Las 8 mentiras económicas sobre el franquismo que no te debes creer

45 años han pasado desde la muerte del dictador Francisco Franco. A pesar del tiempo transcurrido desde entonces y la llegada de la democracia, las mentiras que reivindican el supuesto legado económico del franquismo siguen muy presentes.

Con Franco no había paro, Franco creó la Seguridad Social o Si tienes vacaciones es gracias a Franco son algunas de las ideas infundadas que todavía repiten los nostálgicos, después de 40 años de dictadura y propaganda.

Una de las mentiras más repetidas del franquismo era la austeridad con la que supuestamente vivía Franco. La prensa de la época ayudó a construir el mito de una vida humilde del dictador. La realidad dista mucho de ser así.

Franco empezó a amasar una fortuna durante la Guerra Civil, en la que pasó de general a generalísimo de todos los ejércitos y jefe de Estado.

Antes de la contienda, el entonces general Franco cobraba una nómina de 2.429,98 pesetas en 1935. Apenas cinco años más tarde, en 1940, el militar había acumulado una fortuna de 34,3 millones de pesetas, según relata el historiador Ángel Viñas en su libro La otra cara del Caudillo (Crítica).

“Franco pasó de cobrar 30.000 pesetas al año como general, que ya era un sueldo alto, a cobrar más de 700.000 como jefe del Estado”, coincide Mariano Sánchez Soler, periodista y autor de La Familia Franco S.A. (Roca).

Una vez ganó la guerra, todo se convirtió en un negocio. El Palacio del Pardo se erigió en un centro de tráfico de influencias en el que se tomaban todas las decisiones. Sánchez Soler apunta a las tres familias que se beneficiaron de esto: los Franco, los Polo y los Martínez-Bordiú.

Los Franco se beneficiaron de muchos regalos que acumularon durante los 40 años que duró la dictadura. El ejemplo más conocido es el Pazo de Meirás. Las autoridades de A Coruña cedieron a la familia Franco el 28 de marzo de 1938, durante la Guerra Civil, esta mansión que mandó construir la escritora Emilia Pardo Bazán y que fue residencia de verano del dictador.

El pasado mes de septiembre, la justicia declaró que el Pazo de Meirás era propiedad del Estado y ordenó a los Franco su devolución. Al irse, trataron de llevarse cuadros y otros objetos de valor. La justicia tuvo que intervenir para evitarlo, paralizando la mudanza hasta que se hiciera un inventario.

A pesar de que se diga hasta la saciedad, la Seguridad Social no fue un invento de Franco, a la que solo puso el nombre. Las políticas de protección social a los trabajadores son muy anteriores a la dictadura.

Corría el año 1883, cuando la Comisión de Reformas Sociales realizó un estudio para averiguar cómo mejorar el bienestar de la clase obrera. El primer seguro social, la Ley de Accidentes de Trabajo, se creó en 1900, según cuenta la Seguridad Social en su página web.

El antecedente de la Seguridad Social fue el Instituto Nacional de Previsión, creado en 1908, durante el reinado de Alfonso XIII con el conservador Antonio Maura al frente del Gobierno. Este organismo integró las cajas que gestionaban los seguros sociales que iban surgiendo.

Un ejemplo fue el seguro obligatorio de maternidad, un antecedente de la actual prestación por nacimiento y cuidado del menor aprobado en 1923. Las mujeres tenían un permiso de las seis semanas después del parto y recibían una indemnización de 50 pesetas.

La dictadura sí integró esos diferentes seguros en un mismo sistema. “Cuando se creó en los años 40 lo que hizo es integrar los diversos sistemas de seguros sociales preexistentes. Inicialmente, eso supuso en muchos casos un empeoramiento de las condiciones para los trabajadores industriales en las zonas más desarrolladas y en las rurales apenas tuvo repercusión”, explica Carme Molinero, profesora de historia contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), especializada en el franquismo, y directora del Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática.

“El gran movimiento migratorio de las zonas rurales a las urbanas desde los años 50 supuso que, en pocos años, centenares de miles de personas pudieran acceder a los servicios de la Seguridad Social aunque fueran escasos en aquel tiempo”, continúa Molinero.

Algunas medidas relevantes que puso en marcha la dictadura fue la Ley de Bases de la Seguridad Social (1963), que pretendía implantar un modelo unitario e integrado de protección social. Tres años más tarde se aprobó la Ley General de la Seguridad Social, aunque todavía había problemas porque pervivían antiguos sistemas de cotización alejados de los salarios reales de trabajadores y multitud de organismos superpuestos.

Una vez llega la democracia, se inician una serie de reformas que configuran el sistema actual de la Seguridad Social que actualmente conocemos.

Las vacaciones pagadas tampoco fueron un invento de Franco. Los empleados públicos, los maestros y los militares tuvieron un permiso de 15 días al año desde 1918. Un año más tarde, otra norma concedió un mes de permiso remunerado a los oficiales de la marina mercante.

