Las otras exhumaciones pendientes de la Ley de Memoria: Queipo, Bohórquez, Del Bosch y Moscardó

La familia de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, emitió la pasada semana un comunicado en el que solicitaba al abad del Valle de los Caídos y a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, la exhumación de sus restos. Lo quiere hacer antes de que el Valle se convierta en cementerio civil gracias a la nueva Ley de Memoria Democrática, que se aprobó definitivamente en el Senado hace dos semanas, y cuya entrada en vigor es inminente.

Justifican su paso en el deseo de José Antonio de estar en una sepultura en suelo católico, cuando ahora el Valle pasará a ni etiquetas religiosas. Cuelgamuros, punto. El traslado del cuerpo, que está en el mismo altar mayor en el que estaba el dictador Francisco Franco hasta que lo sacó el Gobierno, es forzoso porque la nueva ley iguala a todas las víctimas de la Guerra Civil, por lo que tampoco puede estar en un lugar de preeminencia. El Ejecutivo avisa de que el recinto es patrimonio del Estado y cualquier exhumación debe emprenderla él.

El texto legal recoge que “los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura. Corresponderá a las administraciones públicas garantizar lo dispuesto en este apartado”.

Al hilo de estas novedades, hay que recordar que existen otras polémicas tumbas de franquistas que ocupan lugares destacados y que deberán someterse a un traslado, igualmente, cuando la norma ya se pueda aplicar. Hay dos en Sevilla y dos en Toledo especialmente significativas: son las de Gonzalo Queipo de Llano, Francisco Bohórquez y José Moscardó, generales de Franco, y Jaime Milans del Bosch, que además de ser otro de ellos fue uno de los instigadores del golpe de Estado del 23-F.

Queipo está enterrado junto a su esposa en una capilla lateral de la Basílica de La Macarena, en Sevilla, desde 1951. Su lápida ya no muestra signos franquistas, porque fue modificada con los años, sustituyendo el título de “excelentísimo Sr. Teniente General” por “hermano mayor” y la fecha del golpe de Estado de 1936 por el escudo de la hermandad. Pero eso no evita que siga siendo la tumba del llamado “Carnicero de Sevilla”, con no menos de 14.000 fusilados a sus espaldas.

Son conocidas sus alocuciones en una Radio Sevilla tomada, en la que dejaba claro su pensamiento: “Estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen”, decía, llamando a las violaciones.

Las asociaciones en defensa de la memoria insisten en que es un reclamo fascista y que su tumba Debe ser retirada o eliminada, no sólo en virtud de la ley que ahora se espera, sino de la anterior de Memoria Histórica, la aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, y por la propia Ley de Memoria Democrática de Andalucía de Susana Díaz. Desde 2016, hay una moción aprobada por el Ayuntamiento de Sevilla que insta a la exhumación y, aunque las negociaciones a cinco (Consistorio, Junta de Andalucía, Archidiócesis de Sevilla, Hermandad de la Macarena y familia Queipo) han estado abiertas este tiempo, no ha habido avances.

También en la Macarena, aunque se habla menos de él, está Francisco Bohórquez Vecina, auditor de guerra y colaborador de Queipo, enterrado en el presbiterio como hermano mayor efectivo. Su familia está muy enraizada en el mundo macareno, porque su ayuda fue clave en la construcción de la actual Basílica. Las asociaciones memorialistas como Nuestra Memoria reclaman, por los mismos motivos de Queipo, su salida.

En el caso de Toledo, tanto el general Moscardó y como el general Milans del Bosch yacen en la cripta del Alcázar de Toledo, que actualmente acogen el Museo del Ejército y la Biblioteca de Castilla-La Mancha. El Gobierno castellanomanchego del socialista Emiliano García Page siempre ha sido partidario de “hacer los cambios sin mucho ruido”. Desde la Asociación Manuel Azaña están peleando para sacarlos. “Los restos tendrán que ser exhumados y trasladados a cementerios familiares, pero no se puede seguir manteniendo este tipo de cosas en dependencias del Ministerio de Defensa en un estado democrático”, señalan.

Moscardó fue el más destacado de los sublevados contra la Segunda República en la capital manchega y alcanzó celebridad por su defensa del alcázar de Toledo donde ahora descansa. Un símbolo para los fascistas. Murió en Madrid en 1956, pero sus restos fueron trasladados a Toledo. Milans del Bosch está allí porque también fue defensor del Alcázar; una vez finalizada la contienda fue combatiente voluntario a la División Azul y participó en la Segunda Guerra Mundial contra la URSS con rango de capitán. En el 23-F, fue el único de los capitanes generales que se sumó sin reservas y realizó acciones ofensivas de importancia.

Los antecedentes

Ya ha habido otras exhumaciones de militares sublevados en 1936, Franco aparte. Los restos de Emilio Mola y José Sanjurjo salieron del monumento a los caídos de Pamplona en noviembre de 2016 por orden del Ayuntamiento. Y lo hicieron con polémica. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra tuvo que revocar la orden de un juez que ordenó el año pasado la vuelta de los cadáveres para ser exaltados. Los huesos de Sanjurjo terminaron en el Panteón de los Héroes del cementerio de Melilla. “Los llevó allí un helicóptero militar”, cuenta indignado Silva. María Dolores de Cospedal (PP) era entonces ministra de Defensa. “¿Es un héroe alguien que dio un golpe de Estado?”, se pregunta.

Para despedir a Sanjurjo, en una ceremonia ”íntima”, se acercó el excomandante general de Melilla y actual diputado del PP por esta ciudad, Fernando Gutiérrez. Defensa alegó entonces que se eligió ese lugar porque Sanjurjo fue Comandante General de Melilla, estuvo al mando de fuerzas de Regulares y estaba en posesión de dos cruces Laureadas de San Fernando (1914 y 1926), la más preciada condecoración militar en España.

Los restos de Emilio Mola fueron incinerados. Su hija pidió que fuera un acto privado; solo con los técnicos estrictamente necesarios. Se hizo de noche y sin cámaras.