Las siete vidas de Grande-Marlaska, el ministro eternamente acorralado

Cinco días después de recibir la cartera de Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska llamó a José Miguel Cedillo, hijo del Policía Nacional Antonio Cedillo asesinado por ETA en 1982. El que había sido hasta entonces magistrado de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial prometió a la víctima de terrorismo que, bajo su mandato, los huérfanos de la banda terrorista obtendrían un reconocimiento de pleno derecho y las coberturas que les hicieran “cada paso de la vida menos difícil”.

Tres años después, frente a la sede de Interior, Cedillo salía soliviantado del Ministerio tras una reunión fallida en la que las 228.000 firmas recogidas no le habían servido para resolver el olvido y la desatención de quienes son huérfanos de ETA. “Rompo definitivamente con Marlaska”, añadió con una mueca clara de tristeza al asegurar que el ministro había quebrado su promesa y había priorizado el acercamiento de presos etarras a las demandas de las víctimas del terrorismo.

Rebasados los cuatro años al frente de Interior, Fernando Grande-Marlaska acumula numerosas decepciones, polémicas y sonoras críticas que han llevado a la oposición en varias ocasiones a pedir su dimisión. El considerado como uno de los ‘ministros estrella’ de Sánchez se ha salvado hasta ahora siempre de la quema. “No voy a destituirle”, dijo el pasado jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista en televisión ante la última crisis que acorra a su ministro.

Marlaska se encuentra actualmente asediado por las dudas sobre la actuación policial de España y Marruecos en el violento asalto a la valla de Melilla del pasado mes de junio que se saldó con la muerte de 23 personas.

Un documental de la BBC recién emitido apunta a la responsabilidad de España en esta masacre, que teóricamente sucedió en ‘tierra de nadie’ aunque las imágenes demostrarían que buena parte tuvo lugar en suelo español. Los socios del Gobierno en el Congreso, el propio Podemos y hasta el Defensor del Pueblo - el excandidato socialista Ángel Gabilondo - también han cuestionado la versión oficial defendida por Marlaska. “No podemos compartir sus palabras”, señalan.

Marlaska ejerce su cargo en la cuerda floja de manera constante. Algunos creen que su salto a la política ha derribado la imagen excelsa y brillante que se había labrado como magistrado, especialmente por su labor contra ETA, para revolcarse en el fango sin habilidad táctica para no erosionar su reputación. Según el último barómetro del CIS, publicado en el mes de octubre, los españoles suspenden su gestión con un 3,98 de nota media sobre diez. Al mes de su estreno, el mismo CIS indicaba que sólo el astronauta Pedro Duque - entonces ministro de Ciencia - era capaz de ganarle en popularidad.

Marlaska ha sido golpeado por todos los flancos. Bajo su mandato, el ministro ha dado luz verde al goteo masivo de acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco. Con los últimos traslados de esta semana, ya sólo quedan 19 etarras en cárceles españolas que no sean las tres prisiones vascas o la de Pamplona, poniendo fin a la política de dispersión. Parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo censuran su gestión y la AVT hasta le despojó de la Cruz de la Dignidad que le había otorgado en 2017 por su “radical cambio” en la lucha contra ETA. Le critican, además, que haya cedido las competencias de prisiones al gobierno vasco o se sigan sucediendo los homenajes públicos a presos etarras: más de trescientos en el último año, según Covite.

A nivel interno, Marlaska llevó a cabo una notable purga en la Guardia Civil al destituir a dos de los mandos más emblemáticos: los coroneles Manuel Sánchez Corbí y Diego Pérez de los Cobos. El segundo cayó en desgracia por negarse a facilitar información al ministro sobre una causa judicializada en la que se investigaba al Gobierno por la convocatoria de la manifestación del 8-M en los días previos al estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Su caso aún está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Unos meses antes también destituyó al exdirector de la Guardia Civil Félix Azón por “pérdida de confianza” al no filtrarle una operación contra los autodenominados comités de defensa de la república (CDR) de la que Sánchez no tenía constancia. El presidente recriminó a Marlaska esta circunstancia y el ministro cargó contra sus subordinados por no haberle tenido al tanto de la relevancia de dicha operación.

Aunque no procede de la política, Marlaska se ha comportado en algunos momentos como el azuzador oficial del Ejecutivo, señalando a Vox por el auge de la homofobia tras la denuncia (a posteriori, falsa) por una agresión en Chueca o por poner en duda el envío de balas a varios ministros - entre ellos, él - en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid el pasado año. También señaló a Ciudadanos por querer “lavar” sus pactos con Vox participando en la marcha del Orgullo. Unas horas después, los representantes del partido ‘naranja’ fueron insultados y obligados a abandonar la manifestación. Mandos policiales llegaron a reclamar al ministro “seriedad” y “rigor” para no dañar más la imagen de Interior en la búsqueda personal de un rédito electoral.

Marlaska ha ido sorteando todas estas polémicas sufriendo un desgaste importante. La cosa ha llegado a tal punto que en Moncloa ya no le perciben como un valor activo. Su manifiesta vulnerabilidad puede finalmente llevarle a la destitución en la inminente crisis de Gobierno que se avecina con las salidas de Reyes Maroto y Carolina Darias para ser candidatas del PSOE en Madrid y Las Palmas.

Mientras, Marlaska resiste confiado en el lema que tiene tatuado en su muñeca derecha: “Ni pena ni miedo”, la misma que el poeta chileno Raúl Zorita excavó con letras gigantes en el desierto de Atacama. El último conato de resiliencia de un ministro que quizá ya esté dirigiendo sus pasos hacia la puerta de salida.