Estos permisos se empezaron a plantear con los antecedentes de la Seguridad Social. “El Instituto de Reformas Sociales se pone en marcha con la Restauración, en la década de los 10. Ahí ya se empieza a plantear esto”, apunta Pilar Toboso, catedrática de historia y directora del departamento de historia contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

La Segunda República instauró el concepto de vacaciones pagadas para todos los asalariados. La Ley del Contrato de Trabajo, aprobada en 1931 cuando el socialista Francisco Largo Caballero era ministro de Trabajo, establecía que el trabajador tenía derecho a un permiso ininterrumpido de 7 días.

La dictadura reafirmó ese permiso retribuido de siete días en un decreto en 1944. Tras la muerte del dictador, la Ley de Relaciones Laborales de 1976 amplió las vacaciones a 21 días.

El Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 1980 con Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y Rafael Calvo como ministro de Trabajo, amplió la duración de las vacaciones a 23 días. Finalmente, las vacaciones se ampliaron a los 30 días actuales en 1983, durante el primer mandato del socialista Felipe González.

Otra frase muy repetida es el famoso “Con Franco no había paro”. Una frase que se apoya en los datos oficiales de la época. La primera tasa de paro que estimó la Encuesta de Población Activa (EPA) corresponde a 1964. El desempleo afectaba al 2,1% de la población activa a finales de ese año.

El problema es que esas cifras ocultan gran parte de la realidad que vivía España. No tenían en cuenta la participación de la mujer en el mercado laboral, ya que ellas normalmente trabajaban de manera informal, en sus propios domicilios, y no podían apuntarse como desempleadas.

Tampoco se tiene en cuenta el subempleo, muy extendido en el mundo rural, como era el caso de los jornaleros andaluces. “En los años 40 y parte de los 50 había paro encubierto y subocupación además de paro formal”, asegura la profesora Carme Molinero.

La cifras de paro también se beneficiaron del éxodo masivo de dos millones de ciudadanos hacia Europa en busca de trabajo. Esos emigrantes no computaban en las estadísticas oficiales como demandantes de empleo.

“Desde mitad de los 50 se desarrolla una corriente emigratoria hacia Europa que aligera la presión sobre el empleo. Las economías europeas no tuvieron paro hasta la primera crisis económica de los 70. La ocupación era plena en los años 60 y los primeros 70, como en todos los países. La corriente migratoria a Europa no se interrumpió hasta los 70”, señala Molinero.

“Hubo un paro muy bajo en los años 60 porque se fueron entre un millón y dos millones de españoles fuera a trabajar. Si no se hubieran ido, habría paro. El paro se solucionó con la emigración”, afirma Toboso.

Otro de los mitos de la dictadura es que Franco trajo la industrialización a España. “Se manipuló mucho este mensaje. España desde principios del siglo XX ya estaba asistiendo a un proceso de industrialización, diferente al modelo inglés, ya que aquí se basaba en pequeñas empresas. El modelo español ya venía de antes, no lo inventó, ni lo impulsó Franco”, señala la profesora Pilar Toboso.

En realidad, la Guerra Civil destruyó gran parte de la industria española. Esta tampoco se benefició precisamente de la política de autarquía de la dictadura, que abarca desde 1939 hasta 1959. El sector industrial tardó muchos años en volver a los niveles anteriores a la contienda. “La autarquía supuso un retroceso en los niveles de producción y de bienestar de España”, asegura Toboso.

“España era un país dual al inicio del franquismo: había zonas muy industrializadas y amplias zonas rurales. Durante la primera mitad del franquismo (20 años) esa situación apenas cambió”, explica la profesora Carme Molinero.

La dictadura sí creó el Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941 para promover el desarrollo de la industria. Algunas empresas nacidas de esta iniciativa fueron la automovilística SEAT y la eléctrica Endesa. “Cuando se puso en marcha el INI sí hubo un empujón industrial. Se dio impulso a algunos sectores que se consideró que iban a ser la trilogía industrializadora: el hierro, el carbón y la electricidad. A esos sectores se les dio impulso”, apunta Toboso.

Tras el periodo de autarquía, la dictadura realizó un profundo cambio de política económica hacia una apertura al exterior. El Plan de Estabilización de 1959 supuso el salto de una política a otra. Esa apertura provocó un aluvión de inversiones extranjeras en España atraídas por los bajos salarios.

“Después de la depresión y estancamiento económico de los 40 y los 50, fue en la década de los 60 cuando la economía española se reintegró a los circuitos económicos internacionales y pudo aprovechar el gran crecimiento que se estaba experimentando a nivel global. Entonces se pudo recuperar la transformación económica que España había experimentado en el primer tercio del siglo y a mucha más velocidad dado el contexto”, señala Molinero.

Esta experta señala que el turismo, las inversiones extranjeras y las remesas enviadas por los dos millones de emigrantes fueron esenciales para el crecimiento de la economía.

Algunas personas que vivieron durante la dictadura llegan a decir que una polémica frase de que con Franco no se pasó hambre. “Eso es absolutamente mentira”, sentencia Toboso.

