¿Y ahora qué? Lo que puede ocurrir tras la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña

El expresidente de la Generalista de Cataluña, Carles Puigdemont, sobre quien pesa una orden internacional de captura por parte del Tribunal Supremo, ha sido detenido este jueves en Cerdeña por las autoridades italianas.

La noticia de su detención ha caído como una bomba cerca de las 23:00 de este jueves. Hace apenas dos meses el Tribunal General de la Unión Europea retiró la inmunidad parlamentaria que protegía a Puigdemont y a sus compañeros en la Eurocámara Toni Comín y Clara Ponsatí.

Puigdmeont se desplazó en la tarde de este jueves a Alguer (ciudad en la costa noroeste de Cerdeña), procedente de Bruselas, para participar todo el fin de semana en varios eventos, según ha informado la oficina de Puigdemont.

“Cuando ha llegado al aeropuerto de Alguer ha sido retenido por la policía fronteriza italiana. Mañana el Presidente será puesto a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sássari (Cerdeña) que es competente para decidir la puesta en libertad o su extradición”, ha añadido el portavoz en Twitter. El abogado Gonzalo Boye y un equipo de abogados italianos están asistiendo al expresidente de la Generalitat, según han explicado fuentes de Junts.

¿Por qué ahora?

La detención del expresidente de la Generalitat responde a una orden europea de detención y entrega (euroorden) cursada por el Supremo por un delito de sedición y que nunca ha dejado de estar vigente, han informado a Efe fuentes de este tribunal. Sin embargo, la defensa de Puigdemont ha señalado que la euroorden en virtud de la cual se ha practicado la detención estaba “suspendida por imperativo legal”.

La orden fue dictada por el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, el 14 de octubre de 2019 cuando el Supremo condenó por sedición a los líderes del proceso soberanista catalán que se pusieron a disposición de la justicia. Ese día, Llarena reactivó las órdenes de detención contra Puigdemont y el resto de los huidos al extranjero y, desde entonces, no se han desactivado, según aseguran fuentes consultadas por EFE.

Todo ello a pesar de que Llarena presentó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para aclarar si podía actuar o no contra Puigdemont una vez que las autoridades belgas rechazaron entregar al exconseller Luis Puig. El TJUE admitió a trámite esa cuestión el 4 de mayo, pero aún no ha resuelto.

Y entre tanto, el pasado 30 de julio, el Tribunal General de la UE retiró al menos provisionalmente la inmunidad a Puigdemont y a los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí.

De momento, y con el debate de si la euroorden está o no suspendida, no existe comunicación oficial de las autoridades judiciales italianas al Supremo, que la esperan a primera hora de la mañana.

¿Y ahora qué?

Puigdemont podrá solicitar de nuevo medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tratar de recuperar su inmunidad como eurodiputado y parar su extradición a España.

Puigdemont recurrió el pasado mayo a la Justicia europea la decisión del Parlamento europeo de suspender su protección parlamentaria para que pudiera ser juzgado en España. El Tribunal europeo está aún examinando el recurso, aunque en julio le negó las medidas cautelares que solicitó para recuperar la inmunidad parlamentaria mientras se resolvía el caso.

El Tribunal con sede en Luxemburgo, sin embargo, avisó en el auto con el que negó las cautelares que tal decisión se limitaba a las medidas temporales y que Puigdemont podría interponer una nueva demanda si el perjuicio alegado –su detención durante un viaje como eurodiputado– resultara suficientemente probable. El tribunal mencionó en concreto el caso de que fueran detenidos o se llevara a cabo alguna actuación dirigida a entregarlos a las autoridades españolas.

A partir de este viernes, cuando el juez italiano se ponga en contacto con el Tribunal Supremo, se abrirá el expediente por el cual se va a resolver la entre o no de Puigdemont a España. En este punto, según explica la Cadena Ser, pueden ocurrir dos cosas: que el expresidente acepte voluntariamente ser entregado a España, lo que acortaría los plazos, o que se niegue. En este caso se abriría un procedimiento contradictorio en donde se defendería de las acusaciones españoles y ellas defenderían su posición contra él para que sea entregado.