Las claves del registro del FBI de la casa de Trump en Mar-a-Lago

Las miradas del mundo se dirigen este martes a Mar-a-Lago, un exclusivo resort de Florida (EEUU) donde tiene una de sus residencias particulares el expresidente Donald Trump. Allí se ha producido un registro por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que el republicano califica de “allanamiento”, en busca de documentos oficiales que supuestamente el magnate habría sacado de la Casa Blanca en sus tiempos en el poder, algo vetado por cuestiones de seguridad nacional.

¿Hay indicios de delito? ¿Se puede proceder contra Trump? ¿Qué gravedad tiene este registro? ¿Cómo se defiende el antiguo mandatario? ¿Qué dice su partido? ¿Y cómo afecta esto a sus aspiraciones a la reelección? Estas son las claves de la enésima polémica que rodea al neoyorkino.

Qué ha pasado en Florida

El FBI realizó este lunes por la noche una operación de entrada y registro en la casa de Trump de Mar-a-Lago, una mansión que en su época de presidente se conoció como la Casa Blanca de invierno. Trump no estaba allí, sino en Nueva York, en la torre que lleva su nombre, aunque lo normal en verano es que acuda a Bedminster, en Nueva Jersey, donde también tiene un imponente complejo.

La noticia, como suele suceder, saltó vía un diario local, FloridaPolitics.com, y Trump no esperó a los ríos de tinta para denunciar él mismo lo que estaba pasando porque, a su juicio, no es un acto policial, sino una persecución. Medios como The New York Times y la CNN han confirmado que en la vivienda han entrado un centenar de agentes y que una de las claves de su tarea ha sido revisar la caja fuerte de Trump.

Un funcionario policial anónimo le dijo a la CBS que el Servicio Secreto fue notificado poco antes de que se cumpliera la orden de arresto alrededor de las 10:00 hora local del lunes (seis horas menos que en Madrid), y que los agentes que protegen a Trump ayudaron a los investigadores del FBI en todo momento. Se llevaron varias cajas y no hubo que forzar puerta alguna, añade el mismo medio.

Pese a la queja del magnate de que es una entrada ilegal y su casa estaba “ocupada”, el FBI contaba con permiso judicial para el registro de Mar-a-Lago, con una orden firmada por un juez. Dar la orden no quiere decir imputar cargos de seguido, no, pero el Buró sí que ha tenido que demostrar primero si hay evidencias de probable ilegalidad; si no, no habría tenido este permiso excepcional.

Los funcionarios federales piden órdenes de allanamiento cuando necesitan avanzar rápidamente en una investigación criminal, sin esperar a los plazos ordinarios, o también cuando hay riesgo de que materiales esenciales para una causa -y los confidenciales de un país lo son en grado sumo- estén en peligro, puedan ser trasladados, escondidos, modificados o directamente destrozados.

Los medios estadounidenses reconocen que registrar la propiedad de un expresidente para buscar posibles pruebas de un delito es algo “muy inusual” y requiere “la aprobación de los niveles más altos del Departamento de Justicia”, pero fuentes de dicha institución han filtrado que todo está atado y bien atado, por más que ni Justicia ni el FBI hayan hablado aún en público sobre la investigación en vigor.

Qué buscan los agentes

La prensa de EEUU sostiene que el FBI estaría buscando documentos oficiales en la residencia de Florida. Lo afirman citando fuentes cercanas a la investigación medios como el NYT, el Washington Post y la CBS. Eric Trump, el segundo hijo mayor del expresidente, le ha dicho a Fox News que la entrada de los agentes estaba relacionada con una investigación sobre el manejo de los registros de los Archivos Nacionales, sin ahondar más.

De acuerdo con la versión del Times -uno de los periódicos más críticos con el expresidente- estos documentos incluirían, entre otros, material clasificado que Trump se habría llevado consigo de la Casa Blanca en lugar de haberlo entregado al archivo histórico, como manda la ley. La información viene firmada por Maggie Haberman, la misma redactora que ha escrito un libro en que se publican fotografías en las que aparecen unas notas que Trump supuestamente habría tirado al inodoro mientras era presidente. Imágenes que se han conocido apenas minutos antes de que se supiera del registro. No está claro quién las escribió, pero según CNN su caligrafía parece ser la del expresidente.

