La aprobación de una enmienda, por un error de EH Bildu y ERC en la votación del Congreso, promete agilizar los desalojos, pero no estará exenta de polémica.
PSOE y Sumar cerraron el lunes un acuerdo fiscal para gravar a la banca, los apartamentos turísticos y los yates, que también incluye la supresión del régimen fiscal especial de las llamadas Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimi).
La proposición llega tras el reciente desalojo de un solar en Can Rova, donde cientos de personas con menores fueron expulsados de sus caravanas y tiendas de campaña.
El objetivo es que unifique datos, estudios y normativas para ver qué es lo que mejor está funcionando, adoptar medidas al respecto y tener más agilidad para combatir el fraude.
Según avanza la 'SER', solo podrían acceder a ayudas públicas específicas y adicionales aquellas comunidades donde se haya dado este paso, fundamental para la aplicación de la ley de vivienda a la que comunidades bajo gobierno del PP se niegan o resisten a aplicar.
Unas declaraciones de la ministra Isabel Rodríguez y la decisión de cambiar la normativa para agilizar las construcciones de viviendas hacen saltar las alarmas en las filas de Sumar, que ven "extraño lanzar la idea de un nuevo boom".