Las claves para entender el nuevo juicio contra Lula
El juez instructor pide aumentar a 12 años la condena contra el expresidente de Brasil por corrupción
Brasil está conmocionada ante una noticia que marcará el futuro del país, profundamente dividido: tres jueces han revisado la condena de nueve años y medio por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y han considerado que no sólo es culpable, sino que merece una pena mayor. El Tribunal Federal Regional 4 de Porto Alegre ha cargado contra el líder político más valorado, abriendo la puerta a un hipotético ingreso en prisión (aún quedan muchas posibilidades de recurso) y, en un plano más inmediato, sembrando de dudas su futuro inmediato, la posibilidad de que pueda o no ser candidato a las elecciones presidenciales que se celebran el 7 de octubre y en las que parte como favorito al frente del Partido de los Trabajadores.
¿Pero de qué se acusa a Lula, qué pruebas hay en su contra, por qué este caso (de las siete causas que tiene abiertas en los tribunales) puede acabar definitivamente con su carrera?
EL CASO: UN PISO, SOBORNOS, FINANCIACIÓN IRREGULAR
El juicio en realidad una revisión en segunda instancia de una condena a prisión ya emitida contra Lula; en julio pasado, en primera instancia, el exdirigente fue condenado por el juez Sergio Moro a nueve años y medio de cárcel por haber aceptado supuestamente sobornos de la constructora OAS, a través de la reforma de un apartamento de tres pisos en la zona balneario de Guarujá, en la costa de São Paulo, que él quería comprar luego. El caso es conocido en los medios como el de "tríplex de Guarujá".
Se supone que Lula, a cambio del apartamento, favoreció a esta constructora con contratos con empresas públicas, entre otras, la petrolera Petrobras. Los delitos que se le imputaron fueron los de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Ahora, tres magistrados revisan el recurso presentado por la defensa de Lula el año pasado. Sus abogados sostienen que se trata no de un juicio justo sino de una "persecución judicial" que se debe a motivos políticos. El propio Lula ha dicho estos días que se están lanzando "muchas mentiras" sobre su partido -las ramificaciones del caso afectan también a su sucesora, Dilma Rousseff- porque "estaba haciendo demasiado por el país". En Twitter, el antiguo mandatario ha dicho que está "extremadamente tranquilo" ante el juicio, porque no ha cometido "ningún delito". "Tengo la tranquilidad de los justos, de los inocentes", señala.
LO QUE DICE EL JUEZ INSTRUCTOR
Los tres jueces, por unanimidad, han entendido que Lula es culpable y debe ir a la cárcel. El juez instructor, el principal, ha pedido aumentar a 12 años y un mes la pena de nueve años y medio dictada inicialmente contra el expresidente brasileño. "Hay prueba, encima de lo razonable, de que Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción" que operó en la estatal Petrobras, afirmó el juez Joao Pedro Gebran Neto, según EFE. "Considero que la culpabilidad es extremadamente elevada tratándose del expresidente", ha justificado Gebran, quien ha agregado que la "gravedad" de los delitos cometidos exige una "pena mayor".
El magistrado ha dado por comprobado que el piso de la discordia, pese a estar formalmente a nombre de la empresa OAS, era "designado" para Lula en concepto de "ventaja indebida" y ha citado varios testimonios para respaldar su tesis, así como las visitas del político del PT y de su fallecida esposa, Marisa Letícia, al mismo. "El conjunto probatorio permite un juicio seguro y afirmativo sobre la existencia de pruebas", aseguró el juez. "No solo había un enriquecimiento personal, también servía para financiar campañas y el proyecto político de un Gobierno", ha añadido en su alegación, de 430 páginas, que ha tardado en leer más de tres horas.
Tomados de manera aislada, previene, sus argumentos "pueden parecer frágiles", pero en conjunto, con otras pruebas, hacen "posible confirmar" los delitos. El magistrado ha defendido la "cristalina comprobación" de la influencia del expresidente para nombrar a cargos en Petrobras y la conciencia que tenía de la "sofisticada" trama corrupta que se había tejido.