La defensa de Trump

Nada más conocer que su casa estaba siendo revisada, Trump ha emitido un comunicado a través de su propia red social, Truth Social -está vetado de un buen puñado, por publicar mentiras- en el que afirma: “Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, mientras mi bella casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, está ahora siendo sitiada, asaltada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”. “Nunca antes le había pasado algo así a un presidente de los Estados Unidos”, ha enfatizado, hasta el punto de preguntarse: ”¿Qué diferencia hay entre esto y Watergate?”, el escándalo de escuchas ilegales al Partido Demócrata, ordenado por Richard Nixon desde la Casa Blanca. “Aquí, al revés, los demócratas irrumpieron en la casa del 45º presidente de EEUU”, ataca.

“Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada”, lamenta. Sostiene que la “izquierda radical” -o sea, los demócratas- no quiere “desesperadamente” que se presente a la reelección, en 2024, y por eso ha lanzado una campaña de desprestigio.

Trump embiste contra la Fiscalía y Justicia aseverando que la redada es fruto de una “mala conducta de la Fiscalía” y una “armamentización del sistema judicial”. “Esto solo podría suceder en países rotos del Tercer Mundo”, añade. “Lamentablemente, EEUU ahora se ha convertido en uno de esos países corruptos a un nivel nunca antes visto”, remata .En un texto en el que cada frase puede escucharse en la voz de Trump, porque es su puro estilo, llega a decir: ”¡Incluso entraron en mi caja fuerte!”.

Eso sí, debidamente asesorado por sus abogados, Trump no cita en ningún caso el motivo del registro: los posibles documentos que no deberían estar allí.

Pese a estas críticas, cabe recordar que fue Trump quien eligió al actual director del FBI, Christopher A. Wray, para sustituir a James Comey, con quien acabó a matar. Aun así, habla de “anarquía”, “persecución política” y “caza de brujas”, términos similares a los que usó para denunciar el supuesto robo de las elecciones de 2021 y ha solicitado donaciones individuales a través de su página web. Ningún expresidente, y menos aún uno que está considerando abiertamente volver a postularse de nuevo para el Despacho Oval, se ha enfrentado jamás a una acción policial de este tipo.

Las posibles violaciones de la ley

Los presidentes estadounidenses están obligados por la Ley de Registros Presidenciales (PRA) a transferir todos sus materiales a los Archivos Nacionales (NA). También existen otras leyes federales sobre el manejo de documentos clasificados que vetarían esta práctica de sacar papeles del Despacho Oval.

En febrero, los Archivos Nacionales confirmaron que habían recuperado 15 cajas de papeles de Mar-a-Lago, que Trump debería haber entregado cuando salió de la Casa Blanca. Posteriormente, la citada agencia le dijo al Congreso que las cajas incluían “elementos marcados como información clasificada de seguridad nacional”. Se incluye, por ejemplo, una carta con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un y otra con su antecesor en el cargo, el demócrata Barack Obama. Pero el Post sostiene que, además de curiosidades, había varios documentos marcados como secretos defensivos y de “seguridad nacional”. El hallazgo, sin dar detalles del contenido, lo confirmó la abogada de Trump, Christina Bobb, a la NBC, por más que previamente Trump hubiera rechazado esas noticias, calificándolas de falsas, de fake news.

Los Archivos Nacionales aseguran que el republicano no tenía derecho a irse con estas cajas: según una ley de 1978, la de Registros Presidenciales, cualquier presidente estadounidense debe transmitir todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a esta agencia, encargada de guardarlos. Esta agencia federal había pedido a la justicia estadounidense que abriera una investigación por estos hechos, según medios estadounidenses.

