Los atajos conducen al banquillo

Muchos desencantados de la democracia, que como decía Winston Churchill “es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás”, hartos de sus fallos, como el despilfarro y la corrupción, y que insensatamente han basculado al lado contrario y se han convertido en nostálgicos de la dictadura franquista, no acaban de entender la sentencia de los ERE. “Tiene que haber gato encerrado”, dicen algunos en la gigantesca barra de bar que son las redes sociales.

Durante los últimos años, y para contrarrestar la penosa imagen de un PP corroído por una serie de tramas que, sintetizando, robaban dinero público, amañaban contratos y se enriquecían ilícitamente como sanguijuelas que también chupaban de la financiación irregular para el partido (ejemplos, la Gürtel o Bárcenas…),  leíamos hasta ayer mismo en grupos de WhatsApp sobre los ERE andaluces y las contundentes penas impuestas a los expresidentes Chávez y Griñán que “los cabecillas de la mayor trama corrupta de la historia de España se apropiaron de miles de millones de dinero público”.

Miles de millones, nada menos…. En medios y en panfletos han circulado tablas clasificatorias sobre el latrocinio español: el ‘caso de los ERE’ ha llegado a alcanzar por arte de encantamiento o por un milagro como el de los panes y los peces un montante total de más de 4.000 millones metidos en bolsillos particulares, aunque a veces ha bajado hasta los mil y pico largos.

La sentencia elimina toda esta faramalla y hace un distingo, los políticos que autorizaron un método que en principio tenía por objeto agilizar la gestión de estas ayudas, y los políticos o funcionarios que se lucraron, y reduce la cuantía por el concepto principal, la totalidad del fondo, a 680 millones gestionados “con un descontrol absoluto”. Lo que no significa que todo este dinero haya ido a personas que no tenían derecho a recibir estas ayudas, ni que todas las empresas recibieran un trato de favor.

El problema de fondo es la moda de la ‘desregulación’ - creadora por otra parte del ‘capitalismo de casino’- y la invención de organismos de distinto tipo para ‘agilizar’ la gestión administrativa. Sobre esto, que es muy común en todos los escalones de la administración, ha advertido repetidamente el Tribunal de Cuentas del Estado, y los parejos órganos autonómicos de control externo.

Por lo general ayuntamientos, cabildos insulares, diputaciones provinciales y gobiernos regionales, consideran un engorro cumplir los complejos y a veces farragosos trámites del procedimiento reglado, cuya función es garantizar los principios de legalidad y el de la igualdad de todos los ciudadanos. Para eso existen los funcionarios.

Y nada mejor, piensan algunos, que montar un tinglado de ‘empresas públicas’ o ‘fundaciones’ gobernadas “con criterios empresariales”, o paralelamente, duplicar el sistema con otro con menos tiquismiquis y que interprete, en consonancia con los deseos de los políticos, y sus necesidades ‘inaguradoras’ en ciclos electorales, más ‘abiertamente’ las normas. La intención es puentear a la ‘burocracia’ “que no hace sino bloquear”, y poner en su lugar a gerentes y asesores que obedezcan con diligencia a quien les paga.

Hay abundantes sentencias del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que ponen de relieve esta perversión. Una de ellas, por ejemplo, es la de fecha 16/5/2014 que resuelve un recurso de casación y que hace referencia a la construcción de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria, que el alcalde José Manuel Soria impulsó aún en contra de los dictámenes de los técnicos, letrados o arquitectos, municipales. Conclusión, imposible de legalizar y orden firme de demolición, aunque por las características y los fines del edificio aún, años más tarde, se busca su inejecución.

Además, estos fallos judiciales advierten de que una obra construida ilegalmente no es legalizable por el mero hecho de adecuar con posterioridad la norma y hacer una revisión ‘ad hoc’ del Plan General.

