vamos para adelante con las movilizaciones. Estamos muy contentos con la respuesta de la gente. La sociedad se está dando cuenta de lo que está pasando con las pensiones", explica Cristóbal Ráez, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
Como él, miles de pensionistas se han echado a las calles con la exigencia de pensiones dignas. Se avecina una primavera caliente para el Gobierno.
"Estamos hartos de que nos suban la miseria del 0,25%". "Más pensiones, menos ladrones". "Manos arriba, esto es un atraco". "Somos pensionistas, no somos terroristas". "Esta batalla la vamos a ganar". Estos son algunos de los lemas y gritos que se escuchan en las calles de España en las últimas semanas. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones hizo un llamamiento a salir a las calles de 86 ciudades españolas el pasado 22 de febrero para defender las pensiones públicas y protestar contra la revalorización del 0,25% anual, que se repite desde hace cuatro años.
La convocatoria ha sido un éxito. Una imagen recorrió todas las televisiones: la de miles de jubilados en la carrera de San Jerónimo, delante del Congreso de los Diputados. Esta vez, no se trataba de una convocatoria de jóvenes indignados del movimiento 15-M. En su lugar, se reclamaban pensiones dignas. Nadie esperaba esa movilización. Sorprendió tanto al Gobierno como a los partidos de la oposición.
Una de las movilizaciones más grandes tuvo lugar en Bilbao. Las asociaciones de pensionistas de Bizkaia lograron reunir a cerca de 35.000 personas que colapsaron el centro de la ciudad. A la cabeza de la manifestación, una pancarta con el lema Pensiones públicas dignas. No al 0,25%.
"No había símbolos políticos, eso permite que todo el mundo pueda ir sin sentirse incómodo. Se ha demostrado que era eficaz cuando ha sido la manifestación más masiva de todo el Estado", cuenta José Ramón Landaluce, portavoz de Nagusiak, asociación vizcaína de pensionistas y jubilados que engloba a 142 asociaciones del territorio foral y representa a 54.000 asociados, a El HuffPost.
La protesta no se quedó ahí, el lunes 26 de febrero cientos de pensionistas se concentraron de nuevo frente al Ayuntamiento de Bilbao. Ya lo habían hecho las seis semanas anteriores. Los colectivos pretenden continuar con las movilizaciones los lunes a mediodía frente a los consistorios, hasta que logren que el Gobierno rectifique. Aunque Landaluce matiza que quizá se cambie el lugar de la convocatoria: "Queremos que se hagan frente a la subdelegación del Gobierno, porque los Ayuntamientos no pueden cambiar la situación".
A nivel estatal, los sindicatos UGT y CCOO convocaron el pasado jueves 1 de marzo concentraciones en toda España. En Madrid, el punto de reunión fue frente a la sede del Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro. "Solo la suma de todos conseguirá frenar el mayor desfalco que se quiere cometer contra nuestro Sistema Público de Pensiones", señalaba UGT en un comunicado. La lluvia hizo que las concentraciones fueran menos numerosas que en ocasiones anteriores.
"Esto no ha hecho más que empezar", alerta la Coordinadora en un comunicado. Este colectivo anunció una serie de manifestaciones en toda España para el sábado 17 de marzo. Los sindicatos convocaron movilizaciones para el mismo día. Ambos pretenden que se convierta en una movilización masiva.
"Los sindicatos queremos promover una gran movilización. No es solo por la revalorización de las pensiones, debe ser algo intergeneracional. La gente debe entender que se han adoptado medidas, como las de 2013 en las pensiones, que afectarán en los próximos años a la calidad de las pensiones", ha asegurado Unai Sordo, líder de CCOO, durante la concentración del 1 de marzo.
¿Qué piden los pensionistas?
En primer lugar, derogar la reforma de 2013 para recuperar la actualización de las pensiones basada en el IPC. "Que volvamos al pacto de Toledo", señala Landaluce. La oposición ha forzado que la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso debata sobre la revalorización de las pensiones el próximo miércoles 7 de marzo.
El grupo parlamentario socialista registró la semana pasada una proposición de ley para que las pensiones se incrementaran este año un 1,6% (ver texto de la iniciativa). En caso de aprobarse, supondría un incremento del gasto en 2.000 millones en 2018.
En la misma línea se manifiestan los sindicatos. "Las pensiones no pueden estar sujetas al viento del Gobierno de turno. Tienen que recuperar la revalorización automática de acuerdo con el crecimiento del coste de la vida. Si no volvemos a la situación anterior, todo hace prever que los años que haya elecciones las pensiones subirán y el resto de años, no", afirmaba Pepe Álvarez, líder de UGT, en una entrevista con este medio.
Asimismo, alertan de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. "Se estima que los nuevos pensionistas cobrarán entre un 15% y un 20% menos que los actuales. El factor de sostenibilidad es la ruina para los futuros pensionistas", afirma Landaluce.
