Las llagas de la educación pública

Les contaré una historia para no dormir que me gustaría que fuera única pero que por desgracia es moneda corriente.

Pongamos por caso un chico que después de vivir ocho años en Madrid vuelve a Barcelona. El año pasado cursó 2º de ESO en un instituto público y lo aprobó con cuatro asignaturas suspendidas. (Cómo se puede aprobar con cuatro suspensos es como mínimo una paradoja del sistema. ¿Se contabiliza como fracaso escolar?)

Pongamos que desde el equipo de orientación del instituto de Madrid consideraron que lo más recomendable era que empezara el curso siguiente en una FP Básica y, en consecuencia, hicieron un informe, un Consejo Orientador que así lo indicaba.

Durante el período de preinscripción, la familia —la madre, pongamos por caso— lo preinscribió en el instituto Rambla Prim (FPB de Electricidad y Electrónica) de Barcelona, que era lo que se ajustaba a lo que él quería hacer. Hay mails que lo certifican y donde el centro asegura haber recibido la documentación, pero nunca le dijeron el número de preinscripción ni salió en las listas de alumnado admitido. Realizó la preinscripción el 18 de mayo (el plazo era del 16 al 25 de mayo); el mismo 25 le dicen que ya lo está. Como el instituto no le dijo nada más y como sabía que ya empezaba el período de matrícula, el 17 de junio les escribió para preguntar. No estaba admitido.

A principios de julio, cuando la familia llegó a Barcelona, pongamos que su madre inició un extenuante vía crucis por las diferentes oficinas del Consorci: primero en la oficina de Nou Barris (visita infructuosa, no se ocupan de este tipo de caso), después en la de la calle Rosselló (donde se encargan específicamente de la FP). Allí le dijeron que ya le llamarían. Unos días después recibió un whatsapp donde le decían que preguntara a los diferentes centros de FP si había vacantes (no las había) y que se pusiera en contacto con el servicio de Orientación Pla Jove del distrito (no le respondieron nunca).

Dos días más tarde acudió a la oficina de la plaza Urquinaona, donde le indicaron cómo hacer online la petición de «cambio de centro». Después de tres días sin funcionar, logró entrar en la web y se topó con que no le permitía hacer la petición para la FP Básica, puesto que sólo funciona para la ESO. Una vez más hacia la oficina de Rosselló, pues, allí le dijeron que el 23 de septiembre, es decir, casi tres semanas después de que comience el curso (una piedrecita en el camino del fracaso escolar), ya se vería qué plazas había y si había alguna en la que encajara (otra piedrecita en el camino del fracaso escolar). Presentó una instancia (que nunca le han respondido) explicando todo lo ocurrido hasta ese momento.

También se puso en contacto con la Sindicatura de Greuges de Barcelona para pedir amparo. Pongamos por caso que la Sindicatura recomendara al Consorci que «dado el tiempo transcurrido desde que esta familia inició las gestiones (...) ésta se resuelva antes de empezar el curso». Parece que al Consorci le importa un rábano lo que dictamina la Sindicatura y tampoco lo encuentra de obligado cumplimiento.

Con esta resolución y ante la falta de respuesta del Consorci, otra vez a Urquinaona. Después de tres horas de espera le dicen que allí sólo se encargan de la ESO, que si acaso en algún momento se le dará cualquier plaza en 3º de la ESO (justo lo que seguramente no está capacitado para cursar; otro adoquín en el camino del fracaso escolar). La FPB es una especie de agujero negro: Urquinaona considera que no le toca, porque no se trata de la ESO, y Rosselló tampoco porque no es postobligatoria.

Nadie se responsabiliza de nada y la «solución» es que el chico pase las primeras semanas de curso en casa (otro adoquín en el camino del fracaso escolar: no sé si es bueno ir rebotando como una pelota de un lado para otro), mientras se espera a ver si deciden darle una plaza sea en FPB, sea en 3º de ESO, aunque es evidente que un alumno que tiene un Consejo Orientador que aconseja que pase a FPB, no es un buen candidato a matricularse en ESO y, para más inri, semanas después de que comience el curso. Por otra parte, también es evidente que si, pongamos por caso, el chico faltara tres semanas a clase, le abrirían un expediente por absentismo.

¿Puede permitirse, puede consentir el Consorci que alguien que debe escolarizarse obligatoriamente tanto por edad como porque la FP Básica es una enseñanza de las declaradas universales, gratuitas y obligatorias se quede sin escolarizar?