Los Archivos Nacionales confirmaron el viernes esta salida irregular de documentos, lo denunciaron al Departamento de Justicia y, apenas tres días más tarde, el FBI ha entrado en Mar-a-Lago. La ley dice que si una persona es declarada culpable de quedarse con estos documentos puede ser multada o sentenciada a prisión por hasta tres años. Si ostenta un cargo federal, lo pierde y nunca más puede presentarse a cargo público en el país. A priori, si Trump fuera acusado y condenado por “retirar, ocultar o destruir documentos gubernamentales” en virtud de esa ley, lo tendría crudo para volver a ser presidente.

Pero hay más de una razón para ser cauteloso: la ley fue examinada brevemente en 2015, después de que saliera a la luz que Hillary Clinton, excandidata demócrata en las elecciones presidenciales de 2016, había utilizado un servidor de correo electrónico privado para realizar negocios gubernamentales, mientras estaba en el cargo de secretaria de Estado con la Administración Obama. Trump fue el instigador de aquella campaña feroz contra Clinton, la que acusó de robar información clasificada, por el escándalo de haber compartido 33.000 correos electrónicos con información sensible en su servidor privado.

Algunos republicanos se sintieron brevemente seducidos por la idea de que la ley podría mantener a Clinton fuera de la Casa Blanca. Sin embargo, al considerar esta situación, varios juristas señalaron que es la Constitución la que establece los criterios de elegibilidad para decidir quién puede ser presidente y los fallos de la Corte Suprema sugieren que el Congreso no puede cambiar esos criterios. La Constitución permite que el Congreso inhabilite a las personas para ocupar un cargo en los procedimientos de juicio político (impeachment), pero no otorga esa facultad en virtud del derecho penal ordinario.

Otras investigaciones en curso

El expresidente estadounidense está vinculado, directa o indirectamente, a varios casos legales en curso, más allá de este registro. Un comité de la Cámara de Representantes busca arrojar luz sobre el papel que jugó el multimillonario en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ese día, cientos de sus seguidores sembraron la violencia y el caos dentro de la sede del Congreso, retrasando la certificación de la victoria de Joe Biden. Justo antes del asalto, Trump había pronunciado un discurso incendiario.

El Departamento de Justicia está investigando el ataque, pero aún no ha presentado cargos contra el expresidente. Sin embargo, a finales de julio, el fiscal general, Merrick Garland, no descartaba esta posibilidad. “Pretendemos hacer rendir cuentas a quien sea penalmente responsable de (su papel en) los hechos ocurridos alrededor del 6 de enero, en cualquier intento de interferir con la transferencia legal del poder de una administración a otra”, dijo.

Las últimas informaciones han dado cuenta de que el Pentágono borró los mensajes sobre el asalto al Capitolio al marcharse Trump, por lo que se teme que fueran comprometedores, y, lo peor, que la toma al Capitolio fue el culmen del intento de golpe de Trump, dice el comité investigador, entre otras cosas por su dejadez al no llamar a la Guardia Nacional.

La dramática escalada que supone el registro policial a Trump llega cuando el republicano se prepara para una posible otra candidatura presidencial, en 2024. Por ahora, en caliente, lejos de amilanar a su gente, la noticia los ha caldeado y numerosos seguidores se han concentrado ante su casa de Florida para mostrarle su apoyo.

En su partido, el Republicano, carentes de líderes que hagan sombra al expresidente, han salido en su defensa desde el minuto uno. El líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha afirmado: “Ya he visto suficiente. El Departamento de Justicia ha llegado a un estado intolerable de politización armada”.

Mientras tanto, el senador republicano de Florida, Marco Rubio, dijo también: “Usar el poder del Gobierno para perseguir a los opositores políticos es algo que hemos visto muchas veces en las dictaduras marxistas del Tercer Mundo”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, correligionario de Trump pero también, potencialmente, su rival más fuerte para la nominación republicana, subrayó esta mañana que se trata de una redada de “adversarios” políticos y dijo que Hunter Biden, el hijo del actual presidente al que los republicanos acusan de corrupción, está recibiendo mejor trato que el propio exmandatario. “Es otra escalada en el uso de armas de las agencias federales contra los opositores políticos del Régimen, mientras que personas como Hunter Biden son tratadas con guantes de seda”, subrayó.