Además, los colectivos de pensionistas exigen que las pensiones mínimas alcancen los 1.000 euros, reivindicación compartida por los sindicatos. "Hay que partir de pensiones dignas. La mayoría de pensionistas cobra menos de 700 euros. Todas esas pensiones hay que subirlas para considerarlas justas", asegura Landaluce.
También reclaman que las personas que se queden viudas cobren el 100% del salario del fallecido en las pensiones de viudedad. En la actualidad, el viudo o la viuda recibe como pensión el 52%, es decir, aproximadamente la mitad del salario del fallecido.
El Gobierno improvisa tras la sorpresa
La dimensión de las protestas ha sido tal que el Gobierno está incómodo con la situación. En este caso no eran unos jóvenes potenciales votantes de Unidos Podemos los que se echaban una vez más a la calle, era su propio nicho de electores el que gritaba que la subida de las pensiones era "una mierda", en palabras de Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
En concreto, el 40% de los apoyos del PP proviene de los mayores de 65 años. Los politólogos señalan que, hasta ahora, este grupo de votantes era el que más participaba y el más fiel. Esto podría cambiar con el ascenso de Ciudadanos que pronostican las encuestas. Desde las elecciones catalanas, ambos partidos mantienen un duro enfrentamiento.
El Gobierno apenas tardó cinco días en reaccionar a las protestas. El ministro Montoro anunció el martes una deducción en el IRPF para las personas de "edad muy avanzada", aunque no concretó nada. Únicamente señaló que esta medida estaría incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que todavía no han sido llevados al Consejo de Ministros y cuya aprobación está pendiente debido a las reticencias que muestra el PNV.
El alcance de esta medida es bastante limitado. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que más del 63% de los jubilados españoles ya están exentos del pago de IRPF, al cobrar pensiones inferiores a los 12.000 euros anuales. "Todo eso es humo. Son fuegos de artificio que hace el Gobierno para mantenernos callados. No nos van a calmar con cualquier bobadita", señala indignado Landaluce. "Eso son cantos de sirena. Va a beneficiar a las rentas más altas. Es otra táctica para callar el tema y contener la movilización", afirma Raez.
Tras las peticiones de la oposición, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado jueves durante una entrevista en El Programa de Ana Rosa (Telecinco) que pedirá una comparecencia en el Congreso "en diez o doce días" para realizar un debate monográfico sobre pensiones.
El colectivo de pensionistas ha gozado de gran prestigio social. Los abuelos constituyeron un pilar fundamental en esa red familiar que amortiguó las consecuencias de la crisis en España (como el incremento de la desigualdad, el fuerte desempleo y el aumento de la pobreza) y evitó un estallido social como el que se vivió en otros países.
Muchas familias españolas solo tuvieron un ingreso asegurado durante la crisis económica: la pensión de los abuelos. Ante los recortes de personal en las administraciones públicas y la no convocatoria de oposiciones, muchos funcionarios se acogieron a la jubilación anticipada a los 60 años al ver las orejas al lobo. En muchos desahucios, los hijos retornaban a casa de los padres.
Recortes durante la crisis
A pesar de ser uno de los colectivos que menos ha sufrido las consecuencias de la crisis económica, también han visto cómo se les aplicaban una serie de recortes. En primer lugar, el Gobierno de Zapatero aprobó una congelación de las pensiones en 2011 y amplió posteriormente la edad de jubilación de los 65 años anteriores hasta alcanzar los 67 años en 2027 . Esta segunda medida todavía no ha tenido mucho efecto, puesto que la edad real de jubilación se mantiene en los 64 años.
Así lo anunciaba entonces la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado:
Cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa, emprendió una serie de medidas que perjudicaron al bolsillo de los jubilados. La entonces ministra de Sanidad Ana Mato aprobó el copago farmacético en 2012. Los pensionistas empezaron a pagar por los medicamentos recetados. Pero un año más tarde, el Ejecutivo llevó a cabo una reforma de las pensiones que ahora es señalada como el objetivo a derogar.
A partir de 2013, las pensiones no se revalorizarían según el coste de la vida (atendiendo al IPC), sino que únicamente lo harían un 0,25% en el caso de que la Seguridad Social tuviera déficit. El problema llega cuando los números rojos se han repetido año tras año y no han parado de crecer. La Seguridad Social cerró 2017 con un déficit histórico, superior a 18.000 millones.
Además, esta reforma introducía un mecanismo conocido como "factor de sostenibilidad", cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2019. Se trata de un elemento corrector que sirve para recortar las futuras pensiones al tener en cuenta que ha aumentado la esperanza de vida. Este recorte se situaría en el 0,5% para las personas que se conviertan en pensionistas en 2019, según publicaba Cinco Días.
¿Cuántos pensionistas hay y cuánto cobran?
En España hay 8.699.056 pensionistas que reciben un total de 9.573.282 pensiones, según los datos de febrero de 2018 de la Seguridad Social. Conviene matizar: pensionista no es lo mismo que jubilado. Estas cifras incluyen a diversos tipos de pensionistas: los jubilados (5,8 millones), los que reciben una pensión de viudedad (2,3 millones, mayoritariamente mujeres), los que tienen reconocida la incapacidad permanente (cerca de un millón), los huérfanos (aproximadamente 300.000)...
