Las claves del caso De Miguel, la mayor investigación por corrupción a miembros del PNV

El caso De Miguel, el mayor expediente por corrupción jamás instruido en el País Vasco, ha vivido este lunes una jornada crucial, con la declaración del principal de los 26 procesados por cobro ilegal de comisiones y quien bautiza la trama, el que fuera número dos del PNV de Álava, Alfredo de Miguel.

El ex diputado de Administración Local en la Diputación alavesa ha dicho lo esperado: que ni ha pedido ni se le ha ofrecido "ninguna comisión" durante sus años de servidor público y que las grabaciones que se han escuchado en el juicio -en las que le exige a una abogada 100.000 euros como mordida- no son para él "ni íntegras ni veraces". Eso, a preguntas de su abogado, porque se niega a responder al fiscal y a los letrados de los otros acusados. Hoy ha estado tres horas ante el juez en Vitoria y mañana le tocará volver a testificar, porque con un día no ha sido suficiente.

El caso, que copa portadas y horas de informativos en la prensa vasca, que afecta al PNV como ningún otro escándalo previo, lleva ocho años acumulando detalles cada vez más oscuros. Estas son las claves para entender la trama y las jornadas de juicio que aún restan.

2009: salta la liebre

En 2009, De Miguel era diputado foral y el segundo hombre más poderoso de su partido en la provincia de Álava. Una denuncia en su contra puso su vida patas arriba. La abogada especializada en urbanismo Ainhoa Alberdi aportó a la justicia unas grabaciones reveladoras de una conversación en la líderes peneuvistas encausados le reclamaban el pago de 100.000 euros por la adjudicación de un contrato para la ampliación del Parque Tecnológico de Álava, situado en Miñano, que recayó en manos de la firma de la que la letrada era administradora.

De ese hilo se tiró y de destaparon cantidades sonrojantes: esos 100.000 euros en comisiones hicieron aflorar 700.000 en comisiones y 16 millones en operaciones supuestamente irregulares.

Cómo era la trama

Hay un total de 26 procesados ahora mismo en la Audiencia Provincial de Álava, entre ellos varios exaltos cargos del PNV que se enfrentan a penas de cárcel de más de 50 años por liderar, presuntamente, una red de cobro de comisiones ilegales. El conjunto de las penas que solicita el fiscal supera los 440 años.

En el caso de Alfredo de Miguel, el Ministerio Público sostiene que el político encabezó, gracias a la potestad que le brindaba su cargo, un entramado societario destinado exclusivamente a su enriquecimiento personal y el de terceros (allegados y conocidos).

Además de De Miguel -para el que piden 54 años de prisión por 27 delitos, entre ellos cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias-, en el juicio están otros peneuvistas destacados como Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Eran miembros de la Ejecutiva del PNV de Álava y para ellos se solicitan 32 años y dos meses de prisión para cada uno; también están encausadas las mujeres de estos tres dirigentes nacionalistas y la hermana del principal acusado.

También ha salpicado el caso al exviceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno vasco en la etapa de Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga; el que fuera presidente de la Red autonómica de Parques Tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, y a la exalcaldesa del municipio de Zambrana, María Justina Angulo. Según la Fiscalía, todos ellos formaban parte de una trama de cobro de comisiones y tráfico de influencias.

La acusación afirma que el exnacionalista y su círculo tejieron una red de sociedades mercantiles que estaban a nombre de terceros. Es el caso, entre otros, de la marca Kataia Consulting, una compañía con domicilio social en una firma gastronómica de Vitoria desde la que supuestamente se cobraron comisiones del 4%. En el sumario se la identifica como una empresa pantalla en la que, por ejemplo, se movieron 30.000 euros en billetes de 500.

El conjunto de las penas que solicita el Ministerio Público supera los 440 años. En en juicio oral, el fiscal Josu Izaguirre, conocido como "el azote del PNV, PP y PSE", afirmó que los implicados en este caso "estaban amparados por todo el establishment del PNV".

"Acreditado"

La declaración de De Miguel de hoy se ha producido después de que acabase el plazo para que la Fiscalía y los acusados llegasen a un acuerdo: reconocer los delitos o parte de ellos y testificar a cambio de mejoras en las penas. El líder supuesto de la trama accedió a negociar -algo que entraba en contradicción con su constante defensa de su inocencia- pero al final no ha pactado nada y ha tenido que testificar como si el juicio acabase de iniciarse. Los medios vascos sostienen que cedería si su mujer no pisaba la cárcel.

