Los familiares de las víctimas mortales tienen derecho a una indemnización de 250.000 euros
El Estado abonará también los gastos de traslado, sepelio e inhumación que no se hallen cubiertos por una póliza de seguro.
Las familias de las 15 víctimas mortales de los atentados de Cataluña tienen derecho a cobrar una indemnización de 250.000 euros del Estado español, que ofrece ayudas para sufragar el traslado de los cadáveres y costear entierros e incineraciones, además de compensar las lesiones de los heridos y ofrecer asistencia médica y psicológica.
La normativa española prevé incluso que, en casos de "perentoria necesidad", algunas de estas ayudas puedan cobrarse por adelantado, según reconoce el reglamento que desarrolla la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo de 2001, que ha consultado Europa Press.
Algunos familiares de víctimas extranjeras de los atentados de Barcelona han iniciado campañas de crowfunding en Internet para recabar fondos con los que costear la repatriación de los cadáveres o pagar la asistencia sanitaria.
Técnicos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo consultados por Europa Press admiten que a día de hoy, cuando apenas han pasado cinco días del atropello en La Rambla, los familiares de los fallecidos o los propios heridos quizás desconozcan todas las ayudas que el Estado prevé para sus casos.
El Ministerio del Interior, que cuenta con una Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, ha habilitado varias líneas telefónicas para atender a los afectados por los ataques y sus familiares: 915372479/80; 915372441/42 y 915372421/61.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que colabora con Interior, también ha habilitado dos teléfonos para la asistencia psicológica de afectados por los ataques: 607719716 y 915940799.
Para poder acceder a las ayudas, es necesario que el interesado que tenga derecho a ellas las solicite formalmente al Ministerio del Interior, presentando los certificados sanitarios y policiales o judiciales que acrediten que ha sido víctima de los ataques.
La indemnización por fallecimiento está dirigida al cónyuge o pareja de la persona fallecida, y a los hijos de ésta, si los hubiera. En caso de que el fallecido no tuviera pareja ni descendencia, tendrá derecho a la indemnización, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y los abuelos de la víctima.
La Administración General del Estado abonará también los gastos de traslado, sepelio e inhumación y/o incineración de las víctimas que no se hallen cubiertos por una póliza de seguro, hasta el límite de 6.000 euros.
Para los heridos, el Estado prevé compensaciones que varían en función de la gravedad de las lesiones que les provocara el atentado, que van desde los 500.000 euros para situaciones de gran invalidez a 75.000 por una incapacidad permanente parcial.
AYUDA PSICOLÓGICA
España ofrece también asistencia psicológica y psiquiátrica gratuita a los afectados por terrorismo de manera inmediata y presta asistencia sanitaria de urgencia a los heridos en el Sistema Nacional de Salud.
Los heridos tendrán derecho a compensaciones por los gastos de tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas en los que incurran y que guarden vinculación con las acciones terroristas, cuando quede acreditada su necesidad y no se hallen cubiertos por el sistema público o privado de previsión al que estas personas se encuentren acogidas, recoge la normativa española.
La ley española de protección a las víctimas, pionera en los países de nuestro entorno, según reconocen desde la Fundación de Víctimas del Terrorismo, contempla otra serie de ayudas psicopedagógicas y escolares para las víctimas del terrorismo y sus hijos.