La Seguridad Social señala que el importe de la pensión media se sitúa en 932,29 euros al mes. Pero la media es un estadístico engañoso, ya que existen grandes desigualdades.
Aproximadamente el 60% de los pensionistas (5,4 millones de personas) reciben cada mes menos de 1.000 euros, según las estadísticas de la Seguridad Social. Otro 30% (2,3 millones) recibe entre mil y dos mil euros al mes. La pensión del 10% restante (cerca de un millón de personas) supera los 2.000 euros.
Si se echa la vista atrás, la Seguridad Social ha pasado de tener 8,4 millones de pensiones en 2008 a superar los 9,5 millones en 2017. Es decir, el número de pensiones y de pensionistas se ha incrementado en un millón en una década, tal y como se puede ver en el siguiente cuadro.
Se agota la hucha de las pensiones
La Seguridad Social destinó 8.925,1 millones de euros para pagar las pensiones del pasado mes de febrero. El sistema español se basa en la solidaridad intergeneracional: los trabajadores actuales financian las prestaciones de los que son jubilados en ese mismo momento.
La bajada de los salarios tiene como consecuencia que las cotizaciones que realizan actualmente los trabajadores cada mes solo sirven para pagar las pensiones de ese mismo mes. Sin embargo, estos recursos no son suficientes para hacer frente a las pagas extras, ya que en junio y diciembre la cantidad mensual a pagar se duplica, hasta casi alcanzar una factura de 18.000 millones de euros.
Ante la falta de dinero, Rajoy ha tenido que echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como la "hucha de las pensiones". Cuando Zapatero se fue había 66.815 millones, mientras que, tras las continuas extracciones del actual inquilino de La Moncloa, se ha quedado en 8.095 millones. Es decir, no quedaría dinero ni para abonar otra paga extra. De hecho, el Gobierno ha solicitado dos préstamos para financiarlas las últimas pagas extras, aumentando, por tanto, la deuda pública.
Además existe un gran problema. Los nuevos afiliados tienen salarios bajos, lo que hace que se recaude menos. Por otro lado, el aumento de la esperanza de vida hace que cada vez haya más jubilados, que cobran una prestación más elevada y que la recibirán durante más tiempo. Este fue el motivo por el que el Gobierno introdujo el factor de sostenibilidad, mencionado anteriormente.
Y todo esto, ¿cómo se paga?
Aquí es donde existe una disparidad de ideas, puesto que en la actualidad el sistema es deficitario y no hay mucho margen presupuestario, tal y como explicaba el periodista Jaume Viñas en este hilo de tuits en la red social Twitter.
Los sindicatos y los colectivos de pensionistas consideran que la Seguridad Social afronta hoy en día una serie de gastos de los que no tendría que hacerse cargo y que deberían afrontarse desde los Presupuestos. Por ejemplo, bonificaciones a la contratación de jóvenes, parados de larga duración o mayores de 55 años, así como las subvenciones para que los nuevos autónomos se acojan a la tarifa plana. "Las bonificaciones a las empresas se pagan desde la Seguridad Social cuando se debería desde los presupuestos", señala Landiluce.
La iniciativa del PSOE incluía una garantía para que el incremento de las cotizaciones basada en el IPC debía de asegurarse con impuestos. "La revalorización de las pensiones para 2018 debe financiarse adicionalmente con una aportación a la Seguridad Social desde los impuestos", señalaba el texto.
Aquí se puede ver un artículo de la propuesta socialista:
El texto presentado por el PSOE no incluye la propuesta que hizo Pedro Sánchez en enero sobre la creación de dos impuestos que servirían para financiar el incremento de las pensiones: un impuesto a la banca y otro a las transacciones financieras. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, defendió la creación de un impuesto a la robótica.
Otras propuestas apuestan por aumentar la base máxima de cotización, que se sitúa en 3.751,2 euros en 2018, con el objetivo de aumentar la cotización por IRPF. En la actualidad, cuando un trabajador gana más que ese tope máximo no tiene que cotizar por la cantidad que supere ese salario. Es decir, si un trabajador cobra 5.000 euros, los 1.300 restantes están exentos de cotización.
Algunos expertos señalan que se ha de aumentar la edad de jubilación, teniendo en cuenta el incremento de la esperanza de vida. José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi), señaló en declaraciones a El Huff Post que la jubilación debería adaptarse a esta variable, en vez de calcularse a partir de los 65 años. "Debería realizarse un manejo realista de la edad de jubilación teniendo en cuenta las tendencias de longevidad y del mercado de trabajo", explica.
La gran movilización augura que tanto la Mesa de Diálogo Social como la comisión del Pacto de Toledo van a tener que ponerse a trabajar en serio y sin más parálisis para solucionar este embrollo, que no parece fácil.
