Las ONG le ponen deberes a Sánchez en cuestión de armas: fin de la venta a Israel y Arabia Saudí y acabar con el secretismo

La campaña Armas Bajo Control (impulsada por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón) reclama que la nueva Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, comparezca lo antes posible ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para explicar sus planes para impulsar la transparencia y el control y si va a revocar o suspender exportaciones preocupantes de armas españolas autorizadas en 2017.

Las ONG exigen que aclare cómo va a llevar a cabo el compromiso electoral del PSOE: "cumplir estrictamente las previsiones de la Ley sobre comercio de armas, reforzando el control parlamentario y la transparencia y denegando su autorización cuando exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano".

Las exportaciones de material de defensa, otro material y productos y tecnología de doble uso en 2017 supusieron un récord histórico: las exportaciones ascendieron a 4.652 millones de euros y las autorizaciones superaron los 21.500 millones, por lo que es probable que las exportaciones realizadas seguirán aumentando en los próximos años.

En un nuevo informe publicado hoy sobre las ventas de armas en 2017, la campaña Armas Bajo Control manifiesta su preocupación por el hecho de que la política de impulso de las exportaciones no se ha acompañado de nuevas medidas para mejorar la transparencia, el análisis de riesgo, el control parlamentario previo ni más recursos para garantizar el control del uso de las armas. Las ONG temen que en la toma de decisiones primen los intereses comerciales por encima de los derechos humanos, la paz y la seguridad.

El informe señala ventas de armas como armas ligeras y munición a Israel y Arabia Saudí, que deben cesar inmediatamente. Además, las ONG identifican exportaciones de armas muy preocupantes a otros 17 países y otras seis operaciones sobre las que se necesita más información, basándose en el riesgo sustancial de que puedan contribuir a cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional.

Entre las operaciones muy preocupantes figuran la venta de determinadas armas a, entre otros países, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto, Colombia, EEUU, Filipinas, Kenia y Turquía, así como la exportación de material antidisturbios a Túnez y Perú.

Por la gravedad de la situación actual, el informe incluye la venta de material antidisturbios a Nicaragua en 2016 por valor de 1,4 millones de euros por su posible uso en las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en las manifestaciones de los últimos meses.

Según Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, "en sus primeras semanas, el gobierno de Sánchez ha adoptado medidas positivas urgentes en materias como sanidad, migración y asilo. El siguiente paso lógico es acordar el cese de la venta de armas a Israel, que constituye una violación flagrante de la legislación en la materia, ante las graves, manifiestas y continuadas violaciones del derecho internacional por parte de Israel".

En 2017 España exportó armas a Israel por valor de 1,4 millones y le denegó dos autorizaciones de armas. Después de años de constantes violaciones del derecho internacional, solo desde el 30 de marzo de 2018, más de cien de personas palestinas han muerto y miles han resultado heridas como consecuencia de los disparos del ejército de Israel durante las manifestaciones organizadas alrededor de la "Gran Marcha del Retorno", en Gaza. En este sentido, el director de AI señala: "acogemos con satisfacción y esperamos que se apruebe la Proposición No de Ley presentada este mes en el Congreso de los Diputados por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que pide la suspensión de las exportaciones de armas a Israel".

Chema Vera, director de Oxfam Intermón reclama al nuevo gobierno que "sea fiel a su compromiso electoral de no autorizar ventas de armas cuando exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas para violar el derecho internacional y ponga fin a la venta de armas a Arabia Saudí como primer paso para el cese de las exportaciones a los países de la coalición saudí que interviene en Yemen desde 2015, como han hecho países como Alemania, Noruega, Finlandia o la región belga de Valonia".

La ONU ha calificado la situación en Yemen como la mayor catástrofe humanitaria actual que puede agravarse con la ofensiva de la coalición al puerto yemení de Hodeida. "Es inaceptable que España siga vendiendo armas a países implicados en el conflicto de Yemen, que dura más de tres años y ha causado miles de víctimas en un país asolado por el cólera, la hambruna y más de 17.000 bombardeos, con tres millones de personas desplazadas internas", afirma Vera. Más de 22 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo saudí de Yemen.

Mario Rodríguez, director de Greenpeace, reclama dos medidas urgentes al presidente Sánchez: "En primer lugar, la revocación del acuerdo del Consejo de Ministros de 1987 que clasifica como secretas las actas de la Junta Interministerial que regula el comercio de armas. En segundo lugar, impulsar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que está tramitando el parlamento, garantizando que se adecúa a las normas internacionales". Adicionalmente, las ONG solicitan al Gobierno que cree un mecanismo de consulta parlamentaria en los casos sensibles de exportación de armas antes de la aprobación de las autorizaciones, similar al que ya existe en Suecia, Noruega, Países Bajos y EEUU.

Jordi Armadans, director de FundiPau, valora muy positivamente la labor iniciada por un grupo de trabajo interministerial para estudiar cómo hacer seguimiento y controlar el material exportado. "Es un primer paso importante que responde a una demanda de las ONG desde hace muchos años", señala. Las ONG reclaman la adopción sin demora de un Protocolo de Seguimiento y Control del Uso de las armas exportadas y un nuevo Certificado de Uso Final que incluya garantías legalmente vinculantes de que las armas no se emplearán contra la población civil. Igualmente, lamenta el escaso grado de aplicación de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Defensa en 2017.

"Casi la mitad de las recomendaciones (17 de 37) se aplicaron parcialmente y otras dos fueron incumplidas, concretamente las relativas a acabar con el secretismo de las actas de la JIMDDU (Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso) y publicar trimestralmente las exportaciones y autorizaciones", denuncia.

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