La fiscalía reconoce que ese acuerdo de conformidad no ha cristalizado con la mayoría de los acusados, pero sí con una "parte significativa". Según ha explicado a la prensa Josu Izaguirre, el pacto alcanza a operaciones "esenciales" para "dejar acreditado" que se trata de "una trama organizada criminal" destinada al cobro de comisiones ilícitas.

Y la suegra

El pasado julio, se supo que la suegra de De Miguel cobró de la trama hasta 34.000 euros por cuidar de sus nietos. El dinero procedía del entramado formado supuestamente para cobrar comisiones ilegales. Según informó El Correo, tanto la hermana como la suegra y una prima de De Miguel formaron parte de la plantilla de Kataia Consulting.

Aintzane de Miguel, la hermana del antiguo dirigente peneuvista, cobró por un trabajo de contabilidad, algo que casa con las funciones de la empresa, pero los emolumentos de su suegra no tienen una conexión aparente con los objetivos de la consultora, ya que cada año, entre 2006 y 2008, se embolsó 15.806 euros por cuidar de los hijos del político, o sea, sus nietos.

En la declaración de la renta de la suegra del procesado y que ha sido conocida durante el juicio se explica que, en total, recibió cerca de 34.000 euros de Kataia. La señora, interrogada en la sala, no ha querido responder a las preguntas del Fiscal, por lo que se desconoce más detalles de su tarea en la empresa. Como es familiar directo de De Miguel, tenía derecho a hacerlo. Sólo dijo: "No contesto".

La defensa

De Miguel siempre ha defendido su inocencia. Hoy mismo, ha aseverado que no existe "ni una sola prueba" que demuestre su enriquecimiento personal. Sus abogados hablan de un "relato fabulado", incluso.

El expeneuvista ha dicho que nunca ha solicitado a nadie una comisión por ningún trabajo y que no reconoce como "íntegras y veraces" las conversaciones grabadas por la abogada que destapó el caso, ya que a su entender "están manipuladas". "Ni reconocí, ni reconozco como íntegras y veraces las conversaciones que hubo". "Entiendo que están manipuladas", ha dicho literalmente, informa EFE.

Aparte de las grabaciones, la abogada aportó otros documentos para confirmar el intento de mordida, como un correo que, según dijo durante su declaración en este juicio, le envió De Miguel desde su despacho oficial y que decía: "Lo nuestro lo dejamos en 100".

Ese "cien" y ese "lo nuestro" tenía que ver, ha testificado, con una "deuda pendiente" que tenía con la abogada Alberdi, pero no una comisión. Y no hablamos de 100.000 euros, sino 100.000 pesetas de un inquilino suyo en el alquiler de un piso cuyo contrato gestionó Alberdi. Ha hablado de "normalidad y cordialidad, ni extorsiones ni cosas raras" en los intercambios de correos entre ambos.

De Miguel ha negado asimismo que Kataia haya recibido "dinero negro" y ha remarcado que los ertzainas que han declarado han reconocido que "no vieron movimiento de dinero no legal" y ha dicho que la contabilidad "nunca fue alterada".

También ha explicado que la responsabilidad en esta sociedad la llevaba él junto a los otros exdirigentes del PNV alavés imputados en la causa, Tellería y Ochandiano, y que las mujeres de los tres, que también están en el banquillo de los acusados, "no participaban en ninguna actividad diaria ni negociación con clientes" a pesar de que la sociedad estaba a su nombre.

También en el Parlamento

El estallido del caso motivó la dimisión como diputado foral de De Miguel, que también se vio obligado a entregar su carnet de afiliado, al igual que el resto de militantes imputados. La idea era que el PNV no se viera salpicado por la trama, o minimizara al menos ese impacto.

Aparte del proceso judicial, en el Parlamento vasco se creó una comisión de investigación que, en 2012, aprobó ya un dictamen en el que se atribuían responsabilidades políticas a los exlíderes nacionalistas. El partido presidido hoy por Andoni Ortúzar fue el único que votó en contra, en una decisión muy polémica.

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