“La gente que vivió el franquismo recuerda la última etapa. La imagen que se tiene del franquismo es del desarrollismo, pero la dictadura duró 39 años”, señala Ana Martínez Rus, profesora de historia contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.

La postguerra para los españoles fueron los años del hambre, de la escasez de productos básicos, del racionamiento y de las enfermedades. “La etapa en la que se ha pasado más hambre en España en la edad contemporánea son los años 40”, asegura Toboso.

La dictadura estableció un régimen de racionamiento para los productos básicos de alimentación y de primera necesidad. Se pusieron en marcha las cartillas de racionamiento, que durarían desde 1939 hasta 1952.

“Ese hambre no se mitigó con las cartillas de racionamiento. La población podía acceder a unos mínimos a precios tasados, pero eran tan mínimos que la ración que llegaba generaba hambre. Ese hambre generaba enfermedades”, explica Toboso.

La política económica instaurada por la dictadura basada en la autarquía —el Estado se abastecía con sus propios recursos— tuvo gran parte de la culpa de ese hambre. “La población iba a los colmados y lo habitual era que hubiera falta de productos. Había momentos en que adquirir aceite o café era imposible”, apunta Toboso. “Había un desabastecimiento absoluto”, coincide Martínez Rus.

Esta falta de productos básicos provocó la existencia de un mercado negro, paralelo al oficial. “La única manera en que la gente podía estar alimentada era acudir al mercado negro. Los niveles de corrupción en ese mercado eran tremendos, por eso la gente hablaba de estraperlo”, señala Toboso.

El problema es que los precios en este mercado eran muy superiores a los normales. “Había una enorme inflación en los años 40, que se notaba en este mercado negro, con unos precios elevadísimos. Solo podían acceder unos pocos”, explica Toboso.

Las autoridades trataron de ocultar esta situación a través de la propaganda, ofreciendo una imagen amable. Algunos defensores de la figura de Franco como el historiador Pío Moa llegan a atribuir el hambre exclusivamente al bloqueo internacional.

La situación empieza a cambiar en la década de los 50, cuando se pone fin a las cartillas de racionamiento y se cambia la política económica, gracias a los acuerdos de Madrid firmados con Estados Unidos.

“La autarquía la siguieron por convencimiento ideológico y por la coyuntura de la 2ª Guerra Mundial. El cambio de política económica vino motivada por el colapso de la economía, por las primeras protestas —se asaltaban cortijos en Andalucía para robar comida— y gracias al asesoramiento de Estados Unidos. Tuvieron que cambiar porque iban a la bancarrota”, afirma Martínez Rus.

Las viviendas de protección oficial tampoco fueron un invento de Franco. Estas viviendas ya se contemplaban en la Ley para el Fomento y la Mejora de Casa Baratas, aprobada el 12 de junio de 1911, durante el reinado de Alfonso XIII. La norma viene firmada por Antonio Barroso y Castillo como ministro de Gobernación.

Esta ley trataba de hacer accesible el derecho a la vivienda para los obreros, aunque exigían un salario mínimo anual de 3.000 pesetas para acceder a ellas. A raíz de esta normativa, algunos socialistas se agruparon en la Cooperativa Obrera para la Adquisición de Viviendas Baratas para la construcción de la colonia obrera en Chamartín, con 116 viviendas.

Tras la Guerra Civil, la dictadura aprobó la Ley de Viviendas de Rentas Limitadas el 15 de julio de 1954. La Fundación Francisco Franco señala que se construyeron 4.080.619 viviendas entre 1961 y 1975, de las cuales el 52,48% estaban acogidas a protección oficial.

“Las viviendas que se hicieron desde el Estado fueron dadas a los que están muy cercanos al régimen. Fundamente las recibieron personas vinculadas a los sindicatos y a Falange”, asegura la profesora Pilar Toboso.

“Algunas empresas grandes sí que hicieron viviendas cercanas para sus empleados, como la Ciudad Pegaso. Estas viviendas estaban vinculadas a esa política del paternalismo, en la que se combinaban sueldos muy bajas con prestaciones de este tipo”, continúa.

Franco no creó la red de pantanos. En realidad, la red de embalses y trasvases se planteó por primera vez en el Plan General de Canales de Riego y Pantanos, aprobado en 1902 y conocido como Plan Gasset.

Este plan que debe su nombre al ministro Rafael Gasset tenía un carácter provisional. Sin embargo, se considera la primera planificación hídrica a nivel nacional ante la escasez de agua en la Península..

Tras la llegada de la Segunda República, las obras de construcción de pantanos continuaron con el Plan Nacional de Obras Hidráulicas en 1933, impulsado por el ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, miembro del PSOE.

A este plan se lo conoció como el Plan Badajoz, aunque se paralizó debido a la guerra. La dictadura se dedicó a retomar esta planificación.

“La planificación de los pantanos comienza a principios del siglo XX durante el regeneracionismo. El Plan Badajoz no era original de Franco, era un proyecto de Indalecio Prieto”, explica la profesora Ana Martínez Rus.