El Tribunal de Cuentas, al que con suicida frecuencia no se le suele hacer caso - en realidad, casi todos los escándalos han sido detectados previamente, y habrían podido evitarse a tiempo- es claro sobre los peligros de este puenteo, que suele acabar en delitos de corrupción en sus variantes de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas) o de malversación (destinar recursos a objetivos distintos a los previstos legalmente); y luego se da una de las consecuencias inevitables y encubiertas de la desregulación: que haya quienes se aprovechen personalmente de estas grietas abiertas en el muro de contención.

En un demoledor y minucioso informe sobre las universidades públicas españolas de 2012, el Tribunal de Cuentas advierte sobre ello: “La creación de una entidad dependiente por parte de una universidad debe responder a la búsqueda de una mayor eficacia en la gestión, a la agilización de procedimientos o a la participación ciudadana en la gestión. Sin embargo – puntualiza- la creación de entidades instrumentales no siempre ha respondido a nuevas necesidades que deban atenderse, (y) a la racionalización de la gestión, sino en ocasiones a la deliberada huida de los controles internos o del control presupuestario y de gestión y a la búsqueda de un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad de las decisiones que afectan a la gestión del personal, contratación, y ejecución de inversiones y prestación de servicios públicos”. Tampoco han tenido efecto sus razonados llamamientos para que las universidades establezcan una ‘contabilidad operativa’ o de costes para lograr una mayor eficiencia, o el control horario del profesorado, ajustado a las peculiaridades académicas. Casi dos décadas y sin que se implanten de forma generalizada, porque la ‘recomendación’ viene de principios de siglo, es, como mínimo, sospechoso.

Estos ‘órganos dependientes’, como se les llama en la jerga profesional, exigen a su vez, para que no se desvíen de sus buenos fines, el aumento de los controles y la realización de auditorías permanentes para evitar ‘blanqueos’; cosa que tampoco se hace; muy al contrario,  la ‘persecución’ del establishment universitario a los Consejos Sociales, encargados de la supervisión económica y de los servicios, es el deporte preferido de rectores y gerentes, cuyo mayor anhelo es llegar a la perfección de la autonomía universitaria entendida al modo soberanista de Puigdemont y Torra, que el auditado sea su mismo auditor.

El camino al infierno, dice un famoso proverbio, está empedrado de buenas intenciones. Desde los años 80 se ha impuesto la moda ‘empresarial’ de la sustitución, o arrinconamiento, de secretarios e interventores funcionarios por gestores contratados a dedo, y quien a dedo manda, el dedo se le infecta. Y por eso, pasa lo que pasa.

La sentencia de los ERE refleja perfectamente esa circunstancia, lo que podríamos  llamar el ‘pecado original’. En el año 2000 el gobierno andaluz cambia el sistema de ayuda a empresas en crisis para dar una  respuesta más rápida a los grandes conflictos socio laborales, que fueron en aumento según soplaban vientos de crisis. Lo que fue una ‘necesidad política’ llevó al gobierno de la Junta de Andalucía a establecer un sistema más ágil “si bien  – expresan los jueces de la Audiencia de Sevilla- tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”. A partir de 2001 las ayudas las pagaba directamente el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), mediante un ‘convenio marco’.

El ‘caso de los ERE’ – que acabará en el TS - debe servir de ejemplo y de escarmiento de prácticas que aunque en origen tengan una buena motivación, en su seno esconden la irregularidad (alivio de la supervisión) y son fuente de discrecionalidad. Aunque no hay que ser optimista sobre que se aprenda la lección porque “moro viejo no aprende idiomas”, y porque mucha gente quiere políticamente comparar lo incomparable, como los ERE y la Gürtel o la ‘caja B’ del PP.

En esa estrategia Pablo Casado y ‘el señor de Murcia’, Teodoro García Egea, campeón mundial en 2008 de escupir huesos de aceitunas a distancia, piden la dimisión de Pedro Sánchez por su ‘responsabilidad política’… ¡con efecto retroactivo de casi dos décadas! Una responsabilidad que al ser procesados asumieron los dos presidentes concernidos, Chaves y Griñán.

En fin, que la discrecionalidad y la relajación de la vigilancia y del escrupuloso respeto de las reglas del juego siempre acaba mal. Realmente, suele terminar en el banquillo de los acusados.