Tras el voto del instructor llegaron los de sus dos compañeros. Leando Paulsen también lo ha considerado culpable y avala el incremento de la pena hasta los 12 años. Paulsen, que es presidente de la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, dice como Gebran que la culpabilidad de Lula quedó demostrada, por lo que sólo ahora falta que el tercero de los tres magistrados pronuncie su voto. Y lo mismo pasó poco después con el magistrado Víctor Luiz dos Santos Laus, quien dijo: "Estamos ante pruebas que resistieron a la crítica, al contrapunto. Si las pruebas fuesen débiles no habrían resistido. Si resistieron es que está demostrada la culpabilidad". Tres de tres.
Este tribunal federal siempre ha tenido fama de implacable con la corrupción, ya que sólo ha dejado sin condena a cinco de los 80 procesados por esta trama de corrupción con Petrobras de por medio.
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¿ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA?
No. La defensa de Lula aún tiene la posibilidad de presentar recursos si la condena es confirmada. En caso de que el voto sea unánime, puede pedir lo que se conoce como "esclaracimientos" en un plazo de dos días. Y en caso de que el voto no sea unánime puede apelar para que prevalezca el voto a favor del acusado, con un plazo mucho más largo. Un dos contra uno, según los medios brasileños, puede retrasar el proceso entre cuatro y siete meses.
Después de eso, la defensa puede llevar el caso al Superior Tribunal de Justicia, la máxima corte del país para asuntos no constitucionales, y finalmente también al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia jurídica. El fallo del STF sí que sería definitivo. En caso de absolución de Lula, también la fiscalía puede recurrir la decisión en otras etapas de la segunda instancia.
En cualquier caso, un revés judicial contra Lula puede inhabilitarlo para presentarse a las elecciones de octubre, incluso aunque la sentencia no sea firme, en función de lo que decida la Justicia electoral. Su partido tiene hasta 20 días antes de los comicios de otoño para presentar a su candidato que, confía aún el PT, debería ser Lula. La confirmación de su sentencia en segunda instancia lo sacaría teóricamente de la carrera en virtud de la ley de "Ficha Limpa" (o "Expediente Limpio"), pero los expertos jurídicos citados por la agencia DPA creen que también en este caso su defensa puede suspender la inhabilitación con recursos extraordinarios. El caso es realmente complejo.
Lo más probable es que el exmandatario no vaya, pues, inmediatamente a prisión. En su fallo en primera instancia, Moro decidió no ordenar la prisión cautelar de Lula, como ha ocurrido en otros de corrupción, apuntando a la "prudencia", debido al impacto que tendría el encarcelamiento del expresidente en las calles del país. El tribunal de segunda instancia debe mantener ahora esa decisión hasta el desenlace del proceso. La fiscalía también comunicó hace unos días que no pedirá la prisión porque no veía necesario "precipitar" las fases del juicio.
¿SEGUIRÁ ADELANTE?
El expresidente sigue decidido a ser candidato presidencial y ha anunciado que continuará en campaña. De hecho, hoy mismo tiene previsto participar en un macro acto con simpatizantes, concebido como un mitin de precampaña y, a la vez, como un ejemplo de poder popular, pase lo que pase en la sala de justicia. Más de 3.000 personas, además, han acampado ante la corte en Porto Alegre para apoyar a su líder.
Aparte del juicio actual, Lula debe responder, sin embargo, de seis procesos más vinculados con la causa central, global, bautizada como "Lava Jato" ("Lavado de autos"), destapada a partir de 2014 y considerada como la mayor investigación de corrupción en la historia brasileña. Decenas de políticos -como Lula, Roussef y el actual presidente, Michel Temer- y empresarios están acusados de participar en una red corrupta en torno a la petrolera estatal Petrobras.