Lo que supone políticamente la ley de vivienda

1 de febrero de 2022. El Consejo de Ministros aprueba la primera ley de vivienda en cuarenta años de democracia. Una de las normas estrella de la coalición, que tensó internamente durante meses al PSOE y Unidas Podemos y que sale adelante sin el aval del caducado Consejo General del Poder Judicial, que emitía hace unos días un duro informe contra la norma.

Esta ley se convierte desde ya en uno de los emblemas de la coalición, presentándola el Ejecutivo como el “quinto pilar” del Estado del bienestar. Una norma para consagrar el derecho a la vivienda, y que llega en un momento en el que muchos jóvenes no pueden acceder a tener una y en la que los precios siguen siendo altísimos a pesar de la pandemia. Además, con una nueva realidad imperante en los centros urbanos de las grandes ciudadanos: precios desorbitados, implantación masiva de apartamentos turísticos y abandono de los vecinos hacia zonas periféricas.

Todo ello en un país donde la vivienda es uno de los motores de su economía y cuya especulación fue uno de los factores que llevaron a la gran crisis económica de 2008. Fue uno de los puntos de origen precisamente del nacimiento de Podemos, vinculado a las plataformas antidesahucios y que ha llevado siempre este tema como una de sus banderas. Que su aplicación sirva de verdad será elemento clave para la credibilidad del Gobierno de izquierdas.

Y no ha sido fácil para los dos socios llegar a este acuerdo final, viviendo momentos de gran tensión por la redacción del texto. Una norma que llega ahora bajo el brazo de la actual ministra de Transportes, la socialista Raquel Sánchez, pero que inició su antecesor, José Luis Ábalos. Y que ha tenido dos grandes protagonistas en Podemos. Por un lado, Pablo Iglesias era el encargado de negociar con La Moncloa (fue el que sacó el acuerdo una tensa noche de octubre de 2020 para firmar también los presupuestos generales) y, por otro, Ione Belarra, la sucesora al frente del partido y que ha negociado directamente con la partes socialista desde que era secretaria de Estado. Los compases finales han sido llevados a cabo por ella y por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que es el vicepresidente político in pectore. Esa imagen de unidad se ha querido dar este martes desde La Moncloa al salir en la rueda de prensa posterior al Consejo tanto Sánchez como Belarra.

En Podemos reconocen que no es la ley que ellos hubieran hecho si hubieran estado en La Moncloa, pero hay satisfacción por el texto que sale finalmente. Para UP, según fuentes consultadas, supone un cambio de paradigma muy potente al haberse logrado introducir limitaciones en los alquileres dentro de la competencia autonómica. No obstante, los ‘morados’ entienden que todavía la ley puede mejorarse, con la vista puesta todavía en esa moratoria de 18 meses para bajar los alquileres a los grandes tenedores. Otra de las cosas que se valora en Podemos es que la retórica ahora sobre la vivienda sea el bien de primera necesidad y no como un bien de mercado.

Sin duda, esta es una de las normas más importantes en la cartera de la coalición, junto en estos momentos con la reforma laboral. Se mira muy de cerca en estos días precisamente la votación de la reforma, a la espera de saber con qué bloque se sacará (Cs o los socios de investidura). En el Gobierno esperan que esto no contamine la ley de vivienda y que los socios a la izquierda apoyen esta norma inédita a nivel nacional.

La aprobación se ha tenido que retrasar unas semanas por el informe del CGPJ, pero también el Gobierno ha lanzado un mensaje claro: sigue adelante la ley a pesar de las críticas del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de un órgano caducado desde hace tres años y que no se renueva por la negativa del Partido Popular. La mayoría de vocales es del sector conservador y decidió de manera polémica rechazar el informe del vocal Álvaro Cuesta, propuesto por los socialistas, y encargarle uno nuevo a otros dos integrantes, que fue durísimo contra el Ejecutivo.

Dentro del Ejecutivo, especialmente en la parte de Podemos, se ha criticado el papel del Poder Judicial, que ha emitido varios informes contra normas del Gobierno. El documento no era vinculante, por lo que el Ejecutivo ha decidido tirar hacia delante y confía en la redacción de su texto, a pesar de que se ha objetado que traspase competencias autonómicas.

Una vez se apruebe, se puede abrir otro frente con litigios de grandes empresas y por parte de autonomías. De hecho, Madrid, tanto Isabel Díaz Ayuso como José Luis Martínez-Almeida, se han mostrado ya batalladores con la norma que sale de la coalición. Desde el Gobierno se insiste en que ir contra la ley es ir contra los ciudadanos, porque no va contra los propietarios sino contra la especulación.

Desde el Ministerio de Transportes se ha mostrado el “respeto” a ese informe y se han incorporado algunas observaciones y comentarios (no son cuestiones sustantivas) para aclarar la normativa, sin tocar los aspectos troncales. El Ejecutivo entiende que tiene las competencias, marcadas por la Constitución, y que no se invaden las autonómicas para poder llevar a cabo las medidas más potentes.

Entre los puntos más destacados de esta histórica ley están la protección permanente del parque público de vivienda social para que no pueda venderse a fondos buitres, la mejora de la prohibición de los desahucios en situación de vulnerabilidad, el incentivo de la vivienda protegida con precio limitado, las reservas de suelo urbanizado y la regulación de zonas de mercado residencial tensionado.

Lay de vivienda ya ha dado un paso histórica. Ahora le toca la negociación en el Congreso. Y esa es otra historia. Aunque hay cosas que se repiten: el PP ya le ha dicho ‘no’.