Lo que todo esto significa para el futuro de la política estadounidense es una pregunta abierta. Nadie sabe ahora qué hará Trump en la carrera electoral. Varios asesores estaban ya esta madrugada augurando que irá a por todas. “Si no tenía previsto presentarse (a las elecciones), ahora lo hará”, ha dicho una persona cercana al exmandatario a la NBC. “Enfadado” por esta supuesta persecución, “una forma de pararla es volver a controlar el Gobierno”, ha apuntado esta misma fuente. Pero sin más pasos concretos.

El pasado 15 de julio, insinuó que habría decidido presentarse de nuevo y que tan solo estaría pensando en el mejor momento para lanzar su campaña. Si da el paso, dice convencido, ganará. ¿Será suficiente para parar a Trump que se constate que robó -porque sería presuntamente eso, y no un olvido- documentos secretos? Nadie lo sabe.

¿Ha tenido Biden algo que ver?

Un alto funcionario de la Casa Blanca ha afirmado a la CBS que la administración del presidente Biden no recibió notificación de la búsqueda del FBI de ayer lunes. “Sin conocimiento previo”, dijo tajante este funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto. La Casa Blanca ha dicho reiteradamente que está limitando sus interacciones con altos funcionarios del Departamento de Justicia para evitar cualquier indicio de presión política o incorrección.

Biden se comprometió durante su campaña presidencial a mantenerse al margen de los asuntos judiciales, además, sobre todo porque el presidente demócrata y su familia también esperan ver si los fiscales federales acusarán a su hijo, Hunter Biden, de evasión de impuestos u otros cargos federales.

El análisis: mucha tela por cortar

Estamos exactamente a tres meses de la votación que determinará la composición del próximo Congreso, las elecciones de mitad de mandato, y pocas veces ha habido un momento tan delicado en la política estadounidense como el presente. Con un país aún dividido, pese a la promesa de Biden de coser la nación, con Trump llamando de nuevo a la puerta de la Casa Blanca, con ls justicia aún dirimiendo su culpa en el Capitolio, ahora los documentos secretos en un lugar nada secreto... La posición del Departamento de Justicia será clave: pese a que siempre ha intentado alejarse de lo político, ahora será determinante en ese plano.

Trump seguirá jugando la baza de la persecución y está por ver si eso cala en la población, donde tiene un importantísimo número de seguidores que creen, por ejemplo, que las elecciones pasadas fueron un fraude. “Los partidarios de Trump están apopléjicos de rabia por lo que sucedió”, resume gráficamente la BBC, por lo que cualquier chispa puede encender de nuevo la llama de las protestas o los choques ideológicos, los que el Día de Reyes de 2021 causaron la mayor crisis de la democracia norteamericana. Puede seguir diciendo que colaborará y colabora con las agencias del Estado, pero una entrada del FBI evidencia que hay sospechas y eso es un paso más, nuevo.

De fondo, con el Departamento de Justicia examinando la impugnación de Trump a los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, también pueden surgir problemas. El fiscal general, Merrick Garland, ha dicho que tiene la intención de responsabilizar a “todos”. El expresidente no se salvaría y han surgido nuevos informes del caso que indican que un gran jurado federal está acelerando su investigación sobre esa supuesta intentona de Trump de anular los comicios.Y un fiscal en el condado de Fulton (Georgia) también está investigando si Trump y sus asociados intentaron interferir en los resultados de las elecciones en ese estado.

Los días por venir tendrán, pues, dos niveles de lectura: la política y la judicial, pero que se cruzarán inevitablemente, en un momento en el que el país necesitaba estabilidad, tras la salida de la crisis del coronavirus y la caída en una recesión que tiene en horas bajas la popularidad de Biden. Pese al aparente golpe policial, el cierre de filas republicano, las demostraciones públicas de apoyo y la recuperación del discurso victimista sugieren que Trump ya es políticamente más fuerte que ayer.