Las claves para entender por qué los colombianos se han echado a la calle

Las revoluciones se van enlazando en América Latina. El contagio en este 2019 es rápido, intenso. Hay abundantes razones de base, muy viejas, para que la chispa prenda en las calles. En estos días, las protestas más importantes y graves están teniendo lugar en Colombia, donde los paros y manifestaciones se suceden desde la pasada semana, en la que es ya la mayor crisis en la legislatura del conservador uribista Iván Duque, que llegó al cargo en agosto de 2018.

Es mucho lo que le pasa al país: derechos laborales y educativos en peligro, matanza de indígenas, exguerrilleros y activistas sociales, la paz firmada con las FARC que no se cumple... Todo ha sumado para que la indignación estalle y así lleva ya cinco días, con paros de país y protestas multitudinarias que han llegado a congregar, en un sólo día, a dos millones de manifestantes.

Estas son las claves para entender un conflicto que amenaza con enquistarse si el presidente no se aviene a negociar o no ablanda sus postulados.

El ‘paquetazo’: tocando las pensiones y el salario mínimo

Las centrales obreras y sindicales, que son las principales impulsoras de las recientes protestas, han denunciado que el Gobierno tiene previsto aprobar un paquete de medidas que van a recortar derechos laborales básicos, flexibilizando el mercado laboral y el sistema de pensiones. El Ejecutivo lo niega, sólo confirma su intención de hacer reformas pero pactadas con todos los implicados. Sin embargo, la prensa local también confirma lo que denuncian los trabajadores: que el paquetazo viene pronto.

Por ejemplo, Duque se estaría planteando eliminar el fondo estatal de pensiones, llamado COLPENSIONES, aumentar la edad de jubilación y rebajar el salario mínimo a los jóvenes hasta un 75% del salario mínimo nacional.

Que haya hablado más del plan del Gobierno el expresidente y mentor de Duque, Álvaro Uribe, que el propio Duque tampoco ha hecho especial gracia entre los ciudadanos.

Los estudiantes quieren inversión

El otro gran bloque de manifestantes es el de los estudiantes, universitarios sobre todo. Los de los campus públicos y los de los campus privados han encontrado un mismo motivo de lucha: reclamar las inversiones prometidas por el gabinete Duque (algo menos de 1.200 millones de euros).

En su caso, las protestas sólo han revivido, pues ya se iniciaron en septiembre, cuando hasta cinco centros de educación superior de Bogotá, la capital, se manifestaron denunciando supuestos casos de corrupción en el sistema administrativo de cada uno de ellos y en el Consejo Superior y recordando que Educación no está que no está invirtiendo en formación todo lo prometido. Y ha habido conatos o jornadas sueltas de protestas en todo el último año, por los mismos motivos.

Los estudiantes se quejan además de la represión policial contra quienes salen a la calle, limitando su derecho de protesta. En este nuevo levantamiento son ya tres los muertos y más de 300 los detenidos. Se están celebrando además vigilias y rezos por Dilan Cruz, un chico de 18 años que está en estado crítico tras recibir un disparo de una bomba lacrimógena por parte de un policía antidistrubios y que se ha convertido en un símbolo de estas movilizaciones.

Contra los asesinatos

En Colombia muere de forma violenta demasiada gente que lo que hace es defender a las comunidades indígenas, los derechos sociales o los acuerdos con extintos grupos guerrilleros. Por eso hay zonas -ya no urbanas, como las grandes capitales, sino rurales, como Cauca- donde los afectados reclaman más protección, menos persecución y menos impunidad.

Los indígenas piden protección tras el asesinato de 126 aborígenes desde que Iván Duque llegó al poder (un año y tres meses), según cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia. La mayoría han muerto en zonas con narcocultivos, que son disputadas por grupos armados tras el desarme de la exguerrilla FARC. A ellos se han sumado los partidos de oposición, incluido el de las FARC (se reconvirtió en formación tras dejar las armas), que condenan el asesinato de 170 combatientes que firmaron la paz, así como destacados ambientalistas y artistas.

De acuerdo con los recuentos de varias organizaciones sociales, en Colombia ocurrieron más de 400 asesinatos de líderes sociales, defensores del medio ambiente, activistas y exguerrilleros en los últimos cuatro años.

El Gobierno ha anunciado una inversión mayor para proteger estas comunidades y el envío de 2.500 militares a las zonas afectadas.

Pasos atrás en la paz

En 2016, el Gobierno colombiano -entonces comandado por Juan Manuel Santos- y las FARC firmaron la paz, poniendo fin a 50 años de conflicto. Sin embargo, Duque ya dijo en campaña que el acuerdo no le gustaba, que contenía muchas “concesiones” a los exguerrilleros y que se planteaba tocarlo si llegaba a la Casa de Nariño, el palacio presidencial de Bogotá. “No se trata de destruir o hacer trizas los acuerdos”, matizó a El País ante las críticas internacionales.

El pasado abril, Duque presentó hasta seis cuestionamientos a ese pacto, a la llamada ley de justicia para la paz, y en las zonas donde mayor ha sido el movimiento guerrillero, donde más tensa es la transición, se le acusa de “permitir morir la paz” y de actuar al dictado de Uribe, radicalmente contrario a un diálogo bendecido hasta con un Premio Nobel de la Paz.

Hay pasos aprobados, como la sustitución de cultivos de uso ilícito (para narcos) por “otras alternativas de subsistencia para las comunidades más pobres” que no se han implementado, aislando más a dichas comunidades, justo donde más matanzas está habiendo. Matanzas de civiles, incluso, la última con entre 8 y 18 víctimas inocentes (imposible determinarlo, el Gobierno no da datos), muchas de ellas menores de edad y que le costó el puesto al ministro de Defensa.

Lo que dice Duque

El Gobierno niega la mayor: ellos no tienen en mente el tijeretazo social, están invirtiendo dinero en Educación con fondos “nunca vistos”, las redadas “puntuales” están justificadas y que esta gabinete “escucha y construye” con sus ciudadanos; el “diálogo social” es su bandera de gestión, dice aunque, eso sí, tiene que “profundizar” en ella, para “acelerar la agenda social y la lucha contra la corrupción”.

Por ahora, pese a que está empezando a mantener encuentros con agentes sociales, alcaldes y mandatarios regionales para sofocar las protestas, su mensaje no ha calado en la población indignada. Más aún cuando ha respondido con toques de queda en Bogotá o Cali y con más policía y soldados a pie de calle.

Su popularidad se encuentra en mínimos desde que ganó las elecciones. La empresa demoscópica Gallup concluye que apenas lo aprueba un 28% de la población, frente a un 69% que desaprueba su gestión. Un dato voluminoso que hace entender las calles llenas de manifestantes en un país poco dado a este tipo de demostraciones.