“Los gitanos llevamos casi 600 años de persecución, la historia nos lo debía”

Quienes llevan años luchando por esta ley aseguran que se trata de algo “histórico”. La diputada socialista Beatriz Carrillo reconoce que llegaron a “llorar de satisfacción” hace apenas un mes, cuando la Comisión de Igualdad del Congreso aprobó la Ley integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación. “Imagina la emoción tan enorme que teníamos los compañeros y compañeras, recordando además al inolvidable Pedro Zerolo”, cuenta Carrillo. 

La norma lleva, precisamente, el sobrenombre de ‘Zerolo’ porque fue impulsada por él hace ya más de una década, unos años antes de su muerte en 2015. Este jueves la proposición de ley pasa su último trámite en el Congreso, desde donde será enviada al Senado para su ratificación final.

“La discriminación no puede salir gratis”, defendía Zerolo como lema para esta ley. La norma hace honor a la memoria de este histórico socialista –que luchó por los derechos de los más vulnerables, en especial el colectivo LGTBI– y, sobre todo, trata de “proteger y reparar frente a la discriminación” a las minorías, mediante la “prevención, atención y eliminación de todas las formas de discriminación”, dice el texto.

La norma introduce una novedad significativa: se modificará el Código Penal para incluir el antigitanismo como delito de odio específico. Los tres únicos diputados pertenecientes al pueblo gitano que forman parte de la Comisión de Igualdad del Congreso han liderado el debate. Son la socialista Beatriz Carrillo, el diputado de En Comú Ismael Cortés y la representante de Ciudadanos Sara Giménez. 

La emoción de Beatriz Carrillo se palpa doblemente en su conversación con El HuffPost, por culminar la labor que comenzó su compañero y amigo Pedro Zerolo y por sentir que se hace justicia a un colectivo históricamente discriminado al que ella pertenece. “Llevamos casi 600 años de persecución y la historia de la democracia nos lo debía. La ley de igualdad de trato reconoce también la motivación antigitanista para dar una respuesta más eficaz ante este tipo de delitos de odio”, explica Carrillo. “Venimos a ponerle nombres y apellidos a uno de los racismos que se practican en el día a día y que han permanecido en una esfera de invisibilidad absoluta”, sostiene.

“Una de las leyes más necesarias y urgentes”

De este modo, se considerará como agravante “cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta”.

Se enfrentarán a pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses quienes públicamente inciten al odio, discriminación o a la violencia contra los gitanos y quienes públicamente nieguen o enaltezcan los delitos de genocidio y lesa humanidad contra ellos.

Para Carrillo, la conocida como ‘ley Zerolo’ es “una de las más necesarias y urgentes que tenía pendiente este país en democracia para darle respuesta de manera eficaz a todas esas discriminaciones soterradas que veníamos sufriendo muchísimos colectivos”. “Eran las propias organizaciones sociales y la sociedad civil quienes nos demandaban que se aprobara cuanto antes”, dice.

La inversión de la carga de la prueba, “clave de bóveda”

Entre los puntos fuertes de la norma, la diputada socialista destaca “la inversión de la carga de la prueba en caso de que realmente sea evidente que ha habido un acto discriminatorio hacia una víctima”. Esto dice la nueva norma: “Cuando la parte actora o el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”. Para Carrillo, esta es “la clave de bóveda de esta ley”. 

Pero hay más. La norma establece medidas para evitar, entre otras, la discriminación laboral, en el acceso a una vivienda o en el ámbito educativo, y señala que en ningún caso podrán acogerse a financiación pública los centros que excluyan a personas o grupos por alguna de las causas establecidas en la legislación. Para las personas que incumplan la ley, se establecen sanciones que van desde los 300 a los 500.000 euros en función de su gravedad.

No más racismo al alquilar un piso

En cuanto a la discriminación en el acceso a la vivienda, por ejemplo, queda prohibido rechazar una oferta de compra o arrendamiento “por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en la presente Ley”. 

Según un estudio de 2020 de la organización Provivienda, más del 70% de las agencias inmobiliarias aceptan formas explícitas de discriminación racista y xenófoba a la hora de ofrecer sus viviendas. Beatriz Carrillo explica que, hasta ahora, esta forma de discriminación “no tenía respuesta penal”. “Cuando te impiden entrar en un espacio de ocio nocturno, cuando en un centro comercial la seguridad te persigue si eres una mujer negra, gitana, o con alguna característica concreta”, dice Carrillo, también será castigado.

“Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad evitarán la utilización de perfiles discriminatorios sin una justificación objetiva”, señala la ley. Algo que resultará familiar al diputado madrileño Serigne Mbaye, que hace unos días se preguntaba si era “casualidad o racismo” que la Policía le haya pedido la documentación tantas veces en controles ‘aleatorios’. 

Según un estudio de la Universidad de Granada, a las personas que se identifican como africanas la Policía las para en España hasta 42 veces más que a las personas caucásicas. A los gitanos los paran 12 veces más, a los magrebíes 10 veces más y a las personas latinoamericanas, 8 veces más que a alguien con rasgos caucásicos. 

“Zerolo nos estará sonriendo de alegría y orgullo”

Todo esto “ha contribuido a que haya tanta discriminación que las propias víctimas desconfían de las instituciones a la hora de denunciar”, sostiene Beatriz Carrillo. Se estima que sólo una de cada diez víctimas de delitos de odio denuncia.

A partir de la nueva ley se creará una “autoridad independiente para seguir esta serie de discriminaciones”, apunta la diputada socialista, que destaca también el “carácter preventivo” de la norma, poniendo el foco en la sensibilización, la concienciación y la pedagogía social sobre hechos que son “intolerables”. 

La ley previene también contra el racismo ‘por defecto’ de los algoritmos de inteligencia artificial, un tema que empieza a denunciarse en los últimos tiempos y al que “nos vamos a enfrentar en el futuro”, sostiene Carrillo. 

El diputado de En Comú Podem Ismael Cortés defendía hace unos días que esta es “la ley en su mejor versión”. Beatriz Carrillo coincide: “Es histórica, memorable”. En este día, ella no puede evitar acordarse de Pedro Zerolo, con quien trabajó mano a mano en los inicios de la andadura de esta ley. “Es una emoción recordar a nuestro querido Pedro Zerolo. Seguro que desde donde esté nos estará sonriendo, de alegría y orgullo”, dice la socialista.