Los errores en materia de Memoria Democrática que no deben volverse a cometer

Intentó ser útil, pero muchos de sus artículos quedaron en puro voluntarismo. La Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) supuso un hito en el intento de dar respuesta a las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, a su ansia de verdad, justicia y reparación. Pero se quedó corta, un primer paso demasiado medido frente a la magnitud de la deuda pendiente. A Zapatero le tomó relevo en La Moncloa Mariano Rajoy (PP), y entonces ya no hubo ni voluntad. La aplicación de la norma se frenó en seco, para desolación de las víctimas y sus familias.

Con la llegada al poder de Pedro Sánchez, el PSOE llevó al Congreso una proposición de ley que trataba de cubrir los vacíos del primer articulado que, con los meses, y alentada por la alianza con Unidas Podemos, se ha transformado en la Ley de Memoria Democrática, que este martes se eleva al Consejo de Ministros. ¿Tiene absolutamente todo lo que las asociaciones memorialistas reclamaban? Algo le falta. ¿Afronta olvidos esenciales para el movimiento? Sí.

Lo que más lamentaban hasta ahora las asociaciones -la Federación Estatal de Foros por la Memoria o la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, entre otros- era, en primer lugar, la falta de reconocimiento a las víctimas como tales, algo que va mucho más allá de la etiqueta y apareja respeto, compensaciones y verdad histórica con datos fiables. A ello se suma la necesidad de exhumar cuanto antes las más de 2.000 fosas comunes, en las que se calcula que maldescansan 130.000 personas, “desaparecidos que un estado democrático no se puede permitir tener”, señalan. La llamada “anomalía española”.

Tampoco ha habido hasta ahora un reconocimiento público de estas víctimas y mucho menos un homenaje. Han sido sus familias y las asociaciones las que se han encargado de cada pequeño acto de reparación o de cada investigación y exhumación, mientras sigue habiendo calles con nomenclaturas fascistas y estatuas que homenajean a Francisco Franco. El Ministerio de Justicia solicitó formalmente el año pasado a 656 municipios que retiraran vestigios que pervivían en sus espacios públicos, como 1.171 calles y plazas que mantenían los nombres de figuras del franquismo.

No hay un banco de ADN en el que cotejar los datos de un hueso encontrado en una fosa, los archivos no están abiertos a los investigadores y, menos, digitalizados, no hay equipos forenses especializados, ni listado de desaparecidos, ni se estudia su limbo y la crueldad que afrontaron en los colegios e institutos, como en cualquier sociedad que fue herida y ahora trata de cerrar todas las cicatrices, desde el conocimiento.

No se ha derogado la Ley de Amnistía de 1977, el borrón y cuenta nueva que buscaba perdonar y pasar página sobre “los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976”, que acabó dejando sin castigo crímenes de derecho internacional, como son la desaparición forzada o la tortura.

Hasta se sigue pagando cada mes la medalla policial de algunos ejecutores de ese terror. Tampoco se han declarado nulas las sentencias de los tribunales franquistas -sin argumentos jurídicos, sin delitos enumerados, sin defensa para los acusados...-. Mientras, fundaciones como la Francisco Franco siguen cobrando subvenciones públicas y hay no pocos nobles de nueva hornada, cuyos títulos creó y entregó el dictador, que siguen haciendo gala de ellos y disfrutando de los bienes expoliados a otros españoles no afines al régimen.

Lo que aporta la nueva ley

La norma que ahora impulsa la vicepresidenta segunda del Gobierno, Carmen Calvo, a cargo de las competencias de memoria, ha sido expuesta en diversos medios en las últimas semanas y tapa bastantes de los agujeros actuales. “Ya era hora”, resumen las asociaciones. Supone una especie de plan de choque, que las víctimas reclaman que se aplique cuanto antes, porque la deuda es antigua de décadas y porque, literalmente, los que necesitan ver esa reparación y esas respuestas se están muriendo de viejos.

Para empezar, ahora sí, se habla expresamente de “víctimas”. Lo es “toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico y daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violación de los derechos humanos durante el periodo que abarca la Guerra Civil y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución”.