Pongamos que después que la madre colgara un hilo en Twitter, un representante del Consorci se apresuró a buscar su teléfono y le dice que por supuesto todo se arreglará, que claro que hay que buscarle plaza al chico, que no es necesario que haga más gestiones (fíate y no corras).

Pongamos que le explica que en Cataluña hay pocas plazas de FPB, pero que hay otras opciones como la escolaridad compartida, y que si no se puede (!!!) conseguir plaza en FPB (que era la primera opción; seguramente la única) quizá se le podría matricular en una escolaridad compartida entre un 3º de ESO adaptado y un aprendizaje en la escuela de Mecánica de Sant Andreu. Un apaño no óptimo pero sí pasable. También dijo que averiguaría qué había pasado con la preinscripción en el instituto Rambla Prim.

Pongamos que por la tarde le vuelve a llamar para decirle que al día siguiente se reunieran con la Comisión de Escolarización, que le darían plaza en un Institut-Escola. Pongamos por caso que en la reunión lo de cursar una escolarización compartida con la escuela de Mecánica ha desaparecido, ni se habla. Le ofrecen tres institutos convencionales (más piedrecitas en el camino del fracaso escolar) y que el equipo de orientación del instituto ya valorará qué es mejor.

Sí. Le informa que el instituto Rambla Prim había recibido (como se ha visto) la preinscripción cuando tocaba pero decidió que faltaba el Consejo Orientador (no es verdad: tenían el Consejo Orientador de su antiguo instituto). Por alguna razón (quizás tuvieron que ver las cuatro asignaturas suspendidas) decidieron que no servía y no le dieron plaza. Nadie la avisó nunca de nada, si se lo hubieran dicho quizás hubiera podido subsanarlo. De hecho, en una pantallazo del 31 de mayo había una lista del alumnado matriculado y constaba el chico. Quizás no sepan que «Consejo Orientador» equivale a «Consejo Orientador». Se ve que el Consorcio no tiene nada que decir respecto a esta irregularidad.

Pongamos que la madre va a uno de los tres institutos propuestos. La orientadora, a medida que la madre (no el Consorci) le va explicando la situación, está cada vez más horrorizada. No puede entender cómo al chico le han dado una plaza de 3º de ESO en un instituto al azar. Que por mucha voluntad que él ponga, es muy posible que no lo pueda cursar; que justamente es el perfil de alumno que habrían derivado a una FPB... Que no entiende cuál es el objetivo de matricular en 3º de ESO a una criatura que el profesorado y el equipo de orientación de su antiguo instituto ha valorado como idóneo para su derivación a FPB.

Es fácil de entender. El Consorci y la Comisión de Escolarización han conseguido desembarazarse del problema endosando a un instituto un alumno en edad de escolarización obligatoria; no hacerlo es ilegal. Que sea una plaza que no se ajusta a sus necesidades y posibilidades les es indiferente, un detalle sin importancia. Han acabado haciendo lo que desde el primer minuto la madre he querido evitar: matricularlo en 3º de ESO.

Pongamos por caso que, de momento, todo ese proceso ha significado seis visitas al Consorci, una a Inspecció (donde también se la quitaron de encima: no la dejaron pasar de la entrada, ni hablar con el inspector o la inspectora de guardia y le dijeron que, en todo caso, presentara un recurso de alzada en el Consorci (no llegó a presentarlo porque cuando estaba en la enésima cola para ponerlo, le llamó el señor del Consorci con la cosa de la escolaridad compartida). Se le tienen que sumar todas las gestiones para que la Sindicatura de Greuges emitiera el dictamen en el sentido que debe escolarizarse al chico en el plazo legal, antes de que empiece el curso.

Eso le ha ocurrido a una madre que tiene recursos, que es capaz de hacerse una identificación digital al instante, que tiene una capacidad de reacción envidiable, que puede hacer peticiones online como si fuera coser y cantar, a quien se le ocurre acudir a la Sindicatura. Una madre que, al margen de dormir mal muchas noches, pudo faltar siete mañanas al trabajo. Parece que un hilo en twiter es lo único que ha motivado al Consorci a «preocuparse» de un caso que hace meses debería haber resuelto tanto por ley como porque —aunque no lo han hecho— es el trabajo al que dicen que se dedican.

No es el único caso. ¿Qué pasará con tantas madres, con tantas familias, que ni tienen recursos, ni pueden permitirse faltar en el trabajo (no ya siete mañanas, sino alguna hora de un solo día), ni facilidades para hacer peticiones online, ni poner hilos en Twitter? ¡Qué caro y costoso es ser pobre!