La Generalitat, sin respuesta de la Justicia al confinamiento del Segrià

Parar el virus, sea como sea. Es la filosofía a la que se agarra la Generalitat de Cataluña para contener la expansión del covid-19 en la comarca del Segrià (Lleida), un punto crítico actualmente y que desde esta noche habría entrado en un confinamiento más estricto de su población. Sus cerca de 210.000 habitantes no podrían entrar ni salir libremente del territorio, entre otras limitaciones, durante al menos 15 días.

Pero se manejan verbos en condicional porque todo sigue en el aire ante la falta de respuesta de la Justicia, que debía pronunciarse antes de la medianoche, momento marcado por el Gobierno catalán para la entrada en vigor de su decreto. “Son las 23:11 y aún no tenemos noticias”, ha reconocido Meritxell Budó, portavoz de la Generalitat en el Canal 24 Horas, poco antes de que expirase ese plazo.

“Confío en que llegue sea a medianoche o de madrugada, porque es muy importante. Estamos con unas cifras epidemiológicas que nos dicen que es muy importante tomar medidas urgentes”, ha añadido al preguntarle qué ocurriría si no llega el ‘ok’ de los juzgados.

Esta respuesta deja en el aire la situación, aunque podría conllevar una entrada en vigor parcial de las propuestas, como recomendaciones de no salir del domicilio salvo para desplazamientos necesarios.

La medida, largamente defendida por Quim Torra, no está resultando nada sencilla de aplicar y eso que esta vez el presidente catalán contaba con un aliado en Moncloa. El Gobierno central apoya “actuar para cortar el brote, que es lo importante”, como ha defendido el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Sin embargo, la Justicia no se lo ha puesto tan fácil y en la medianoche del martes al miércoles mantenía en vilo al Govern.

El lunes, a primera hora, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, rechazó la limitación de movilidad en la zona por “desproporcionada” e “indiscriminada”, además de reconocerla como una competencia estatal. Así, dejó sin efecto una decisión que afectaba a la zona sudeste de la provincia, y tocaba de lleno a los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat.

Para la magistrada, “la proporcionalidad de esta gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos, debe basarse precisamente en la existencia de una grave y muy importante transmisión comunitaria del virus, en este caso, esta transmisión aparece en el informe de pasada”.

La reacción del Govern

Quim Torra se movió rápido tras conocer el fallo. Primero, con el anuncio de que no aceptaba esta resolución judicial y posteriormente, ya de noche, con la aprobación de un decreto ley tras una reunión extraordinaria de su gabinete. El texto buscaba ofrecer una “garantía jurídica” con la que ordenar el confinamiento y otras “medidas restrictivas”, señaló la portavoz del Govern, Meritxell Budó.

El decreto aprobado, que modificaba la ley de Salud Pública, también autorizaba a la autoridad sanitaria para adoptar medidas de limitación a la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales en situaciones de pandemia, como la actual.

No fue el único movimiento de la Generalitat. Este martes el decreto se ha ampliado con una resolución que incluye medidas específicas para endurecer el confinamiento. Pero esta vez el anuncio se ha hecho mirando a la Justicia, a la que ha pedido autorización para evitar un nuevo desencuentro que paralice la entrada en vigor de los planes adoptados en el seno del Govern. La respuesta llegará ya entrado el miércoles después de alargarse la toma de decisiones durante la jornada del martes.

“Primeras fases del desconfinamiento”

La idea del equipo de gobierno es que no sea un confinamiento “estrictamente domiciliario”, aunque sí se exige “corresponsabilidad” a la población, con la advertencia de que no se salga de casa si no es imprescindible.

La portavoz catalana ha detallado que las medidas previstas para un plazo de 15 días implican retornar a las fases iniciales de la desescalada. “No tenemos que volver al confinamiento total, pero sí a las primeras fases de esa etapa de reapertura, en las que no podíamos ir a los bares, no podíamos ir a las terrazas, no nos podíamos encontrar con más de diez personas, no podíamos salir a hacer deporte colectivo”, ha explicado.

No sería el primer retroceso en España, tras la decisión adoptada en varias comarcas de Huesca y posteriormente en Zaragoza y otros puntos de Aragón, que decidieron volver a la fase 2 tras el repunte de casos en las últimas semanas.

Pero tanto en la judicatura como en el campo de la política se ha generado el debate de si es posible limitar la movilidad al extremo planteado por Cataluña fuera del estado de alarma. Moncloa ha vuelto a señalar que descarta por ahora aplicarlo de nuevo, mientras algunos juristas reconocen las opciones de la autonomía de aplicar en parte de su territorio una medida ya tomada en Cantabria o Galicia.

El objetivo de “cerrar” la comarca para evitar entradas y salidas indiscriminadas cuenta hasta ahora con el respaldo de Moncloa. Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha apuntado tras el Consejo de Ministros que “no parece” que el decreto invada competencias y ha insistido en que “lo importante es actuar para cortar el brote”, por lo que “todo lo que nos distraiga, desenfoca”. Horas antes, la vicepresidenta Carmen Calvo animaba al president a recurrir el auto judicial que anulaba el confinamiento en la comarca.

En los últimos días los rebrotes, que ya son más de 120 en todo el país, han golpeado con dureza a la provincia de Lleida. Solo en las últimas 24 horas se han registrado 745 nuevos positivos en toda Cataluña, de los que 197 corresponden a la región sanitaria de Lleida y, de ellos, 151 al Segrià, según los datos difundidos este martes por el Departamento de Salud.  Desde el inicio de la pandemia en la zona ha habido 3.447 casos positivos, de los cuales 139 han muerto.