Ya no serán las familias, los historiadores, los investigadores y las asociaciones los que lleven a cabo el penoso trabajo de buscar y abrir fosas, pagando cada paso de su bolsillo. Esa misión ahora será tarea directamente del Estado, a quien se le reclama que busque a las personas desaparecidas entre 1936 y 1939 y en la dictadura siguiente. “El procedimiento de búsqueda –y en su caso de exhumación e identificación– se incoará de oficio por el Gobierno o la comunidad autónoma, o bien a instancias de los ayuntamientos o los familiares, según recoge la norma, que prevé una reglamentación posterior de las tareas de búsqueda y la elaboración de un “mapa” de fosas”, indica en su información exclusiva Infolibre.

Hasta ahora, era un problema que la fosa estuviera en suelo privado, pero desde que entre en vigor la ley, la Administración central podrá obligar a abrir la tierra incluso en esos espacios. En el caso de que se encuentren revelaciones claras de un crimen violento -fusilamientos, por ejemplo-, habrá que informar a la Fiscalía, que tendrá un área especial para desaparecidos y se encargará de llevar al Registro Civil cada una de estas muertes.

Esencial también para documentar bien cada caso es el nuevo Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y el censo de víctimas, asesinadas o supervivientes, víctimas de la contienda o de la represión. También se aboga por conocer los datos de quienes tuvieron que hacer trabajos forzosos, a veces grandes olvidados, a los que se promete “reparación”.

Como prometió Sánchez, el Valle de los Caídos también será reformado en su esencia, será “resignificado”, después de que el cuerpo de Franco fuese sacado de la basílica el pasado otoño. Aún no hay un proyecto exacto para la zona, pero sí que, como lugar de memoria democrática que es, tendrá que dedicarse a saber y entender, sin ensalzar. Un complejo histórico y educativo. Es lo que defienden la mayoría de los historiadores.

Además de Cuelgamuros, se localizarán otros lugares de memoria, con afán pedagógico y de resarcimiento, en la misma línea de los nuevos estudios, que contemplarán específicamente esos años de nuestra historia en Secundaria y Bachillerato. Habrá, también, dos días de conmemoración: el 31 de octubre, el Día de Recuerdo y Homenaje a Todas las Víctimas, y el 8 de mayo Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Exilio; la primera fecha es la de la aprobación de la Constitución en Cortes. La segunda, la victoria aliada sobre el nazismo. Así se honra, también, a los españoles de Mauthausen, perseguidos por el fascismo.

Mete mano al dinero

Los dineros y los honores, tan complicados de abordar, ahora sí serán perseguidos. El Estado “promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo”, y se elaborará un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que exalten la Guerra Civil y la dictadura y los suprimirá.

En la misma línea, desaparecen los honores “manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales” y se quitarán las medallas -y su dinero aparejado- a quienes torturaron y vejaron en la predemocracia, como el caso del ya fallecido Billy el Niño.

Fuera también las sentencias injustas, dictadas “por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal”.  Incluye, por ejemplo, la del expresidente de la Generalitat catalana Lluís Companys. Unos procesos sin garantías “no son procesos reconocibles por una democracia”, indicó El Periódico al avanzar la noticia.

Sobre Fundaciones o Asociaciones como la Francisco Franco, la ley contempla que es “causa de extinción” que se afane en defender principios absolutamente antidemocráticos y esa apología se entenderá como “contraria al interés general”. Ayudas públicas, ni una. Quien aún así se niegue a aplicar la ley, se enfrenta a multas de 10.001 a 150.000 euros (muy graves), de 2.001 a 10.000 euros (graves) y de 200 a 2.000 euros (leves).

La norma fija nuevos accesos mejorados a los archivos, con la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, además de una persecución más fina de los símbolos franquistas o de las nomenclaturas y estatuas, no bien aplicada en la ley de 2007. Y añade una mirada “de género”, para que las mujeres que fueron víctimas dejen de ser las olvidadas entre los olvidados.

Las asociaciones, que en líneas generales aplauden el borrador de la ley, insisten en que lo esencial, por encima de todo, es la “voluntad política” y que con ella incluso la insuficiente ley de Zapatero hubiera sido buena.

Negro sobre blanco, al menos de momento, queda desde este martes el compromiso. Una memoria menos desmemoriada.